Familiares de personas desaparecidas enfrentan el desmantelamiento institucional, denuncia ONU
Tras una visita oficial al país, expertas de Naciones Unidas documentaron el deterioro institucional del Estado durante los últimos ocho años, la falta de coordinación estatal y los obstáculos que enfrentan miles de familias que buscan a personas desaparecidas, así como algunos avances en esta materia a nivel país que deben fortalecerse.
Por Ana Alfaro
En los últimos ocho años, Guatemala registró un deterioro en las acciones de búsqueda, justicia, memoria y reparación para las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Así lo concluyó en un informe preliminar el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias durante la guerra en Guatemala, presentado en la ciudad de Guatemala este 3 de julio, mismo que señaló el desmantelamiento de instituciones creadas tras los Acuerdos de Paz, la criminalización de víctimas y defensores, y la falta de voluntad estatal para fortalecer las investigaciones.
Durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, las familias enfrentaron múltiples obstáculos para impulsar exhumaciones, preservar sitios donde podrían encontrarse restos humanos e identificar a las víctimas. A ello se sumó el cierre de instituciones vinculadas a la paz y los derechos humanos, así como el debilitamiento de los mecanismos de búsqueda y acceso a la justicia.
Las expertas también identificaron un retroceso en el Ministerio Público (MP) durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras. Según testimonios recabados entre familiares de personas desaparecidas, fiscales especializados fueron sustituidos por personal sin experiencia ni compromiso con las investigaciones.
“Actores con intereses no democráticos o vinculados a adopciones ilegales estaban en puestos claves, lo que permitió el mayor desmantelamiento de estas instituciones”, subrayó Ana Lorena Delgadillo Pérez, integrante del Grupo de Trabajo.
Las expertas Ana Lorena Delgadillo y Aua Baldé recordaron que en Guatemala existen más de 45 mil personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce. En ese contexto, destacaron que gran parte de los esfuerzos de búsqueda han recaído en organizaciones de la sociedad civil y en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que realiza su trabajo sin financiamiento estatal.
Desconocimiento por las instituciones
Durante su visita oficial el Grupo de Trabajo de la ONU, realizada del 23 de junio al 2 de julio de 2026, sostuvo reuniones con el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), el Ministerio Público, Ejército de Guatemala, entre otras, instituciones donde existe un conocimiento limitado sobre el Conflicto Armado Interno.
El informe preliminar concluye que existe un conocimiento limitado sobre el Conflicto Armado Interno dentro de varias dependencias estatales y advierte la ausencia de registros consolidados y actualizados que permitan establecer con precisión la magnitud de las desapariciones forzadas.
“Tuvimos una reunión donde estaban prácticamente todas las instituciones que participan de alguna manera en el abuso y la investigación, y cuando se les hizo la pregunta que si ellos tenían información del Conflicto Armado, fueron muy pocas las que identificaron que los tenían”, señaló Delgadillo.
Ana Lorena Delgadillo y Aua Baldé, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias durante la guerra en Guatemala, en la rendición del informe. Foto: Ana Alfaro
Desarticulación y violencia
En el 2020 la Secretaría para la Paz y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) fueron desmanteladas, y las funciones vinculadas al Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) fueron transferidas al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), describe el informe preliminar.
“Nos tocó el corazón, hay que decirlo así, es el tremendo maltrato que han tenido las víctimas en este país. No solamente hay un abandono, que esto ya es mucho, pero que encima las criminalicen, las persigan, que encima algunos de ellos también desaparecieron durante la búsqueda”, dijo Delgadillo.
El negacionismo que se ha dado en el país por parte del sector económico y militar, en instituciones como el MP, es otra violencia, señalaron las expertas.
La expertas indicaron que dentro del Estado existe una descoordinación, duplicidad de funciones que generan que las personas que quieren hacer una búsqueda no sepan qué puerta tocar.
Primeros avances
El desarrollo de un Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala (PRD) y la creación del Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas durante el CAI (MEBHU), es un primer esfuerzo del país que permite a las víctimas tener un primer camino en comparación con toda una trayectoria que han recorrido sin el apoyo del Estado.
“Esta es la primera vez que existe un mecanismo para la búsqueda de personas. Nos habla del absoluto abandono el tema de la búsqueda”, indica uno de los testimonios de las entrevistas que hizo el Grupo de Trabajo.
La creación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos COPADEH, que se ha hecho por medio de un acuerdo, recomendó que se necesita un marco legal más sólido para que este esfuerzo no sea transitorio.
Obras y construcciones sobre restos humanos
Durante su visita a la Brigada de la Selva, en Petén, las expertas observaron obras de construcción en un área donde las víctimas han denunciado la posible existencia de restos de personas desaparecidas.
Según denunciaron, la delegación únicamente pudo permanecer en una sala de espera y no tuvo acceso al lugar donde actualmente se construyen dos edificios destinados al personal militar. Además, indicaron que el personal que las recibió aseguró no contar con información sobre el Conflicto Armado Interno.
La COPADEH ha identificado al menos 25 instalaciones militares de interés para las labores de búsqueda y 70 sitios bajo control de particulares que podrían contener información o evidencias relevantes para el esclarecimiento de desapariciones forzadas.
La documentación de numerosos casos vinculados al CAI demuestran que distintas instalaciones militares fueron utilizadas como centros clandestinos de detención, tortura, ejecución extrajudicial y desapareción forzada.
Migración
En casos de migrantes desaparecidos, se reporta una desestimación de denuncias por parte del MP, una falta de investigación efectiva, así como una coordinación insuficiente y prácticamente inexistente con países como México, resalta el informe.
Un caso que ha llamado la atención es la masacre de 72 migrantes, y fosas clandestinas en San Fernando Tamaulipas, donde el MP y el INACIF habrían obstaculizado la participación de peritos independientes.
Esto no es lo único que alerta el Grupo Trabajo, sino también el hecho de que no existe una base de datos en común entre instituciones del Estado. Asimismo, reportan que víctimas han expresado que la fiscalía se niega a tomar sus denuncias.
Recomendaciones
Ante este panorama, el Grupo de Trabajo aseguró que el retroceso de los últimos ocho años ha afectado a las víctimas e insta al presidente Bernardo Areválo a que se den las investigaciones pertinentes y a fortalecer a las instituciones.
El informe final será presentado en septiembre del año entrante ante el Consejo de Derechos Humanos. En Guatemala, tiene otro pendiente aún, ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contras las Desapariciones Forzadas, para obtener un marco más amplio de protección.