Sala ratifica absolución de Paola Pimentel, exfiscal anticorrupción
Escrito por Alexander Valdéz
Pimentel es una agente fiscal del MP, suspendida del puesto, que desde 2024 fue sometida a un proceso penal. Integró el equipo de la antigua FECI de Juan Francisco Sandoval y desveló un esquema de corrupción judicial que alcanzó al militar Erick Melgar Padilla.
Por Alexander Valdéz
Paola Pimentel, la exfiscal anticorrupción que fue parte del equipo de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Juan Francisco Sandoval, pasó de evidenciar uno de los más grandes casos de corrupción judicial que involucró al militar Erick Melgar Padilla a ser procesada y suspendida de su trabajo durante la gestión de Consuelo Porras.
En septiembre de 2025, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal la declaró inocente; sin embargo, el Ministerio Público presentó una apelación especial ante la Sala Tercera de Apelaciones, una de las más cuestionadas por apañar casos de corrupción; pero, esa misma Sala hoy denegó el amparo al MP confirmando la inocencia de Pimentel.
En el más reciente fallo, los magistrados consideran que la sentencia absolutoria, al no haber pruebas suficientes para acreditar la posible comisión del delito de revelación de información confidencial, estuvo apegada a derecho. Por ese motivo concluyó que el reclamo que hizo la Fiscalía de Asuntos Internos no era válido.
“El tribunal sentenciador explicó que no podía tener por probado el contenido de los dispositivos porque no fueron reproducidos en debate; razonó que los testigos no tuvieron conocimiento directo de ese contenido; analizó la existencia de una posible irregularidad administrativa; examinó la falta de certeza sobre la conducta típica; y concluyó que no se acreditó el delito de revelación de información confidencial o reservada. Tales razonamientos podrán no coincidir con la tesis acusatoria, pero no son ilógicos, arbitrarios ni contradictorios en grado tal que justifiquen la anulación formal del fallo. La injusticia notoria no puede convertirse en una vía para que la Sala revalorice prueba y sustituya la inmediación del tribunal de sentencia por una nueva apreciación de los medios probatorios”, indicaron los magistrados.
¿Por qué fue criminalizada?
Pimentel comenzó su trayectoria dentro del Ministerio Público en 2009, en la Fiscalía Distrital Metropolitana. Dos años después se incorporó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), donde en 2014 fue promovida al cargo de auxiliar fiscal I y participó en investigaciones de alto impacto.
Dentro de la antigua FECI tuvo un papel relevante en el caso “Manipulación de Justicia”, una investigación que reveló cómo Erick Melgar Padilla habría utilizado influencias dentro del MP y otras instituciones estatales para alterar el proceso por el asesinato de su padre, José Armando Melgar Moreno.
Según la fiscalía, el objetivo era incriminar a su tío, Óscar René Melgar Moreno, en medio de un conflicto por herencia de tierras, incluso mediante amenazas contra un testigo para forzar declaraciones falsas.
Melgar Padilla fue capturado en 2018 por obstrucción y denegación de justicia; sin embargo, cuando la FECI ya estaba bajo la dirección de Rafael Curruchiche, el caso dejó de avanzar y finalmente fue cerrado en 2023, favoreciendo al militar. Aunque Melgar Padilla falleció en diciembre de 2024 y el proceso quedó en impunidad, las consecuencias del caso continuaron alcanzando a la fiscal que participó en la investigación.
Otros fiscales criminalizados
Pimentel es solo uno de los casos de fiscales que fueron criminalizados durante los ocho años de gestión de Consuelo Porras. Decenas de operadores de justicia del MP enfrentaron procesos penales, encarcelamiento, exilio, destituciones o medidas judiciales tras participar en investigaciones de alto impacto contra estructuras de corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos.
El fallo a favor de Pimentel representa una esperanza para otros que permanecen fuera del país o que continúan enfrentando criminalización, como Stuardo Campo, quien sigue en prisión preventiva. La resolución también marca un precedente importante en el inicio de una nueva administración fiscal donde se pondrá a prueba si continúa o se detiene este tipo de acciones contra periodistas, activistas, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y estudiantes de la USAC.
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