Caso Hogar Seguro: familias exigen justicia y que la CSJ retire inmunidad a Jimmy Morales

Por: redacción Prensa Comunitaria

En conferencia de prensa algunas de las familias de las 41 niñas asesinadas y las 15 sobrevivientes de la masacre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fueron contundentes en sus declaraciones. Exigen que la Corte de Constitucionalidad (CC) actúe a favor de sus hijas, ya está comprobada la participación del mandatario en la toma de decisiones el día 7 de marzo del 2017 en contra de las menores.

También consideran que el proceso penal ha sido llevado mal, que se está trabajando con dos acusaciones distintas y que se ha beneficiado con libertad a algunos de los responsables.

Una de las madres dijo que han pedido citas a la fiscal General Thelma Aldana y que no las ha recibido. Exigen al Ministerio Público, que en esta nueva discusión de acusación haga los señalamientos de los crímenes contra lesa humanidad, “ya que los delitos no encuadran en el caso penal, porque se ha comprobado que las 56 niñas fueron sometidas a tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, la característica esencial de este último delito, desde la óptica de los derechos humanos, la constituye el hecho de que estas privaciones ilegítimas de la vida son realizadas por autoridades del Estado, los cuales, paradójicamente, tenían la responsabilidad y la obligación de defender la vida y la seguridad de las menores.“

También están indignadas porque Harold Augusto Flores Valenzuela, procurador de niñez de la Procuraduría General de la Nación (PGN), sea removido de su cargo, por considerar una burla hacia las familias y las niñas sobrevivientes, que continúe en su cargo, además de que puede entorpecer el proceso penal y además, los abogados de la PGN que están en representación de algunas de las niñas fallecidas y sobrevivientes, son de la misma unidad en la que él es jefe. “Por lo que exigimos que Flores sea removido del cargo y rechazamos cualquier acto de corrupción que pueda darse en el proceso. “

Se refirieron a las 15 niñas sobrevivientes, exigiendo al Estado de Guatemala que garantice las condiciones óptimas para vivir de acuerdo a sus situaciones médicas, después de las graves lesiones causadas a raíz de esta masacre, en la cual varias de ellas resultaron con amputaciones y quemaduras en la mayor parte de la superficie corporal. Por último piden que la PGN no utilice la unidad de Alerta Alba Keneth, para continuar criminalizando a las niñas, ni institucionalizándolas cuando pueden existir otras opciones de protección.