Caso Hogar Seguro: juez deja en libertad a trabajadora del Hogar
Créditos: Simón Antonio
Texto y fotografías: Simón Antonio
El Bufete de Derechos Humanos como representante de las familias de las niñas y adolescentes víctimas de la masacre en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrida el 8 de marzo de 2017, en su calidad de querellante adhesivo pidió al juez Pedro Rodolfo Laínez, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, reformar los delitos contra los acusados Luis Armando Pérez Borja, Harold Augusto Flores Valenzuela, Gloria Patricia Castro Gutiérrez, Brenda Julissa Chamám Pacay y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo.
Cada uno de los acusados están siendo procesados por la masacre contra 56 niñas y adolescentes por distintos delitos:
Luis Armando Pérez Borja, subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC) está ligado a proceso por abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad, se pide reformar a los delitos de tortura, detenciones ilegales y homicidio culposo.
Lucinda Marroquín agente de la Policía Nacional Civil (PNC) está ligada a proceso por maltrato a personas menores de edad y homicidio culposo. Se pidió reformar a los delitos de tortura, detenciones ilegales y homicidio culposo, ejecuciones extrajudiciales, lesiones graves y lesiones gravísimas.
Brenda Chamán, psicóloga y jefa del departamento de Protección Especial contra el maltrato en todas sus formas, está ligada a proceso por incumplimiento de deberes, homicidio culposo y maltrato contra personas menores de edad, se pidió la reformar a los delitos de tortura, detenciones ilegales y homicidio culposo.
Gloria Castro, ex defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) está ligada a proceso por incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad y se pidió únicamente la reforma del último delito a detenciones ilegales.
Harold Flores, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) está ligado a proceso por los delitos de maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo e incumplimiento de deberes. Se pidió reformar a tortura, detenciones ilegales y homicidio culposo.
El Ministerio Público (MP) al intervenir en la solicitud del querellante dijo que desde el 4 de agosto de 2017, se interpuso una querella penal por parte de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) donde se establece el delito de tortura, lo que lleva una investigación avanzada. Varios sujetos procesales se apoyaron en el argumento de la fiscalía, lo que hizo que la solicitud fuera denegada.
El otro objetivo de la audiencia fue la revisión de la medida de coerción solicitada por la defensa de la sindicada Brenda Chamán, quien trabajaba como psicóloga del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. A pesar que gran parte de los sujetos procesales se opusieran a la solicitud, el juez Pedro Rodolfo Laínez otorgó medida sustitutiva a la solicitante.