Organizaciones de derechos humanos piden garantizar justicia para Virginia Laparra
Escrito por Simón Antonio
La petición surge con el repentino adelanto de la vista pública de un recurso de casación que estaba programada el 8 de septiembre, pero se anticipó para este 22 de mayo. Las organizaciones nacionales e internacionales piden que la Corte Suprema de Justicia actúe de forma independiente.
Por Simón Antonio Ramón
De manera sorpresiva, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adelantó una vista pública de un recurso de casación promovido por la defensa de la ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Lilian Virginia Laparra Rivas, contra la condena de abuso de autoridad emitida en diciembre de 2022.
La sentencia ocurrió a partir de una denuncia del exjuez Lester Castellanos, señalado de corrupción judicial y quien tomó represalias contra Laparra Rivas por haberlo expuesto de haber gestionado un expediente de forma irregular desde la judicatura que ocupaba.
Esa acción le costó a Laparra una sentencia de cuatro años de prisión conmutable, ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y pago de una reparación económica al Estado solicitado por la Procuraduría General de la Nación que asciende a Q250 mil.
La audiencia estaba programada para el 8 de septiembre de 2026, sin embargo, se adelantó para el 22 de mayo. Este cambio repentino ha generado preocupación de organizaciones de derechos humanos tanto nacionales e internacionales, porque se puede confirmar la condena en contra de la exfiscal quien se encuentra en el exilio desde 2024.
Su detención fue calificada como una detención arbitraria por el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Detención Arbitraria. La organización Amnistía Internacional la declaró como presa de conciencia, porque el proceso penal en su contra es por su trabajo en investigación de actos de corrupción e impunidad y no haber cometido delitos.
La Mesa Catalana por los Derechos Humanos y la Paz en América Central, la Fundación Tierra Nuestra de Quetzaltenango y organizaciones así como plataformas nacionales se expresaron mediante un comunicado para que la CSJ resuelva de forma independiente y advirtieron que de confirmarse la condena “constituiría un grave precedente para toda persona que ejerza su labor en la administración de la justicia con independencia, diligencia y apego a la legalidad”, señalaron.
La Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos en América Latina (AJUFIDH), pidieron a los operadores de justicia un alto a la criminalización en el país. “Llama a las autoridades del sistema de justicia guatemalteco a cesar el uso indebido del derecho penal como herramienta de persecución, represalia o neutralización de críticas”, planteó en su comunicado de prensa.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura, por medio del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) manifestó su preocupación contra la confirmación de la condena lo que amplía consecuencias para la exfiscal y con el que puedan intimidar a demás operadores de justicia. “En la práctica, dicha decisión podría contribuir a la consolidación de una condena calificada de arbitraria y que habría tenido como consecuencia el exilio de la Sra. Laparra, al tiempo que podría profundizar el clima de incertidumbre que enfrentan quienes ejercen la defensa de la legalidad y del Estado de derecho en Guatemala”, denunció la organización en su portal web.
La exfiscal salió al exilio en julio de 2024, a pocos días de recibir una segunda condena de cinco años de prisión conmutable por revelación de información confidencial a medios de comunicación de un caso en 2017.
Durante el tiempo que estuvo en prisión se denunció que el Sistema Penitenciario no garantizó condiciones dignas como el derecho a la salud.
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Simón Antonio
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