Caso ‘Hogar Seguro’: primera declaración del tercer grupo de sindicados

**De izquierda a derecha:** Crucy Flor de María López, Ofelia Pérez Campos, Rocío Albany Murillo, Rolando Romeo Miranda. Foto: Stef Arreaga

Luego de un proceso penal de casi dos años, aparece un tercer grupo de sindicados que serán juzgados por los hechos acontecidos en la “tragedia” del Hogar seguro ‘Virgen de la Asunción’ del 8 de marzo del 2017.

La tarde del 7 de marzo del 2017, luego de una revuelta en el área ‘Mi Hogar’ del Hogar seguro Virgen de la Asunción, más de un centenar de adolescentes intentaron escapar de los malos tratos, negligencias, torturas y del pequeño infierno de una red de trata en la que se había convertido el hogar. Una serie de “malas decisiones”, indolencia y rechazo hacia las niñas por parte del personal y de las autoridades gubernamentales, condujo a una sospechosa tragedia que pudo haberse evitado: un incendio que cobraría la vida de 41 menores y que dejó lesiones gravísimas a otras 15 supervivientes, luego de ser encerradas en castigo a su intento de fuga.

La lógica elemental —las niñas estaban encerradas con candado cuando ocurría el incendio— apunta a que pudo no tratarse de un accidente, sino de un acto de exterminio para callar las voces de las víctimas de los actos de lesa humanidad (además de crímenes de Estado) que se vivían cotidianamente en Virgen de la Asunción. Los hechos detrás de la aparente tragedia no se han dilucidado a cabalidad.

Niñas afuera del hogar y policías. Foto: de redes

Nuevos sindicados

Luego de cuatro veces suspendida, finalmente da inicio la audiencia de primera declaración de un tercer grupo de sindicados presuntamente implicados en los hechos acaecidos los días 7 y 8 de marzo del 2017 en el Hogar Seguro.

Los sindicados

Rocío Albany Murillo:

Tercera jueza Rocío Murillo y secretario Rolando Miranda. Foto: Stef Arreaga

Según la acusación planteada por el Ministerio Público, el día 7 de marzo del 2017, luego de que las y los adolescentes intentaran escapar del hogar y posteriormente fueran llevados de regreso a las afueras del mismo, la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó un recurso de exhibición personal en favor de las y los adolescentes, las niñas, niños y el personal del hogar. Para llevar a cabo dicho recurso, el juez de turno nombró como juez ejecutor a Rocío Murillo, del juzgado de paz de San José Pinula, quien fue notificada por vía electrónica, telefónica y personalmente.

Sin embargo, la jueza en su informe público afirmó haber llegado al lugar y que por las condiciones de seguridad había decidido realizar dicha exhibición el día 8. El informe del 8 de marzo, estaba exactamente con la misma redacción del día anterior —incluso con los mismos errores de redacción— en donde informaba: “Al llegar al lugar estuve desconcertada por los agentes de la Policía Nacional Civil. Se ve a los adolescentes que están incontrolables, ni la PNC puede controlarlos y me resguardo. La exhibición se practicará mañana”.

Este informe fue hecho a las 12 del mediodía, cuatro horas después del deceso de las niñas, señaló el fiscal Edgar Gómez. Por estas razones, el Ministerio Público hizo la imputación de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, retardo de justicia, maltrato contra personas menores de edad y prevaricato.

En este caso, al secretario de dicho juzgado, Rolando Romeo Miranda, por realizar documentos de acciones falsas, le es imputado el delito de falsedad ideológica.

Ofelia María Pérez Campos:

En su calidad de coordinadora del área ‘Mi Hogar’ —en donde se encontraban las menores de 13 a 17 años de edad—, según la acusación del Ministerio Público, coordinó y ordenó que las menores fueran encerradas en el salón de clases de 6.8 x 7 metros cuadrados donde pasarían sus últimas de vida, percatándose que no contaban con sábanas, suéteres. Algunas se encontraban muy sucias, otras aún con olor a gas pimienta y sin calzado. Decidió actuar de forma indolente y dejarlas en esas condiciones, a pesar del frío del lugar. Pérez era garante de las adolescentes y su mandato era evitar daños físicos y psicológicos. Conocía los riesgos y la vulnerabilidad de cada una de las niñas, e hizo caso omiso a cualquier necesidad individual. Pérez Campos es sindicada de los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y homicidio culposo.

**Niñas del Hogar seguro el 7 de marzo agredidas con gas pimienta : foto: MP**

Crucy Flor de María López:

La noche del 7 de marzo, cuando las y los adolescentes se encontraban concentrados fuera del Hogar Seguro, expuestos a malos tratos por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil, la monitora del Centro Preventivo Gorriones, quien había sido solicitada con otras monitoras a petición del Secretario de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía —actualmente sindicado en etapa de debate penal y público por el mismo caso—, rocía gas pimienta sobre los rostros y cabezas de los menores. Este suceso es captado por medios que cubrían la noticia. Cuando se ve descubierta por un medio de comunicación, abandona el lugar. Por estas acciones el Ministerio Público imputa a Crucy Flor de María López los delitos de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad.

Esta audiencia de primera declaración se llevará a cabo durante varios días, ya que el expediente cuenta con decenas de carpetas y más de un millar de folios, por lo que el juez, Rodolfo Laynez, ha programado toda la semana para esta primera etapa.