¿Presas de conciencia? Acerca de una genealogía de mujeres de color en Guatemala
Por Aida Toledo
La teoría del testimonio nos dice que las personas que los ofrecen suelen tener la intención de contar una parte de la verdad que no fue dicha en su tiempo. Pero también funcionan para rellenar huecos que quedaron sin cubrir por los relatos y las narrativas de la historia oficial.
Revisando las historias y los testimonios sobre la caza de las operadoras de justicia en Guatemala en los últimos cuatro años, observaba que se había desatado una nueva cacería de brujas, en el sentido que lo entiende Silvia Federici, porque durante el trayecto de represión en su contra, estas mujeres van perdiendo paulatinamente su poder social y su calidad de sujetas.
Esta nueva cacería se ha ejecutado sobre mujeres pensantes, un tanto excéntricas, que desafían las estructuras políticas de lo más duro del sistema patriarcal, en espacios que han sido tradicionalmente masculinos y donde se producían y se producen sólidas complicidades entre hombres. Sabemos hoy que los pactos y las complicidades patriarcales forman parte de los nudos estructurales de las desigualdades de género que sostienen la violencia en sus distintas modalidades.
La cacería se recrudece porque ellas representan hoy cerca del 45% de mujeres que son abogadas, fiscales, defensoras de derechos humanos o juezas y debaten su destino en un medio peligroso de por sí, que se encuentra tomado por la corrupción y donde priva una intensa atmósfera de impunidad y violencia; en esos espacios todavía los cuerpos femeninos pueden ser sacrificados para mantener el equilibrio del sistema.
Las operadoras de justicia que han sido criminalizadas durante este periodo de la historia del país son víctimas de operativos de hostigamiento y represión por atreverse a defender a personas, mujeres y hombres del sector justicia, que han sido acusados y acusadas injustamente por las estructuras criminales que manejan esos espacios desde hace mucho tiempo, y se han enquistado de tal forma que no permiten los quiebres que una genealogía de mujeres ha provocado, sin que se dieran cuenta, pues iban avanzando lentamente, colándose por las grietas y fisuras abiertas por el mismo sistema corrupto. Y es que las genealogías femeninas contribuyen a poner en evidencia, las herencias recibidas de otras épocas, culturas y sociedades diferentes.
No es casual que las operadoras de justicia fueran cayendo una detrás de la otra, porque se encontraban conscientemente luchando contra una estructura que opera al revés, se encuentra totalmente carnavalizada porque invierte el mundo real, no hace justicia, sino produce, provoca y reproduce injusticia y desigualdad, dejando desprotegida a la población casi sin remedio. Y todo esto se realiza como en un carnaval delante de la población que no acierta a entender los alcances de la inversión de sentido y de sus efectos, que incluso aparecen ante su vista ridiculizados.
Sin embargo y muy a pesar de esto, esta genealogía de mujeres no se ha detenido. Lograron resistir a los embates abusivos y represivos de las propias autoridades, que decidieron castigarlas y las castigaron cuando pudieron hacerlo. Las hicieron salir huyendo y exiliarse, las retuvieron en cárceles, las aislaron y les quitaron la oportunidad de hablar, además de minar su dignidad, puesto que las dejaron en espacios solitarios, feos, peligrosos y sucios, sin contacto con familiares, periodistas o defensores de los derechos humanos. Utilizaron una serie de estrategias de intimidación que se estilan en esta postmodernidad cruel, sobre todo porque siendo libres y pensantes, retenerlas y dejarlas sin poder hablar, se constituía en uno de los primeros castigos para disciplinarlas. De hecho, en algunos videos durante las audiencias se les manda a callar. Como si eso fuera posible, pues están entrenadas para discutir, rebatir, argumentar y tener la razón.
Estas operadoras de justicia son un grupo de “mujeres de color”, mujeres que ocupan el centro de las preocupaciones de María Lugones para analizar el andamiaje jerárquico y violento que sostiene la colonialidad del poder. Mujeres de distintos orígenes que están defendiendo un territorio simbólico, el de la justicia que conocen y donde se han especializado, llegando a tener control de una disciplina que pocas logran. Además, accedieron a puestos que en el pasado eran territorio masculino y que ellas fueron interviniendo poco a poco.
Cuando se revisan los casos iniciales que ellas llevaban o defendían, entendemos que se encontraban en espacios verdaderamente peligrosos. Poseen experiencia legal y formación en asuntos ligados a la impunidad, ya que algunas tenían experiencia de formación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y con organizaciones de derechos humanos que se habían hecho presentes en el país después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996.
En cada uno de los casos de estas operadoras de justicia, los señalamientos y los cargos por los cuales las intentan retener se realizan con métodos similares con los que otras genealogías de mujeres pensantes eran denunciadas para ser castigadas. Se trataba de una serie de infundios de los cuales no se podían escapar aunque no tuvieran sentido. Se les acusaba de crímenes mixtos, tanto de tipo civil como religioso. Estaban condenadas al sufrimiento, y a dejar de practicar los conocimientos que traían consigo, y que eran entendidos como herejía, pero principalmente tenían como propósito atemorizarlas, anularlas. La cacería en el pasado tiene el mismo valor instrumental que la persecución y castigo que se realizó sobre las operadoras de justicia, ya que era necesario mediatizarlas para ser colocadas bajo la tutela del Estado, que fue lo que sucedió en casi todos los casos. Veamos algunos ejemplos.
La jueza Erika Aifán entre 2018 y 2022 contaba con 100 procedimientos penales, 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, 30 procedimientos de antejuicio, etc. El exceso de denuncias provocaba que la jueza dedicara buena parte de su tiempo a exculparse, y no podía seguir dándole seguimiento a los casos que llevaba. Sobre todo porque trabajaba como jueza en el Juzgado de Mayor Riesgo D, en donde fue acusada de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y por resoluciones violatorias a la constitución. Antes de salir al exilio, Aifán había detectado una red de corrupción entre jueces, magistrados, abogados y otras personas. La jueza finalmente renuncia a su cargo a través de un video donde denuncia que la habían amenazado de muerte y con eso logra salir al exilio sin darles oportunidad de aplicarle el castigo que le tenían preparado.
En el año 2022 se realizan una serie de detenciones de mujeres que habían laborado para la FECI y también para la CICIG; se trata de Aliss Morán, Paola Escobar, Leily Santizo y Eva Siomara Sosa. Habían sido también detenidas con acusaciones similares a las de Aifán. En el caso de Morán y Escobar, se les acusaba de coacción para el caso de las Comisiones Paralelas 2020, y el acusador era un abogado. Estas dos auxiliares de la fiscalía pasaron de una cárcel a otra, y no pudieron defenderse de las acusaciones que se les hacían. No es sino hasta septiembre de 2023 que recobran la libertad.
En Quetzaltenango, en el mismo año 2022, Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción, es detenida y llevada a Guatemala al Mariscal Zavala. Las acusaciones iniciales contra ella datan de 2018 y 2019, emitidas por un juez, acusándola de haber filtrado información confidencial de la FECI en los periódicos. Se trataba de denuncias de carácter administrativo. Y Laparra venía defendiéndose desde esas fechas de dichas acusaciones. Las denuncias eran similares a las de las otras mujeres, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones, y por supuesto el Ministerio Público (MP) había despedido a Laparra.
La detención de Virginia Laparra tenía un perfil similar al de las otras operadoras de justicia. No se le había concedido audiencia de primera declaración dentro de las 24 horas que se encuentra reglamentado. Tampoco había suficientes razones para tenerla detenida, en suma las acciones del Ministerio Público estuvieron fuera de la ley. Además, se le trató como persona en riesgo de fuga, y por lo tanto se le aplicaron medidas de seguridad especiales. Los argumentos de los abogados de Laparra no lograron cambiar estas medidas, que parecían ser una réplica de las aplicadas a las otras detenidas.
Cuando Laparra llevaba presa más de siete meses, se emitió desde Quetzaltenango una orden adicional de arresto. No fue sino hasta en noviembre de 2022 cuando Amnistía Internacional intervino nombrando su caso como “presa de conciencia”, declarando que el juez que llevaba el caso era también sospechoso de corrupción. Sin embargo, se le volvió a acusar en diciembre a cuatro años de cárcel por abuso continuado de autoridad. Y no será sino hasta en 2023 que el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU declaró que su detención era arbitraria y pidió su libertad. La vida de Laparra seguiría en riesgo, puesto que el 8 de julio de 2024 fue de nuevo condenada a otro juicio en su contra. Por eso el 18 de julio de 2024 salió al exilio, como le sucedió a Aifán, que también temía por su vida y la de su familia.
Laparra escribió una carta explicando por qué se iba, por qué abandonaba el país por el cual había estado luchando contra la corrupción durante todos esos años. Para ese momento había estado presa por dos años y le aparecía una sentencia de cinco años más, que le resultaban peligrosos, alucinantes e intolerables. Convencida de que ya había hecho lo que podía por denunciar y luchar contra la impunidad, decide escribir la carta e irse.
Su carta se constituye en un testimonio autorial, o sea, escrito por su propia mano. Los testimonios autoriales tienen una fuerte carga autobiográfica, se mueven entre la autobiografía, el género epistolar y en su caso, el ensayo de reflexión política al haber laborado y luchado tanto tiempo contra la impunidad y la corrupción del sector justicia. La carta de despedida, escrita por Laparra se conoce también de forma pública, allí le declara al pueblo que teme por su vida, y que no hay manera de cambiar su situación actual, por lo que decide largarse.
Habría que revisar más, pero todas las detenidas sufrieron vejaciones distintas y variadas, dependiendo de su propia psicología individual. En general, experimentaron vejaciones sobre sus derechos esenciales durante su periodo carcelario, sin embargo se hace evidente que retener por demasiado tiempo a Laparra pone en discusión si acaso los grupos de poder político de Quetzaltenango la veían como alguien más peligrosa que el resto de defensoras acusadas.
La detención de Claudia González Orellana cierra de alguna manera el ciclo genealógico de detenciones de las operadoras de justicia sobre las que se comenta en este escrito. González es abogada y tiene reconocimiento internacional por trabajar en pro de los derechos humanos. Desempeñó un cargo en la extinta CICIG, lo que la colocó en la mira de las mafias y los grupos corruptos en el poder. Por eso se le detuvo por orden de un juez que le decretó prisión provisional. Fue detenida durante el periodo más fuerte de su participación en defensa de otros operadores de justicia que ya se encontraban criminalizados. Entre sus defendidos se encontraban Virginia Laparra, Siomara Sosa, Juan Francisco Sandoval, Paola Escobar y Leily Santizo, implicados en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. El efecto logrado fue el de dejar sin defensa a estas mujeres que se encontraban encarceladas injustificadamente, como una medida de temor y presión contra la genealogía de mujeres que ha estado luchando contra la impunidad.
González también se encontraba acusada de abuso de autoridad. Había litigado sobre el caso de una magistrada que buscaba favorecer a su hijo en el caso IGSS-Pisa, en 2017. Al igual que le sucedió a las otras operadoras de justicia, González venía arrastrando varias acusaciones en su contra, por eso cuando es detenida en el año 2022 sí tenía conocimiento de las acusaciones, pero no sabía exactamente cuántas eran y de qué exactamente se le acusaba, puesto que no era trabajadora pública y el Ministerio Público no daba información. Se encontraba sindicada de abuso de autoridad, que en su caso no tenía sentido, porque ella no era trabajadora pública, sino que laboraba con una organización internacional, reconocida en el país.
La forma en que actuaron con González era ligeramente distinta que con las otras operadoras de justicia. Allanaron su casa y confiscaron su laptop, celular y memoria USB, todo con la autorización del Juzgado B de Primera Instancia Penal. Sin embargo, el propio papel del juzgado no explicaba de qué se le acusaba. Para ella y sus defensores, las acciones ejecutadas fueron ilegales. Y como un operativo todavía más raro, allanaron las viviendas de sus defendidos ya en el exilio, Siomara Sosa y Juan Francisco Sandoval.
Las acciones posteriores a su arresto tienen coincidencias con las de las otras operadoras de justicia. No le brindaron audiencia las 24 horas siguientes, y tampoco le informaron sobre sus cargos, esto continuó durante 25 días. El 22 de septiembre del 2023 se celebró la primera audiencia, y el juez la sindicó de abuso de autoridad, aunque esto no le correspondiera. Además, le dio prisión preventiva por tres meses. Pasó aproximadamente 80 días en prisión hasta que el juez le concedió el arresto domiciliario, con la obligación de presentarse cada 15 días para firmar lo que llaman registro de control. En marzo de 2024 el juez Jimi Bremer dictaminó que deberá ir a juicio por abuso de autoridad y que podría implicar 3 años de cárcel. Este asunto del abuso de autoridad, que en el caso de González iba contra toda lógica racional, permite comentar que la realidad ha sido trastocada de tal manera desde la visión del poder, que no tuvieron empacho en plantear este tipo de cargos, que con un mínimo de conocimiento legal, es absurdo a todas luces.
A manera de conclusión se podría decir que todo este relato revela que se trata de operativos represivos con fuerte impacto de género, diseñados para minar la salud, tanto mental como física, de un grupo político de mujeres, de una genealogía que se atreve a insertarse y dar opinión calificada en un medio que se encuentra cooptado por las mafias y que representa lo peor de un sistema que es patriarcal y excesivamente dominante y perverso. Y es que la colonialidad del género, como decía Lugones, forma parte de una caja de herramientas en permanente proceso de construcción, que hunde sus raíces en las genealogías feministas más visibles.
