La justicia para las niñas del Hogar “Seguro” se aplaza cuatro meses más
Para este 29 de abril estaba programada la audiencia de Etapa Intermedia del tercer grupo de tres acusadas y un acusado en el caso Hogar “Seguro”, en el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, bajo la responsabilidad del juez Pedro Laynez. Sin embargo, la audiencia fue suspendida por petición del Ministerio Público (MP) y reprogramada para el mes de agosto del año en curso.
Por Lucero Sapalú
El juez Pedro Laynez, del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, suspendió la audiencia de etapa intermedia que se tenía programada para los días 29 y 30 de abril contra un tercer grupo señalado en el caso Hogar “Seguro”, a petición del MP, debido a que no hay un fiscal asignado al proceso y que el representante del ente investigador que llegó a la audiencia, Sergio Santizo, señaló que desconoce sobre la carpeta judicial ya que fue asignado al caso el 22 de abril, por lo cual no contó con el tiempo para “revisar toda la documentación”.
Para este día se tenía prevista la audiencia donde están señaladas la exjueza Rocío Murillo, su exsecretario Romeo Miranda; las exmonitoras Ofelia Pérez Campo y Crucy López
por su responsabilidad en el crimen del 8 de marzo del 2017 en el Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción, que acabó con la vida de 41 niñas y dejó con graves quemaduras a 15 más.
Santizo señaló en la audiencia que dentro de este proceso el titular del caso era Billy Alexander Oroxomo Paredes; sin embargo fue apartado por un posible conflicto de intereses debido a que mantiene una relación de amistad con una de las señaladas, Ofelia María Campos. “La sindicada solicitó la recusación del fiscal ya que argumentó una posible amistad entre ellos, y se le dio respuesta por parte la Fiscalía de Femicidio por lo que se excluyó al fiscal del presente proceso para velar por la imparcialidad”, puntualizó Santizo.
El fiscal puso a la vista el memorial presentado por la sindicada y la resolución. “Ayer se me notificó sobre la necesidad de venir a cubrir la audiencia y hasta el momento no tengo en cuenta las actuaciones con mayor claridad, ya que hay más de mil 300 actuaciones, lo que hace imposible leer esa cantidad de papeles de un día para otro”, destacó.
Además, el fiscal señaló que únicamente fue remitido a esta audiencia y que no se ha determinado definitivamente si tendrá o no la carpeta judicial, por lo cual solicitó la suspensión y designación de una nueva fecha.
Audiencia de este 29 de abril, la cual fue suspendida y reprogramada para agosto. Foto: Fotograma transmisión Verdad y Justicia Guatemala
Tras escuchar a las partes que no se opusieron a la suspensión, solicitaron al juez determinar un tiempo “prudencial razonable” para que se lleve a cabo la audiencia. La abogada querellante, Diana Méndez expresó; “Solicitamos que la audiencia se reprograme en un tiempo prudencial tomando en cuenta que las víctimas han estado en este proceso por muchos años, les asiste el derecho de celeridad procesal que permita resolver la situación jurídica de las personas señalas, pero también el acceso a la justicia”, enfatizó. Este proceso lleva ocho años.
El juez Laynez aceptó la solicitud del MP y suspendió la audiencia: “Se ha podido establecer concretamente que se desconoce quién será el fiscal que pueda ser designado al caso. Además, el fiscal que vino a evacuar la audiencia no tiene el conocimiento de poder fundar las acusaciones respectivas”, razonó.
Las audiencias de este 29 y 30 de abril, fueron suspendidas y se reprogramaron para el 25 y 26 de agosto de 2026 a las 8:30 horas, dentro de cuatro meses. Previamente el juez señaló que este proceso, por múltiples recursos, había sido suspendido y que en este caso nuevamente se suspendió por razones ajenas a la judicatura.
¿Quiénes son las tres sindicadas y el sindicado?
Rocío Murillo es señalada de maltrato contra personas menores de edad, prevaricato e incumplimiento de deberes ya que según el MP, cuando fungía como jueza en el Juzgado de Paz de San José Pinula, no atendió la solicitud de exhibición personal que llegó a su despacho el 7 de marzo del 2017.
Este recurso fue solicitado a favor de las niñas y niños albergados en el Hogar “Seguro", y podría haberlos protegido de los maltratos a los que las autoridades les sometieron desde la tarde del 7 hasta la mañana del 8 de marzo, según el ente investigador. Rolando Miranda, exsecretario del Juzgado de Paz de San José Pinula, también firmó el informe presentado por Murillo, por lo que se le atribuye el delito de falsedad ideológica.
Ofelia María Pérez Campos, como excoordinadora del área “Mi hogar”, según el MP, tenía la obligación de atender las necesidades de las niñas y adolescentes. Sin embargo, el informe señala que “permitió que la Policía Nacional Civil (PNC) las golpeara y agrediera con gas pimienta y choques eléctricos” el 7 de marzo y que no se opuso a la decisión de encerrarlas en el salón donde más tarde murieron quemadas, y delegó el cuidado de las niñas a un agente de la PNC, según un acta que firmó. Por estos hechos enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.
Crucy Pérez era monitora del Centro Preventivo de Privación de Libertad para Mujeres “Gorriones”, y es sindicada por el MP por el delito de Maltrato contra personas menores de edad, “por rociar con gas pimienta a las niñas del Hogar “Seguro", según el ente investigador.
Cambios recientes
Desde el 2017 cuando se registró el crimen en la que murieron 41 niñas y donde se han condenado a seis exfuncionarios del gobierno del expresidente Jimmy Morales, el proceso estuvo a cargo del fiscal Edgar Gómez, pero en septiembre del año 2025 se apartó del caso y ahora trabaja en la Fiscalía contra las Extorsiones del MP.