Iniciará juicio para que Claudia González ratifique su inocencia
Escrito por Glenda Alvarez
Después de 2 años, 8 meses y 6 días, este 5 de mayo se iniciará el juicio contra la exmandataria de la CICIG y abogada de derechos humanos, Claudia González. En un proceso marcado por irregularidades y cuestionamientos, este es uno de los casos emblemáticos de criminalización de operadores de justicia durante la gestión de Consuelo Porras.
Por Glenda Álvarez
El martes 5 de mayo de 2026 se marcará un nuevo capítulo en uno de los casos más representativos del sistema de justicia guatemalteco en los últimos años. Después de 980 días, la exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogada de derechos humanos, Claudia González, enfrentará juicio ante el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, en un caso en el que está siendo acusada por el Ministerio Público (MP) del delito de abuso de autoridad.
La detención de González, el 28 de agosto de 2023, marcó el inicio de un proceso que se fue extendiendo en el tiempo con suspensiones injustificadas, retrasos y decisiones controvertidas y sin acceso a su expediente para poder defenderse.
El caso estuvo a cargo del juez décimo penal Jimi Bremer, con sanciones internacionales por corrupción, que aceptó la petición del MP y la envió a juicio por supuesto abuso de autoridad cuando dirigió el caso por tráfico de influencias contra la entonces exmagistrada Blanca Stalling.
La acusación del MP se remonta a su trabajo como mandataria de la CICIG en 2017, cuando participó en la suscripción de una solicitud de retiro de inmunidad contra la fallecida exmagistrada.
En ese momento, la acción no era aislada, formaba parte de una investigación que sacó a la luz un intento de interferencia en el sistema judicial. Según denunció el juez Carlos Ruano, Stalling intentó influir en sus resoluciones para favorecer a su hijo, Otto Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa.
El Congreso de la República le retiró posteriormente la inmunidad a la magistrada y enfrentó un proceso penal por tráfico de influencias y otro por resistencia al arresto. Sin embargo, años después, en 2022, el caso fue cerrado por Víctor Cruz, un juez que figura en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos.
De esa cuenta, casi una década después, mientras el caso contra la ya fallecida exfuncionaria judicial quedó en impunidad. La justicia ahora persigue a quien evidenció actos de corrupción desde la extinta CICIG.
Un proceso prolongado y bajo cuestionamientos
Claudia González fue detenida el 28 de agosto de 2023, ese fue el inicio de un proceso que se ha extendido entre suspensiones, retrasos y decisiones controvertidas.
Tras un allanamiento en su vivienda, fue trasladada al centro de detención militar Mariscal Zavala, donde permaneció en prisión preventiva por más de dos meses. Posteriormente, la Sala Primera de Apelaciones le otorgó medidas sustitutivas al considerar que la privación de libertad carecía de fundamentación suficiente.
Desde entonces, el expediente ha transitado por una serie de irregularidades documentadas: la audiencia de primera declaración se realizó nueve días después de su detención, cuando la ley establece un máximo de 24 horas; el caso fue declarado bajo reserva y se restringió el acceso a la información.
La cronología del proceso evidencia un patrón de dilaciones. Audiencias suspendidas por ausencia del MP, excusas judiciales, retrasos en la entrega de actos conclusivos y decisiones pospuestas han extendido el caso por casi tres años.
Incluso la fase intermedia se prolongó durante más de un año, con audiencias de ofrecimiento de prueba suspendidas en múltiples ocasiones, algunas de ellas por motivos como exceso de trabajo o supuestas presiones externas.
En noviembre de 2025, el tribunal adelantó la fecha del juicio para mayo de 2026, mientras que en enero de ese mismo año fueron levantadas las medidas de coerción en su contra.
El proceso avanzará, además, sin la principal denunciante Blanca Stalling, que falleció en noviembre de 2025. Aunque su hijo intentó continuar como querellante, el tribunal rechazó su solicitud, dejando la acusación exclusivamente en manos del Ministerio Público.
Lo que Claudia Gonzáles espera del juicio
A pocas horas del inicio del debate, la abogada González compartió con Prensa Comunitaria y Ruda una lectura más amplia de lo que significa atravesar este proceso y expresó que espera “que el juicio le permita obtener justicia y demostrar su inocencia”.
Explicó que, aunque actualmente se encuentra en libertad, el proceso ha implicado una serie de limitaciones que han impactado distintos ámbitos de su vida cotidiana, desde dificultades en el acceso a servicios financieros hasta estigmatización. En este sentido, subrayó que el efecto de un proceso penal no se limita al expediente judicial, sino que se extiende a la vida personal y profesional.
También señaló que uno de los aspectos más complejos ha sido el desgaste asociado a la incertidumbre prolongada. “La incertidumbre que esto genera es muy fuerte”, expresó, al referirse a los tiempos del proceso y a la espera constante por poder demostrar su inocencia.
Desde su perspectiva, estas dinámicas no son aisladas, indicó que su caso comparte características con otros procesos contra operadores de justicia, en los que señaló, se repiten patrones que evidencian el uso del sistema penal en contra de operadores de justicia.
Previo al inicio del juicio, manifestó que su expectativa es que el debate avance sin más demoras ni restricciones. “Estoy más que segura de que voy a demostrar mi inocencia”, afirmó. Finalmente, González situó su caso dentro de un contexto más amplio, enfrentando un proceso penal por hechos que no constituyen delito. “Estoy enfrentando un juicio por un hecho que no es delito”, comentó y enfatizó en la importancia de dar seguimiento a estos procesos no solo por su impacto individual, sino porque evidencian cómo está operando el sistema de justicia en Guatemala.
Una acusación cuestionada desde el principio
Esta fase del proceso será clave para la abogada Claudia González, porque podrá ratificar su inocencia. Principalmente porque el delito de abuso de autoridad, según el Código Penal guatemalteco, solo puede ser cometido por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su cargo. La defensa de González sostiene que ella no tenía esa calidad, ya que actuaba como mandataria de un organismo internacional adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este argumento encuentra respaldo en criterios de la propia Corte de Constitucionalidad (CC), que ha establecido que la CICIG era un ente independiente, ajeno a la estructura del Estado guatemalteco. Bajo esa interpretación, atribuirle responsabilidad penal por abuso de autoridad implicaría una aplicación extensiva del derecho penal, contraria al principio de legalidad.
La discusión, entonces, no es únicamente técnica. Define los límites entre el ejercicio legítimo de funciones en el marco de la cooperación internacional y el uso del sistema penal para reinterpretar actuaciones pasadas.
Un caso que refleja un patrón más amplio
El proceso contra Claudia González no ocurre de manera aislada. Se fabricó en un contexto en el que fiscales, jueces y abogados vinculados a la lucha anticorrupción han enfrentado procesos de criminalización, detenido o forzados al exilio.
Casos como el de Claudia y el de la exfiscal Virginia Laparra han sido calificados por organismos internacionales como ejemplos del uso indebido del derecho penal. Instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatores de Naciones Unidas han advertido sobre un patrón de criminalización contra operadores de justicia en Guatemala, particularmente aquellos vinculados a la CICIG.
En ese contexto, la trayectoria de González, con más de 30 años en la defensa de derechos humanos y participación en casos emblemáticos como el de Myrna Mack, adquiere una dimensión política y simbólica. Tras el cierre de la CICIG en 2019, también asumió la defensa de exfiscales y operadores de justicia, lo que ha sido interpretado por distintos sectores como un posible factor en su persecución penal.
De esa cuenta, en un país donde la lucha contra la corrupción marcó una etapa de esperanza y de fortalecimiento institucional, este caso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta: ¿qué ocurre cuando quienes investigaron el poder, terminan siendo juzgados por ello?
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