#CasoHogarSeguro Santos Torres y Anahí Keller salen de prisión preventiva

Créditos: Ruda

Por: Andrea Rodríguez

Hoy dio un nuevo giro el proceso penal contra el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Niñez, Anahí Keller y el exdirector del Hogar Seguro Vigen de la Asunción, Santos Torres. La jueza Rosa María López atendió a la solicitud de los abogados defensores de Keller y Torres, quienes pidieron se reemplazara la prisión preventiva que llevaban hace 3 años por la medida sustitutiva del arresto domiciliar.

Las y los abogados querellantes de las familias mencionaron que existe una fuerte sospecha de que al quedar en la libertad que permite el arresto domiciliario, las personas acusadas pueden afectar el proceso al utilizar sus influencias en los testigos que no han declarado, ya que hay trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social subalternos a Keller y Torres.

La defensa de las familias de las niñas y el Ministerio Público mencionaron que los procesos judiciales se han alargado y más aún con la pandemia actual, en un proceso que inició en abril de 2019. Sin embargo, coinciden en que todas las medidas de atención a salud han sido garantizadas para las personas acusadas cuando las han solicitado.
Asimismo, el abogado Edgar Pérez señaló que Anahí Keller junto con trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social decidieron encerrar a las 56 niñas en un salón de aproximadamente 6 mts cuadrados y que se señala que las condiciones que dieron paso a la prisión preventiva no han variado, sino acrecentado porque hoy hay una acusación formal hacia Keller, Torres y Rodas.

No obstante, la jueza Rosa María López consideró que los argumentos de las querellantes “correspondían al momento del juicio oral y público” y que eran temas “de fondo”. Resolvió que tanto para la acusada como para el acusado había otras formas de garantizar que no se fuguen ni intervengan en el proceso, pese a las argumentaciones de las querellantes donde se señaló que ya existían denuncias verbales de testigos que estaban siendo amenazados sobre sus futuras declaraciones.

Por quinta vez, piden que se quite la prisión preventiva

Los abogados de Torres y Keller señalaron que la prisión preventiva se había “desnaturalizado” porque ha durado ya tres años, llegando a parecer “una pena adelantada”. Ante ello, el Ministerio Público señaló que la prisión preventiva no es una pena en sí, sino una forma de garantizar que los acusados sigan siendo parte del proceso y no se obstaculice llegar a la verdad.

La defensa de Anahí Keller pidió el arresto domiciliar considerando que la exsubsecretaria tenía problemas de salud, que ya había contraído la covid-19, que tenía arraigo en el país y que los motivos, que son el peligro de fuga y de obstaculizar la justicia, por los cuales se dictó la prisión preventiva “se habían desvanecido”.

El abogado técnico de Santos Torres argumentó que el acusado tenía arraigo en el país ya que actualmente su casa está hipotecada. Asimismo, mencionó que Torres es abogado y conoce lo que implica el arresto domiciliar por lo cual no rompería la medida.

Al momento de escuchar el dictamen de la jueza, Anahí Keller se hincó a orar agradeciendo la medida. La jueza recordó que en ese momento no se encontraba Carlos Rodas, pero que podía solicitar en cualquier momento que se reemplazara la prisión preventiva para su caso.

En audiencias anteriores donde se solicitaba lo mismo, se había determinado que las causas que motivaron la prisión preventiva (el riesgo de fuga y de obstaculización a la verdad) se mantenían vigentes.

A las afueras de torre de tribunales, varias de las madres de las niñas se encontraban demandando justicia por sus hijas. A ellas no se les permitió entrar a la sala por la situación de la pandemia, mencionó la jueza.

El estado del juicio

El proceso penal sobre el caso de las 56 niñas quemadas, de las cuales 41 murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, inició en abril de 2017 siendo un mes después de la tragedia. Se había programado el juicio oral y público para octubre de 2020, sin embargo se han denunciado múltiples atrasos y tratos indignos en las audiencias.

Las familias y querellantes piden que se integren en un solo juicio a los 12 acusados, que actualmente están divididos en tres grupos con tres juicios distintos: primero, Carlos Rodas, Anahí Keller y Santos Torres; segundo, el procurador de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Harold Flores Valenzuela; la exdefensora de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Gloria Castro; la subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín; el subcomisario Luis Armando Pérez Borja; y Brenda Chamán, jefa del “Departamento de protección especial contra el maltrato en todas sus formas” de la SBS; y tercero, jueza Rocío Albany Murillo, Ofelia María Pérez Campos, quien en calidad de coordinadora del área ‘Mi Hogar’ (donde se encontraban las 56 niñas); y Crucy Flor de María López, quien era monitora de un centro de detención para menores.

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