Por: Andrea Rodríguez
Por: Roxana Coronado,Claudia Salguero
El juicio por el caso de la Zona Militar #21 “Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz” (CREOMPAZ) se considera el mayor suceso de desaparición forzada en toda América Latina. Sin embargo, este no fue el único delito por el que se le acusa al ejército de Guatemala: mujeres q’echi’, poqomchí y achí, incluidas niñas en el momento de los hechos, denunciaron la violencia sexual vivida en esta zona. Hoy, La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), la Comunidad Plan de Sánchez y la Asociación de Vecinos de Chicoyogüito buscan que sus historias no queden impunes, al ser omitidas por jueza de Mayor Riesgo “A” Claudette Domínguez cuando inició el juicio por el Caso CREOMPAZ.
“Vamos a hacer algo, y lo vamos hacer bien”, le asegura Claudia a su amiga María, protagonistas de la historia contada en Pólvora en el Corazón, el largometraje de Camila Urrutia con el que se inauguró el pasado 5 de diciembre, el XXIII Festival Internacional de Cine ÍCARO en Ciudad de Gutemala. Como tantas mujeres enfrentadas a la violencia, la pregunta sobre qué hacer al respecto es de las más difíciles de responder.
Por Ma. Magdalena López Rocha
Vía: El Espectador
No olvido a quién violo lo que una vez fue mi cuerpo pequeño, perdono porque mi cuerpo y mi vida es más que una violación sexual.
El año 2020 estuvo marcado por distintas crisis sanitarias y ambientales que en sus efectos también agravaron la situación de las mujeres defensoras y criminalizadas. De acuerdo con el informe de We Effect Luchas de alto riesgo: las mujeres en primera línea en la defensa de la tierra y el territorio, a nivel latinoamericano los asesinatos hacia activistas y personas defensoras del territorio aumentaron durante la pandemia por COVID-19. Asimismo, las mujeres defensoras que atraviesan procesos de criminalización sufrieron el atraso en sus audiencias y en el esclarecimiento de su situación. Digna Dalila Mérida, pobladora de El Pital, Coatepeque, en Quetzaltenango, es una de ellas.
“Iban por los jóvenes”, dijo Roxana Coronado cuando narró la detención de su hijo, Pablo Puente, durante las jornadas de protesta del 21 de noviembre. Este objetivo gubernamental de criminalizar a las juventudes no terminó con la represión vivida en Huehuetenango, Quetzaltenango y la Ciudad de Guatemala el #21N; considerando que el ministro de gobernación responsable, Gendri Reyes, continúa en su cargo a pesar de las exigencias de su renuncia o destitución.
Digo tal cual: todas las mujeres hemos estado expuestas a la violencia de género y, yendo más allá, a violencias interseccionales que evidencian las violencias particulares atravesadas que van conformando nuestras maneras particulares de afrontar la vida. En nuestros cuerpos se encuentran las vivencias, los aprendizajes, las consecuencias y las heridas. Algunas, desde las búsquedas, los recursos personales, las propuestas comunitarias y en ocasiones también desde el privilegio, atravesamos procesos de sanación en los que visualizamos la posibilidad de reconstruir la vida a partir del cuidado, la escucha propia, la autoconciencia y la búsqueda de erotizar la vida cotidiana como apuesta política frente a los golpes constantes de nuestras sociedades patriarcales que impregnan a esta existencia en una nube gris densa que nos imposibilita la risa, la calma, la expresión, el descanso, la armonía y la plenitud.
En Chile, como en toda Abya Yala, la violencia sexual sigue siendo una forma de violencia masiva y sistemáticamente perpetrada en el ámbito público como en el privado e íntimo, con complicidad del entramado cultural patriarcal, basado en la misoginia, el abuso, la explotación y el dominio como paradigma. Es siempre política, porque corresponde a un mecanismo de control y continuidad de la cultura de supremacía masculinista.
Por: Joseline Velásquez Morales
El gobierno de Alejandro Giammattei no ha cumplido ni un año y ha estado marcado por varias crisis a las cuales no se les ha brindado la respuesta que la población esperaba. Desde las limitaciones a la libertad de prensa, las crisis sanitaria y económica que derivó de la pandemia por covid-19, las tormentas tropicales Eta e Iota y la desatención a las comunidades inundadas, hasta las múltiples evidencias de pactos entre el legislativo y el presidente para llevar agendas regresivas y acordar un presupuesto a escondidas de la población.
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Ciudad de Guatemala las mujeres de distintos grupos y organizaciones, salieron a la calle con mensajes de lucha por la erradicación de la violencia patriarcal hacia mujeres. Con carteles, consignas, música, flores y arte dio inicio una caravana que recorrió el Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de las Niñas. En otros territorios del país, como Quetzaltenango, Huehuetenango, Chimaltenango, entre otros sitios, también hubo acciones en rechazo a la violencia patriarcal contra las mujeres.
“Yo le dije a mi esposo, aquí perdemos o ganamos, pero no, nos cansamos de que cómo es la policía, es el Estado, entonces nos tenemos que dejar pisotear”, dice Ariana, esposa del conductor del vehículo impactado por una patrulla de la Policía Nacional Civil -PNC- el 21 de noviembre. Después de la manifestación, cuando la policía con represión ya había dispersado a las y los protestantes, la noche del sábado 21 de noviembre en el Centro Histórico, agentes que conducían una patrulla impactaron visiblemente adrede, a un vehículo que transportaba a cuatro personas. Esto ocurrió en la esquina de la 5ta avenida y 6a calle de la zona 1. Los agentes que conducían la unidad GUA-11177 pretendían que el dueño del vehículo pagara por daños a la patrulla, a pesar que el vehículo de él quedó con daños mucho mayores e irreparables. Ante la negación de las personas de pagar injustamente, esto se llevará a la vía legal.
El rechazo generalizado de la población hacia el presupuesto aprobado por 115 diputados se ha manifestado desde las calles hasta las acciones legales. Este viernes 20 de octubre la Alianza de Autoridades Ancestrales y la Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU- con el apoyo del Bufete de Pueblos Indígenas presentaron una acción de amparo contra el Congreso de la República.
La participación ciudadana en una democracia se relaciona con la posibilidad de saber lo que ocurre en las instituciones estatales. Presupuestos, estadísticas, informes y un sinfín de datos son recursos que, por derecho, toda la ciudadanía puede conocer.
Tres presidentas de la Academia de Lenguas Mayas han denunciado que, ante sus posturas críticas sobre anomalías en la institución, han sufrido una serie de agresiones verbales, amenazas y actitudes misóginas por parte de una mayoría de los presidentes de comunidades lingüísticas. Calificativos como “mujer muy exigente”, “prepotente” y la desacreditación a sus propuestas dentro del Consejo, así como anomalías en las actas de las sesiones, han sido denunciadas por las presidentas de las comunidades lingüísticas achí, q’anjob’al y poqomam.