Bebés en prisión
FOTO DGSP: El Centro de Orientación Femenina es una prisión de cumplimiento de condena.
Las cárceles de Guatemala son el hogar de 85 menores de cuatro años, a quienes el Estado les otorga el derecho de estar al lado de sus madres. En reclusión, sin embargo, padecen las mismas condiciones insalubres que las presas con quienes conviven. De hecho, en los últimos dos años, se han presentado casos de infantes con hambre, desnutrición y enfermedades constantes en al menos tres prisiones. Así es su infancia tras las rejas.
Por Mariela Castañón
Condenados desde el nacimiento
April nació en la cárcel debido a que su madre había sido detenida por venta de drogas. A los seis meses de edad, enfermó y pasó horas sin la atención necesaria. La bebé murió por rotavirus, según los reportes médicos que recibió su mamá. Pocos días después del deceso, las autoridades decidieron ponerle su nombre a la Clínica Pediátrica del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa.
El de April es el evento más trágico de una serie de situaciones que se han dado en infantes que viven en, al menos, tres cárceles de Guatemala: Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, Centro de Orientación Femenina (COF) y Cantel en Quetzaltenango, las cuales concentran alrededor del 90% de mujeres detenidas que cohabitan con sus hijos. Son administradas por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y en ellas se han reportado deficiencias en la salud y en la alimentación de los pequeños.
Una investigación publicada por Factor 4, Nuestras Historias, Prensa Comunitaria, Revista Ruda, Plaza Pública y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), revela que, desde 2021, se han registrado 35 casos de desnutrición en infantes al interior de estas tres prisiones guatemaltecas, esto a pesar de que la Ley del Régimen Penitenciario establece que los centros de detención deben contar con espacios adecuados para que estas mujeres puedan vivir con sus hijos.
La desatención no solo se da en la alimentación. Las cifras muestran que los servicios de salud también son deficientes. Únicamente en Santa Teresa, a mediados de mayo pasado, 39 niños tuvieron varicela, admite Jazmín Orellana, directora ejecutiva de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. “A pesar de eso, todos los niños están bien”, expresa la directora.
FOTO DGSP: El Centro de Detención Preventivo para Mujeres es una cárcel preventiva.
La sombra de la desnutrición
Las madres reclusas consultadas para este reportaje confirman que los bebés en condición de cárcel enferman con facilidad. Se quejan de falta de alimentos durante el fin de semana y dificultad para comprar multivitamínicos. Es lo que ocurrió a Carmen, que vive con su hija Susy en el COF (los nombres fueron cambiados por petición de la mamá).
De lunes a viernes, al terminar el registro Carmen lleva a Susy a la guardería a un Centro de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) que se encuentra dentro de la prisión. Ahí, la niña pasa alrededor de seis horas, donde recibe dos comidas: generalmente, son huevos con salsa en el desayuno, así como caldo de verduras y pollo para el almuerzo. Parece una buena opción para los bebés que viven en la prisión, pero no les garantiza las cenas, ni los alimentos por la noche ni los fines de semana. Estos deben ser cubiertos por cada una de las madres prisioneras.
Los CADI están a cargo de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), una entidad que, a través de programas sociales, está al servicio de la población que vive en pobreza y pobreza extrema. De acuerdo con Corina Ardón, directora de Comunicación Social de la SOSEP, actualmente existen 580 CADI en todo el país y atienden a 12,000 niños y niñas en Guatemala. Sólo dos cárceles cuentan con un CADI: Santa Teresa y el COF, que es a donde acude Susy.
Lo anterior hace que los bebés en condición de cárcel sean propensos a desnutrición. Por ejemplo, en Susy hay signos evidentes de falta de alimentación. Sus brazos parecen hilos que le cuelgan. Ella es una de las tres niñas del COF que en 2022 fueron registradas con desnutrición crónica. “Todavía no se repone”, cuenta Carmen, frente al Módulo Maternal.
Historia de un convenio fallido
Desde 2021 se han firmado tres convenios para garantizar la alimentación de los niños que viven con sus mamás en la cárcel. Uno fue firmado en noviembre de 2020 entre la SOSEP y la Asociación Colectivo Artesana. Tuvo una inversión de 437,400 quetzales (56,221 dólares). Sin embargo, se canceló casi dos años antes de lo previsto, tras una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Por este convenio, debido a la pandemia de COVID-19, la SOSEP debía aportar mensualmente 12 quetzales diarios (1.6 dólares americanos) por niño al Colectivo Artesana. Ese dinero era para comprar alimentos y distribuirlos en las prisiones.
En 2021, la CGC encontró que dicho convenio fue suscrito sin contar con la documentación necesaria. Además, no se adjuntó el registro de las liquidaciones y listado de madres beneficiarias, a quienes se les entregaron los productos mensualmente. Hubo falta de supervisión en los lineamientos y procedimientos establecidos, además de evaluación de resultados.
Tras la finalización del convenio entre la SOSEP y el Colectivo Artesana, se crearon dos nuevos convenios, firmados entre la DGSP y la SOSEP, para crear dos CADI en las cárceles. Fue así como surgieron los de Santa Teresa y del COF que operan actualmente.
¿Quién vela por los bebés en cárcel?
Las reclusas se quejan de que hay pulgas y chinches que no dejan dormir a los niños por las noches. La DGSP, vía información pública, confirma que el prurigo por insectos es la segunda morbilidad más común que afecta a la niñez en Santa Teresa, el primer lugar lo ocupa el resfriado común.
Hasta ahora, informa Orellana, la única propuesta para transformar las condiciones de las cárceles es un convenio que se firmó con el gobierno de Estados Unidos para la donación de seis millones de dólares con el fin de remozar las prisiones, mejorar la calidad de vida y garantizar otros derechos a los reclusos. Sin embargo, debido a los procesos burocráticos de implementación y el año electoral en Guatemala, no será posible llevarlo a cabo este año, asegura la funcionaria.