Bernardo Caal, sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión por defender los ríos de su comunidad de los megaproyectos
Fotografía: Ruda
Este 7 de septiembre se conocería la resolución de la apelación que Bernardo Caal Xool presentó en noviembre de 2018 por la sentencia de 7 años con 4 meses que el Juez Walter Fabricio Rosales Hernández, le dio sin mayores pruebas que lo hagan culpable de los delitos de robo agravado y retención ilegal. En cinco ocasiones anteriores, esta audiencia fue suspendida, tardando casi dos años en reprogramarla. Isabel, esposa de Bernardo cuenta que una apelación tarda casi 3 meses en resolverse, pero que la espera en este caso ha sido de más de dos años, para que, finalmente los magistrados encargados resolvieran en contra de Bernardo.
Ayer, se conocería la resolución de la apelación que Bernardo Caal Xool presentó en noviembre del 2018, por la sentencia de 7 años con 4 meses que el Juez Walter Fabricio Rosales Hernández le dio, sin mayores pruebas de que él es culpable de los delitos robo agravado e instigación a delinquir, por cinco ocasiones suspendieron la audiencia, tardando casi dos años en reprogramarla.
Fue hasta hace 15 días, 24 de agosto, que finalmente se reprogramó por sexta vez la audiencia para el 7 de septiembre. Los magistrados escucharon ambas partes, y podían ahora, anular la sentencia porque carecía de pruebas, comenta Isabel Matzir, defensora del río y esposa de Bernardo. “También podrían confirmar la sentencia, lo que sí sorprendió fue que, este año y 4 meses que queda era conmutable, así lo habían dejado hace dos años, pero ahora lo convirtieron en inconmutable, entonces prácticamente le afectaron más a Bernardo”, dijo.
Los magistrados son José Domingo Valenzuela Herrera, que es el magistrado suplente residente en funciones, también el abogado César Anibal Najarro López, que es el magistrado suplente, vocal uno en funciones y la abogada, Gloria Dalina Suchité Barrientos, que es magistrada suplente, vocal dos en funciones, ellos son quienes conocieron el proceso después de que 69 magistrados habían excusado de conocer el caso, ellos aceptaron conocer la situación de Bernardo, cuenta Isabel.
En cuanto a lo que se esperaba de la audiencia de ayer, “se esperaba, aun conociendo la cooptación del sistema de justicia, aun conociendo que Alta Verapaz está en el primer lugar en casos de impunidad en el país, más del 97% de impunidad, aun conociendo la forma en que trabajan estos megaproyectos, siempre se cuenta con esa leve esperanza de que pueden actuar bajo lo que les han encomendado, impartir justicia, sobre todo porque saben que en algún momento esa sentencia tiene que caer, es una sentencia que nació muerta dicen los especialistas en el tema, pero ahora ya con esto corresponde ir a casación y es un largo tiempo que lleva este proceso”, comenta Isabel.
También agregó que todos hablan que en promedio son dos años los que tardan en que conozcan el caso en casación, y que mientras eso pasa, Bernardo sigue encerrado injustamente. Ellos confirmaron la sentencia de 7 años con 4 meses, pero el 9 de noviembre de 2018 había quedado 6 años inconmutables, y año y 4 meses podrían ser conmutables. ¿qué quiere decir esto? que Bernardo lleva actualmente 31 meses en prisión.
Por la forma en que funciona el sistema de justicia, existe una posibilidad de reducir las penas, por ejemplo, cuando hacen labor social, cuando tienen buen comportamiento o alguna otra actividad productiva dentro de la prisión, les reducen la pena al 50% comenta Isabel, “por ejemplo, Bernardo de los 6 años inconmutables podía hacer solo tres, porque Bernardo desde que ingresó le ofrecieron que diera clases en básicos, él por ser maestro, por su labor que siempre ha hecho, entonces aceptó y desde allí ha estado dando clases, lo que significaba que si le habían dado seis años, ya con 3 años, podía solicitar su salida, que serían 36 meses que los cumpliría en febrero. El año y cuatro meses, los podían cancelar, porque de uno a cinco años las penas son conmutables, entonces prácticamente Bernardo ya estaba por cumplir esa sentencia a pesar de que estaba en apelación el caso”, pero ahora, no puede ser así, porque los magistrados han dictado que este año y cuatro meses son inconmutables, lo que significa que tiene que pasar ahí más tiempo del que él, su defensa y familia tenía previsto.
Isabel comenta que lo que sigue a nivel de defensa técnica es llevar el caso a casación, que regularmente una apelación se resuelve en 3 meses, pero en el caso de Bernardo, se tardaron casi 2 años, “no sabemos cuánto le va a tardar a él considerando que es criminalización. Ellos van a apelar esta resolución y depende de lo que suceda, se va a nivel internacional el caso”.
¿De qué acusan a Bernardo Caal?
Según cuenta su esposa, él básicamente lo que hizo fue cumplir una asignación de la comunidad, que era investigar lo que sucedía con el Río Cahabón porque estaba secuestrado por la hidroeléctrica Oxec, S. A., sin que las comunidades supieran lo que sucedía allí. Cuando él investigó, se dio cuenta que había licencias de operación hidroeléctricas, entonces las comunidades delegaron a Bernardo para poder representarlos en la firma de amparos que se iban a interponer en la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, reclamando el derecho a consulta comunitaria que tienen derecho los pueblos indígenas.
En Guatemala, las consultas comunitarias son procesos en los cuales los residentes de una localidad votan sobre cambios en asuntos de importancia comunitaria, esto está regulado en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo -OIT-, este convenio no garantiza que las decisiones gubernamentales sean tomadas bajo la opinión de la gente, pero sí tiene un gran peso.
En este caso, Oxec, S. A., ya se encontraba funcionando en el río sin una consulta comunitaria previa y libre, por eso la comunidad fue a la CJS a presentar amparos, firmados por Bernardo, resolviendo a favor de las comunidades. Resolvieron que esas licencias de operación se dieron sin haberse cumplido el derecho de consulta en las comunidades, sin embargo, les permitió seguir operando con normalidad a las hidroeléctricas. “Fue como decir: reconocemos que hicieron el daño, pero dejémoslos ahí”., comentó Isabel.
A raíz de toda la lucha de la comunidad y del posicionamiento de Bernardo ante lo que sucedía, es cuando le sacan todo un caso del Ministerio de Educación cuando trabajaba como maestro, donde se le acusaba de cobrar un salario sin trabajar durante 2012 y 2013, y aunque él presentó toda la documentación para que el Ministerio Público no pudiera sostener ese caso, siguió la criminalización y el juez Ricardo Isaías Caal lo liga a proceso por otro delito, pero no lo dejó en prisión.
Nuevamente, hay otra denuncia por parte de actores pro hidroeléctricas contra Bernardo, por delitos muy grandes que no tenían medida sustitutiva, así es como le agilizan otra orden de captura. Desde ese entonces, desde el 30 de enero de 2018, él se encuentra en prisión.
Criminalización y estigmas hacia Bernardo
Isabel comenta que las hidroeléctricas empezaron a estigmatizar a Bernardo, haciendo muchas campañas en medios de comunicación corporativos y en las redes sociales. “Hicieron campañas para deslegitimar la lucha, empezaron a intimidarnos y amenazarnos como familia. Fue muy complicado porque son medios masivos que tienen todo el capital para imprimir las fotografías de Bernardo para manchar su imagen”., comenta. Además, recalca que entre los medios de los que habla, se encuentra Canal Antigua, algunos columnistas de Prensa Libre, Gloria Álvarez, entre otras personas y medios.
«Bernardo de alguna forma, era el rostro de esa resistencia porque era quien firmaba, investigaba sobre los procesos legales, e hizo las cosas como correspondía, pero la empresa continuaba atacando.», comentó Isabel. Además, agrega que no hay nadie que esté siendo procesado por ningún delito por parte de la empresa, entonces ahí se ve la cooptación del sistema de justicia, pues en todos los amparos y denuncias presentadas por Bernardo y la comunidad, siempre les dieron la razón.
“Bernardo de alguna forma, era el rostro de esa resistencia porque era quien firmaba, investigaba sobre los procesos legales, e hizo las cosas como correspondía, pero la empresa continuaba atacando.”, comentó Isabel. Además, agrega que no hay nadie que esté siendo procesado por ningún delito por parte de la empresa, entonces ahí se ve la cooptación del sistema de justicia, pues en todos los amparos y denuncias presentadas por Bernardo y la comunidad, siempre les dieron la razón.
