Una mujer puso en jaque a varios jerarcas militares en Guatemala
La Fiscalía de Derechos Humanos, fue cavando caminos de justicia, como una madriguera de topos el equipo desenterró la memoria de terror de Guatemala. Como los topos, con mucha discreción preparaban el terreno y esperaban a sus presas. Los topos a oscuras con sus asuntos terrarios. El equipo de la Unidad de Conflicto Armado, trabajó con bajo perfil y con un ingenio tálpido que incomodó a quienes conviene que las violaciones de derechos humanos del pasado permanezcan en impunidad.
La mujer que dirigió la fiscalía será recordada por su entereza y su ética. Su nombre es Hilda Pineda y trabajaba desde hace una década en la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público -MP-. El año pasado Consuelo Porras, máxima autoridad dentro de dicha instancia, decidió removerla del cargo, el 11 de octubre de 2021, según un comunicado oficial, “para el fortalecimiento de la institución”, Hilda Pineda sería trasladada a una nueva sección que investigará delitos contra turistas.
A continuación, presentamos la historia de una mujer que rompió con los estereotipos de género y contribuyó a poner en jaque a varios jerarcas militares.
Surgimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos
La unidad de Derechos Humanos, las fiscalías para personas defensoras de DDHH y la unidad de casos de conflicto armado interno, surgen, según recuerda Claudia Paz y Paz “como una deuda histórica”. Fue en el año 2009, antes de que ella ocupara el cargo de Fiscal General, que se determinó la necesidad de avanzar en los casos de crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno -CAI-, y casos vinculados a personas defensoras en un sentido amplio.
Claudia explica que en la Fiscalía de DDHH se están liquidando casos de genocidio; se están investigando casos de violencia sexual durante el CAI y en general casos de sobrevivientes de violaciones de lesa humanidad. Para tratar estos temas se requiere conocer de derecho internacional y derecho interno. “Son crímenes extremadamente graves y por el otro lado, contra personas defensoras o periodistas, o contra la libertad de expresión e informar”.
La experiencia de Claudia en el tema de derechos humanos y derecho internacional es ilustre, aunque permanece en el exilio, en octubre pasado entró a la nómina final para ser fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional. Le pedimos que recuerde los fundamentos de la fiscalía de derechos humanos:
““LOS CASOS DE DEUDA HISTÓRICA SON CASOS QUE TIENEN SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA, POR LO CUAL TIENEN ESPECIAL OBLIGACIÓN DEL ESTADO POR VIOLAR LA CONVENCIÓN AMERICANA. CONOCER DE DERECHO INTERNACIONAL ES UN PRIMER REQUISITO INELUDIBLE PARA QUIEN ASUMA EL CARGO, PORQUE HAY ESTÁNDARES MUY MARCADOS, MUCHOS ESTÁN RECOGIDOS EN EL PROTOCOLO DE MINNESOTA, POR EJEMPLO, EN EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES”.”
La Fiscalía de Derechos Humanos fue creada mediante el acuerdo 03-2009, en marzo de 2005 y su función es ejercer la acción y persecución penal en los delitos cometidos en contra de los derechos humanos en Guatemala.
Algunos años tuvo a su cargo la Unidad Fiscal de Delitos contra los Derechos Humanos, Unidad de Delitos Contra Activistas de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Periodistas y Sindicalistas, la Unidad de Casos especiales del Conflicto Armado Interno y las agencias especializadas ubicadas en fiscalías distritales, pero tras mejoras impulsadas en la administración de Claudia Paz y Paz, la fiscalía se organizó con las unidades de delitos contra los derechos humanos y casos especializados del CAI y sus demás agencias especializadas distritales.
Las fiscalías de delitos contra periodistas y contra operadores de justicia y sindicalistas se independizaron el 6 y 10 de diciembre de 2019 respectivamente. En la fiscalía de DDHH, los resultados fueron visibles de manera continua, por ejemplo, en el año 2019, se incrementaron en 85.71% las solicitudes de acusación, lo que reflejaba el fortalecimiento de las investigaciones.
Entre 2019 y 2020, la agencia de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, logró 5 órdenes de aprehensión, 2 acusaciones (una en el caso de genocidio Ixil y una en el caso de violencia sexual en la región Achí), 13 anticipos de prueba con declaraciones testimoniales y 3 exhumaciones, estos son algunos datos que reflejan la acuciosidad del equipo.
De acuerdo con Javier Monterroso, exsecretario privado del Ministerio Público, no existen razones suficientes para la remoción de Hilda. “El caso de Sepur Zarco, el más reciente llevado por esa fiscalía, obtuvo resultados. No se encuentra una razón clara de por qué el cambio, más que cuestiones externas”, opinó.
Presiones externas, para reposicionar al Ministerio Público en favor de sectores que han estado bajo investigación por casos de corrupción o violaciones graves. Juan Francisco Sandoval, ex jefe fiscal de la Fiscalía Contra la Impunidad ha señalado en más de una ocasión, que detrás de las decisiones de Porras está la organización civil conservadora, Fundación Contra el Terrorismo.
Hilda Pineda: carrera y traslado
Thelma Aldana, ex fiscal general del MP, recuerda cuando asignó la vacante de jefatura de la fiscalía: “yo la nombré precisamente por su calidad como fiscal, me pareció de lo mejor que el Ministerio Público tenía”, dijo Aldana, una referencia así, no es para menos viniendo de la mujer que logró por primera vez el encarcelamiento de un presidente en Guatemala, y que en consecuencia viva en el exilio.
De acuerdo con Hilda Pineda, antes de especializarse en Derechos Humanos, estuvo al frente de la agencia de casos especiales por varios años. Implementó métodos de investigación y procesos propios, en los cuales las víctimas ocupaban un papel significativo, porque además de conocimientos técnicos, hay casos que por su naturaleza requieren de calidez humana y un interés genuino para aportar a la justicia como ella misma relata,
“Hice un proceso de selección de personal donde llené todos los requisitos y esperé cuatro años para ingresar a la institución. En ese tiempo estuve trabajando en temas de investigación que siempre me han interesado como contrabando, defraudación en aduanas. En 2008, recibí una llamada que había sido seleccionada para ocupar una plaza en el Ministerio Público”.
En opinión de abogados y expertos cercanos al MP, los casos de derechos humanos y búsqueda de la justicia por el conflicto armado, son muy difíciles de investigar, dependen de hallazgos históricos, de las exhumaciones y de las familias de las víctimas. Pineda describe los primeros pasos de su carrera,
“Ingresé a la Fiscalía de Escuintla durante cuatros años, trabajé en diversos procesos de violencia sexual, violencia contra la mujer, robos y asesinatos. Fue a raíz de unas amenazas de muerte que busqué un traslado para salvaguardar mi integridad física. En la nueva fiscalía se llevaban procesos de justicia transicional, lo que me llamó mucho la atención porque eran grandes procesos que tenían años sin ser investigados”.
En 2018 el Tribunal B de Mayor Riesgo determinó por unanimidad que en Guatemala existió el delito de Genocidio durante el gobierno de facto de José Efraín Ríos Montt. Foto Prensa Comunitaria
Hilda relata que no estaba preparada para la atención mediática después de que la fiscalía lograra la sentencia condenatoria de Pedro García Arredondo, exjefe policial del comando seis, responsable de la quema de la embajada de España en 1980. Y recuerda como una gran etapa de aprendizaje el Caso de la desaparición forzada de Edgar Enrique Sainz Cali.
“Le solicité al licenciado Orlando López -jefe de la fiscalía-, la oportunidad de asistir junto con él a los debates para aprender la metodología e incidencias procesales que se llevan en este tipo de proceso. Porque estos casos, definitivamente necesitan una especialidad. Fue ahí donde empecé el litigio, acudí a todo el debate oral y público. Posteriormente se logró la sentencia condenatoria en contra de García Arredondo”.
El caso Sepur Zarco fue de los mayores retos de la Fiscalía de Derechos Humanos por la envergadura del caso y la atención mediática que trajo. Foto Quimy De León
En seguida tomaron dos desafíos enormes: el Caso Sepur Zarco y el Caso de Ríos Montt, genocidio contra el pueblo maya Ixil.
“Recuerdo que empezamos a revisar el proceso juntamente con Blanca Castañeda, que era la auxiliar fiscal del caso y vimos que incluso los anticipos de prueba eran necesarios. Se empezó a desarrollar todo el proceso para llevarlo adelante, fue un gran reto también por todo lo que significaba para las mujeres acusar y declarar”.
Menciona que en el Caso contra Ríos Montt había tres fiscales al frente pero detrás había todo un equipo que trabajaba sin descanso, ni fines de semana durante todo ese largo juicio.
“Fue muy demandante, pero logramos llevar a cabo un proceso que era necesario para el país y las personas que demandaban el acceso a la justicia”.
Ríos Montt murió en 2018 mientras enfrentaba por segunda vez el juicio por los delitos de Genocidio y Deberes contra la Humanidad. Foto Quimy De León
“Algunos sectores piensan que solo por la acción de la CICIG se lograron algunos resultados importantes en el país, pero, si se ve cómo la Fiscalía de Derechos Humanos adelantó importantes investigaciones con sus propios recursos, sus propios métodos, sus propios funcionarios y logró investigaciones exitosas que dan cuenta de que sí hay capacidades trascendentales”.
Para Velásquez, casos como Sepur Zarco o investigaciones como la muerte de Monseñor Gerardi, son todos méritos exclusivos de esta fiscalía sin la colaboración de la CICIG. Es decir que, si existe la voluntad por fortalecer la institución, es posible alcanzar éxitos en la lucha contra la impunidad “como existió desde las administraciones de las fiscales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana”, enfatizó el ex comisionado.
¿Qué pasa cuando desde dentro se imponen "tropezones"? Fiscales como Juan Francisco y la propia Hilda Pineda recuerdan que con administraciones anteriores tuvieron más libertad para investigar, a diferencia que Consuelo Porras, quién estaba en constante control de sus actividades.
“Atendiendo al principio de jerarquía nosotros siempre dimos atención a sus solicitudes de información, pero si nos causaba cierta extrañeza porque los casos son complicados, a veces los temas están en reserva judicial. Y si nos encontramos en situación incómoda porque tenemos una gran responsabilidad como fiscales de guardar la información en pro de la víctima, no porque desconfiamos de a quién se le daba la información sino porque sabemos si la información sale no se cumple el fin último que es el acceso a la justicia”.
Hilda narró que cuando la citaron de Recursos Humanos, lo primero que pensó fue en su despido. Hubo varios cambios en las fiscalías del traslado del fiscal Contra la Corrupción, de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal y de Medio Ambiente. Todo en un contexto en que días atrás se había destituido a Francisco Sandoval.
“Si lo tocan a él nos tocan a todos… sentimos una cuestión de inseguridad internamente por esos traslados que se están dando sin justificación y definitivamente no hay más que acatar la instrucción, de no hacerlo aplica una falta grave interna”, dijo.
En relación al traslado, el Ministerio Público demostró que puede llegar a actuar muy rápido.
“No se me da ninguna justificación, solo se dice que por necesidades del servicio de manera muy general. Fue el 11 de octubre y el oficio del traslado tiene la misma fecha. Fui notificada una hora antes por Recursos Humanos, que debía presentarme…”, comentó Hilda Pineda.
El lema de Hilda
Creemos en la importancia del trabajo de Hilda Pineda, porque con su ejemplo ha roto prejuicios de género y por el alcance a nivel de justicia que las investigaciones a su cargo han tenido para las familias y personas sobrevivientes.
Ha llevado en paralelo casos como el de Creompaz y el Caso Molina Theissen, seguido de casos según los avances judiciales como el Caso de violencia sexual en contra de mujeres de la etnia maya Achí, de Rabinal, donde se vinculó directamente patrulleros de autodefensa civil y comisionados militares. El caso de Genocidio en contra de la etnia maya Ixil, una vinculación del periodo de Lucas García.
El lema de Hilda ha sido estar comprometidos con el acceso a la justicia de las víctimas:
“Creo que el sistema no puede seguir negando ese acceso a la justicia de estas víctimas después de tanto tiempo transcurrido y es necesario que el sistema tenga esa apertura para conocer estos hechos. Principalmente por las garantías que refiere la justicia de transición, que es la no repetición de los hechos, es una de las cuestiones que las víctimas plantean que nunca más le vuelva a ocurrir estas barbaries a ninguna otra persona, familia o generación, porque lesionan la dignidad y la conciencia de cualquier persona”.
El compromiso con el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias fue siempre prioridad de la fiscal Pineda. Foto Nelton Rivera
Peligro que corren los casos
Tomás Ramírez López, el nuevo fiscal designado, proviene de la Fiscalía de Distrito de Jalapa, tiene dieciséis años dentro del Ministerio Público. Llega a esta fiscalía de manera externa y con limitada trayectoria en materia de Derechos Humanos.
Dice Claudia Paz y Paz que estamos ante una triste realidad:
“Todo lo que se había avanzado en fiscalías especializadas como la FECI, ahora la fiscalía de Derechos Humanos, son pasos graves para desarticular el trabajo, con consecuencias muy serias para el interés de la justicia y de las víctimas. En este momento grandes casos están siendo enjuiciados como el caso Diario Militar, no es oportuno poner a otra persona -que no conozco, pero sé que viene de una fiscalía departamental- y me atrevo a decir que no tiene el nivel de experiencia de la fiscal Hilda”.
Según Claudia Paz y Thelma Aldana, ambas ex fiscales generales, el traslado de Pineda, es una acción deliberada para impedir la correcta investigación y el procesamiento de estos graves crímenes. A nivel internacional se juzga con preocupación el desempeño de Porras, el propio Relator de Independencia Judicial, por la Comisión Interamericana ha dicho que su trabajo provoca desconfianza.
Una perspectiva similar tiene la ex fiscal general Thelma Aldana, quien con su carácter mordaz y asertivo dijo, que el Ministerio Público no es una entidad que pueda cambiar personas al gusto del Fiscal General, eso es muy grave y va contra la institucionalidad.
“La señora Consuelo Porras está en la lista Engel, una persona que tiene esa condición carece de legitimación. Creo que todas sus acciones responden a lo que dijo Estados Unidos: corrupta y antidemocrática. Mínimamente ella debería renunciar, porque sigue destruyendo todo lo que se ha construido para la investigación de estos casos”, opinó Aldana.
Juan Francisco Sandoval se anima a afirmar que quién está detrás de Porras, “es la Fundación contra el Terrorismo, que gira las directrices de lo que hace la fiscal, la que tuvo especial interés en la remoción de Hilda Pineda”, y agrega que las acciones de la actual fiscal general, están dirigidas a enterrar todos los esfuerzos que se hicieron en Guatemala en materia de justicia transicional.
Iván Velásquez por su parte asegura que el nuevo fiscal tiene vínculos con el sector militar:
““NO ES IGUAL UNA FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS DIRIGIDA POR HILDA PINEDA QUE UNA DIRIGIDA POR ALGUIEN QUE TIENE VÍNCULOS CON LOS MILITARES QUE SE SUPONE DEBEN SER INVESTIGADOS POR ESA FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS”. ”
Considera que se ha generado un gravísimo retroceso en diferentes fiscalías del Ministerio Público, especialmente la FECI y la de DDHH y con toda la intención de hacerlo. “No se debe a errores sino a actos intencionales, bien pensados por la fiscal Porras y de todo el régimen de impunidad y corrupción que impera en el país”.
Javier Monterroso abogado de grupos sobrevivientes y querellantes considera que, “hay un acercamiento cada vez mayor entre la Fundación Contra el Terrorismo y grupos de extrema derecha con la Fiscal General, por lo cual podría apuntar a que los cambios obedecen más a presiones que a intención de querer mejorar las fiscalías”.
Monterroso ha hecho un análisis de la forma en que opera Consuelo Porras,
“Cada vez que el Ministerio Público hace un cambio importante cambia seis o más fiscalías al mismo tiempo para dispersar el desgaste político que sería cambiar una sola Fiscalía. De esa manera se hizo con Juan Francisco Sandoval. En esta oportunidad, se realizaron cambios en once fiscalías, el que llamó más la atención fue el de Hilda Pineda que pasó de una fiscalía de Derechos Humanos donde alcanzó alta profesionalización, a dirigir una fiscalía recién creada de delitos contra turistas”.
La Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA- quiénes acuerpan a los sobrevivientes en el Caso del Diario Militar, están preocupados por la remoción de Pineda, pues están tocando estructuras muy grandes, con oficiales de alto rango. Desde su perspectiva, el cambio implica que se entregará a una persona sin experiencia en esta materia los casos, lo cual podría debilitar todas las investigaciones y significar retrocesos desafortunados.
Otros actores que se manifestaron en contra del traslado de Hilda Pineda son el Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas y la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala -UDEFEGUA- consideran que la fiscal general delinque modificando el reglamento para favorecer a fiscales con falta de capacidad. Además, acciona contra fiscales destacados por su labor. "Más parece una estrategia para desarticular los avances de ciertas fiscalías en el MP."
Ni las críticas, ni la desconfianza han hecho retroceder a Tomás Ramírez de tomar el cargo como nuevo fiscal de Derechos Humanos. Asegura que el cambio no se lo esperaba y que desconoce los motivos del traslado. Nos recibió en su nuevo despacho, en un edificio con detalles de madera del centro histórico, una oficina en apariencia remodelada, iluminada, amplia y un poco fría. Con afirmación dijo:
“Yo les diría que tengan la confianza de acercarse, porque no es lo mismo formarse una idea de una persona a conversar. Y ese temor infundado que los casos no van a avanzar, pues que vengan, si son querellantes con mayor razón tienen acceso total a las investigaciones y a ver el estado de los procesos y las diligencias. No hay ningún retraso, hay impulso en los casos, estamos seguros y aquí estoy para atenderlos”.
En la oficina, nos recibió junto a los fiscales de la unidad del Conflicto Armado Interno Erick de León y Paula Herrarte, quienes nos compartieron la última actualización de los casos y que al igual que Tomás Ramírez aseguraron que estos siguen avanzando y no están en riesgo. Lo cierto es que hasta el momento las etapas de tales casos han seguido su curso.
Esto último Hilda lo retrata muy bien al asegurar que el compromiso por las víctimas "no es solo por quien dirige la Fiscalía sino por todo el equipo" y ella veía un compromiso real en ellos, pues “son personas que han conseguido mucha especialidad y encontraron la lógica de cómo operaba el Estado durante el conflicto”.
Recientemente 36 Mujeres Achí obtuvieron una sentencia condenatoria en contra de sus agresores luego de 11 años de denunciarlos, tiempo en el cual la Fiscalía de Derechos Humanos acompañó y llevó el proceso ante los tribunales. Foto: Juan Rosales
Mientras se descubre lo que seguirá ocurriendo en la fiscalía de DDHH enmarcamos el ejemplo de sencillez y el compromiso de Hilda Pineda, quien deja un mensaje para la nueva etapa de la fiscalía:
“Esperaría que continúen los procesos, que se concluyan los que están ya judicializados y que se avance lo suficiente para tener una sentencia condenatoria. Yo veo un compromiso real de los compañeros auxiliares fiscales y los agentes fiscales. Todo esto hay que aprovecharlo, el nuevo jefe tiene un gran reto de poder atender a todos los fiscales y poder rápidamente enterarse de los procesos y no hacer esperar a las víctimas.”
Sobre su nueva etapa al frente de la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, Hilda solo espera seguir demostrando su compromiso:
“Todos los puestos dentro del Ministerio Público son un reto porque hay víctimas que ya no quieren saber nada del proceso, vienen a Guatemala y se encuentran ante un país que no brinda las mejores condiciones de seguridad. Son un reto para el sistema de justicia, ¿cómo abordar estos casos? Darles una respuesta y condiciones adecuadas para que las personas puedan viajar sin tener ningún problema de seguridad, por lo menos minimizar los riesgos que implican venir al país. Ese es el gran reto en esta nueva Fiscalía”, concluyó.
