“Denunciar un juez jamás puede ser delito”, Virginia Laparra pide a Cámara anular su condena
Escrito por Ruda
Este 22 de mayo está programada la audiencia que definirá el futuro judicial de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra. La Cámara de lo Penal decidirá sí ratifica o anula la condena de cuatro años impuesta por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.
Por Ruda
“Denunciar a un juez no es delito”, bajo esta premisa la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, le pide a la Cámara de lo Penal que anule la condena de cuatro años en su contra por haber denunciado al juez Lesther Castellanos.
La Cámara de lo Penal tiene previsto realizar este 22 de mayo la audiencia para decidir sobre dos recursos de casación presentados con relación a la condena de Laparra, por el delito de abuso de autoridad de forma continuada.
Esta diligencia judicial fue retrasada en tres ocasiones, y aunque la última programación estaba fijada para el 8 de septiembre de 2026, en febrero de este año, de forma inesperada las autoridades judiciales la adelantaron para este viernes.
“Adelantarla tiene una razón muy lógica para mí, tener en consideración los tiempos de elección del nuevo fiscal general, al no tener claro que pudiera ser un fiscal afín a ellos, lo que deciden es adelantar los casos”, manifestó Laparra.
La exfiscal aseguró que la única forma en que se haga justicia en su caso es que la Cámara revoque la sentencia condenatoria, al considerar que las acusaciones en su contra fueron parte de una persecución política iniciada por el gobierno de Alejandro Giammattei contra exempleados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Le pido a la Cámara que haga un análisis objetivo del caso y en consecuencia que anule la sentencia. Denunciar jamás puede ser delito”, declaró la procesada.
Asimismo expresó que “la condena es una vergüenza para el país” y que el Organismo Judicial no se puede esconder detrás de la arbitrariedad para tapar un mal actuar administrativo y penal.
“Querer callar o esconder sus errores y faltas tras la criminalización, encarcelamiento y tortura pone de manifiesto lo nefasto de los estándares éticos, morales y profesionales que Guatemala tiene como jueces”, agregó.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, manifestó en sus redes sociales que, en la audiencia se debe “garantizar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y la protección de quienes trabajan en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
Hace dos días el senador estadounidense Dick Durbin expresó que espera que con la llegada del nuevo fiscal general se retire cualquier cargo contra la exfiscal anticorrupción y el periodista Jose Rubén Zamora.
Origen del caso
El proceso penal fue iniciado por Lesther Castellanos, quien se declaró agraviado por cuatro denuncias presentadas en su contra por la FECI ante la Junta de Disciplina Judicial, cuando él fungía como Juez de Mayor Riesgo de Quezaltenango.
El conflicto se originó en 2017, cuando Laparra como jefa de la FECI logró que Castellanos, entonces juez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango, fuera separado de un caso relacionado a delitos de corrupción contra un exfutbolista, luego que este se negara a aceptar que el acusado sirviera como colaborador eficaz, es decir que brindara información a las autoridades a cambio de reducir su pena.
Posteriormente, Laparra presentó cuatro denuncias administrativas ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez Castellanos, al considerar que cometió faltas graves al hacer pública información del caso que afectaba dicho proceso.
En julio de 2018, Castellanos acusó a Laparra por los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones, lo que diversas organizaciones nacionales e internacionales consideran una venganza a su trabajo contra la corrupción.
Finalmente, el 23 de febrero de 2022, en un contexto de criminalización de las personas que habían trabajado en la CICIG, la fiscalía de Consuelo Porras ordenó la captura de Laparra. El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal autorizó procesarla por abuso de autoridad.
Este juzgado ha sido ampliamente cuestionado a nivel nacional e internacional por resoluciones señaladas de criminalización y persecución política contra integrantes de partidos políticos, dirigentes indígenas, operadores de justicia y periodistas.
Caso llega a la Cámara
El caso llegó hasta la Cámara de lo Penal luego de que el 9 de mayo de 2023, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones ratificara el fallo emitido por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal del 16 de diciembre de 2022. La sentencia condenó a la exfiscal a cuatro años de prisión sustituible por una multa de Q10 por cada día. Además, la inhabilitó a ejercer cargos públicos por ocho años.
Durante el juicio, la jueza Oly González determinó que Laparra no tenía competencia territorial ni atribuciones específicas para sellar, firmar y presentar denuncias administrativas ante la la Junta de Disciplina Judicial contra un juez.
Sin embargo, la defensa denunció que la jueza desestimó pruebas documentales que demostraban que Laparra recibió instrucciones por escrito de su jefe superior Juan Francisco Sandoval, quien avaló presentar las denuncias.
En el recurso de casación las abogadas de Laparra expusieron que sellar, firmar y presentar una denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial no es delito, ya que la Ley de la Carrera Judicial avala que este procedimiento lo realice cualquier ciudadano o ente fiscal.
Además, la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) atribuye a los fiscales la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes, y no existe ninguna limitación que le prohibiera actuar en sus funciones.
De forma paralela, la Procuraduría General de la Nación, como querellante del caso, presentó un recurso para exigir una reparación económica a favor del Estado, por un monto de casi 219,000 quetzales, equivalentes a los salarios que Laparra recibió entre octubre de 2018 hasta noviembre de 2019.
Irregularidades y tortura
Organizaciones nacionales e internacionales, abogadas defensoras y la misma exjefa de la FECI han denunciado que el caso ha estado lleno de irregularidades y violaciones al debido proceso.
Laparra explicó que una de esas irregularidades es que la denuncia inicialmente fue presentada ante un juzgado de Quetzaltenango, pero fue desestimada dos veces, y de forma anómala el caso fue abierto en un tribunal de la capital.
La exfiscal fue capturada un día antes de la audiencia en la que se decidiría si el tribunal de la ciudad de Guatemala era competente.
Por otra parte, señaló que la Procuraduría General de la Nación fue adherida como querellante en el proceso de forma irregular, cuando el plazo que establece la ley ya había finalizado.
Laparra fue encarcelada durante dos años, cuando la ley establece medidas alternas a la prisión para los delitos que contemplan penas conmutables, es decir que pueden ser sustituidas por una multa.
Explicó que el objeto de la detención fue torturarla para intentar obligarla a declarar ante los órganos jurisdiccionales que los integrantes de la FECI formaban parte de una organización criminal que inventaba delitos. “Querían que yo dijera eso para empezar a negociar mi libertad y que aceptara los cargos al decir que denunciar administrativamente un juez es delito”, declaró.
También la exfiscal relató que después de que una periodista denunció los maltratos y torturas de las que estaba siendo víctima en la prisión, fue enviada a otra cárcel de máxima seguridad. “Nunca voy a olvidar las palabras del juez Sergio Mena: ‘A ver si así aprende a permanecer callada’. Esas fueron sus palabras cuando me mandó a máxima seguridad”, relató Laparra.
Al salir bajo medidas alternas a la prisión, Laparra relató que de los casi dos años que estuvo encarcelada sufrió tortura, malos tratos y burlas de exfuncionarios judiciales procesados por corrupción que ostentaban privilegios carcelarios, mientras ella permanecía encerrada e incomunicada.
La falta de acceso a atención médica oportuna durante un año, pese a que presentaba hemorragias, también tuvo consecuencias graves en su salud provocando que la sometieran a múltiples intervenciones quirúrgicas, sin el derecho a una recuperación adecuada.
Además denunció que fue sometida a tortura psicológica al negársele el derecho a tener comunicación con sus hijas. “Sufrí de depresión y desesperanza, preguntándome si todo lo que había hecho en mi carrera había valido la pena”, escribió al respecto.
En un proceso aparte, el 8 de julio de 2024, el Tribunal Segundo de Sentencia de Quetzaltenango condenó a Laparra a una pena de cinco años de prisión sustituible por una multa de Q15 por cada día de prisión, por el delito de revelación de información reservada.
Además, la inhabilitó para ejercer su profesión como abogada por cinco años, y para ser funcionaria pública por 10 años. La acusación señala que reveló información reservada en el caso donde se procesaba al mismo exfutbolista, pero por el delito de extorsión.
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