Tanto cobarde contra un solo valiente*

Por Lucía Escobar

El cáncer que mata Guatemala tiene nombres y apellidos. Sabemos quiénes son. En redes sociales se reconocen por su banderita azuliblanco, su necesidad obsesiva por mencionar a Dios en vano, sus chistes homofóbicos, machistas, transfóbicos y racistas. Comparten mensajes de odio de cuentas que tienen de líder a Lord Vader (de Star Wars) y que filtra información confidencial del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ) en la red social X para criminalizar a exoperadores de justicia, activistas y periodistas afectando gravemente la democracia y el Estado de derecho en Guatemala. 

Los verdugos viven escondidos en sus madrigueras, odian la primavera y esparcen mentiras y desinformación. Le temen a la luz y a la verdad. Son contrarios a cualquier espíritu democrático. Se burlan de quienes tienen esperanza y sueñan con un mejor país. Inventan chismes, ponen denuncias, retrasan procesos, amañan las cortes, se esconden en seudónimos infantiles y se dan golpes de pecho en público. La ultra extrema derecha fascista en Guatemala está organizada, tiene tentáculos en las iglesias, universidades, en los tres poderes del Estado y tiene intereses espurios que protege y defiende. Y no es la libertad precisamente su obsesión. 

El lado oscuro

Su cara (quisiera decir culo) más visible es la Fundación contra el Terrorismo, presidida por los francotiradores Ricardo Méndez Ruiz y el aboganster Raúl Falla (incluidos en la Lista Engel) y miembro de Guatemala Inmoral (no inmortal). Promueven una narrativa de terrorismo, la descalificación agresiva contra quienes luchan contra la corrupción y la impunidad con campañas de desprestigio y demandas en oposición a cualquiera que piense distinto a ellos. Protegen, principalmente, a militares implicados en actos de genocidio, lesa humanidad, masacres, limpieza social, y también a empresarios acusados de corrupción y narcotráfico. 

No trabajan solos. Se apoyan en figuras clave del aparato judicial, como el exjuez Lesther Castellanos (Lista Engel), exrelator contra la tortura, y torturador número uno de Virginia Laparra. Es también el principal impulsor de políticas de criminalización contra el periodista Jose Rubén Zamora. A ellos se suman jueces como Fredy Orellana, Jimi Bremer, Víctor Cruz y Mynor Moto (todos incluidos en la Lista Engel), quienes han jugado roles cruciales en la persecución y condena de exoperadoras de justicia; y han logrado desmantelar casos de alto impacto que involucran a exfuncionarios de alto nivel.

Según una investigación de Plaza Pública, Radiografía de la caída de los casos de corrupción, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en 12 años presentaron 120 casos de corrupción del Estado. Pero, desde que asumió la fiscal general Consuelo Porras (incluida en la Lista Engel y sancionada en 42 países), y en la FECI, Rafael Curruchiche (también incluido en la Lista Engel y sancionado en 29 países), han sido beneficiados más de 118 implicados en 35 casos de alto impacto, que ahora están libres de juicio, con procesos desestimados, salidas de la cárcel, órdenes de captura revocadas, cambios de delitos y sentencias anuladas por decisiones del MP, OJ, Corte de Constitucionalidad (CC) y Congreso de la República, favoreciendo los intereses de quienes buscan desmantelar la justicia independiente. Personajes oscuros como el magistrado Nester Vásquez (Lista Engel), la exmagistrada Blanca Stalling (Lista Engel) y la fiscal Cintia Monterroso (Lista Engel), también han participado en el llamado Pacto de Corruptos.

Según la periodista Jody García, desde que Consuelo Porras es fiscal general, el MP de Guatemala ha criminalizado a 116 personas, y una de cada 6 son exfiscales. El brazo ejecutor se ha concentrado en cuatro jueces incluidos en la Lista Engel.

Pero amanecerá…

Aunque las cifras no son oficiales, se habla de una quinta ola de exilio guatemalteco que comenzó con la salida de la CICIG de Guatemala, y que ha llevado a cientos de ciudadanos y ciudadanas decentes a enfrentar el destierro.

Esto ha provocado algunas respuestas de la comunidad internacional, como las sanciones a los corruptos, pero también declaraciones como la del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU; Volker Türk, quién denunció en el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que en Guatemala se manipulan las leyes para perseguir a defensores de derechos humanos, señalando directamente a Consuelo Porras como responsable. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita in situ al país, advirtió un deterioro alarmante en Guatemala del Estado de derecho desde el 2017, cuando el sistema penal comenzó a perseguir a quienes luchan contra la corrupción, recordando también que el MP de Porras es parte importante de este acoso. 

Las acciones de estos verdugos han afectado el sistema judicial y la justicia en Guatemala. 

Ser abogada, operadora de justicia y atreverse a desafiar las estructuras de corrupción más enquistadas en Guatemala, como lo hicieron Samari, Virginia, Siomara, Aliss, Paola, Claudia, Amy, Leily, Flor, Wendy y Mayra, se paga caro. 

Nunca en la historia del exilio guatemalteco hubo tantas exoperadoras de justicia con perfiles profesionales impecables que se atrevieron a enfrentar a la crema y nata de la corrupción en Guatemala. Ahora sufren de una venganza sin precedentes en su contra. Fueron acusadas por los mismos sujetos investigados y procesados por casos de corrupción. Algunas se han visto obligadas a salir del país tras pasar injustas temporadas de acosos judicialmente con procesos que intentan desacreditar el trabajo que hicieron, ya sea en la FECI o CICIG. 

Es fácil identificar los patrones de criminalización que han sufrido. La reserva de los casos, el uso excesivo de la prisión preventiva, la implementación de una narrativa falsa que quiere voltear la tortilla a favor del criminal. Los querellantes adhesivos, el tipo de delitos que se les impugna, el atraso en las audiencias, los jueces y fiscales a quienes se les asigna los casos, nos dan pauta de la verdad. 

Ante ello, es urgente que el gobierno de Bernardo Arévalo forme una comisión que investigue, evidencie y denuncie los nexos entre organismos del Estado, funcionarios públicos y empresarios corruptos que están detrás del secuestro de la justicia y del Estado de derecho en Guatemala. Y que se castigue a los culpables para que puedan regresar al país tantas personas que hacían bien su trabajo. 

*Luis de Lión