Campesinos exigen la protección de los recursos naturales y el cese de la criminalización
Escrito por Isela Espinoza
Durante la manifestación pacífica de organizaciones campesinas y estudiantes universitarios resaltaron demandas que buscan acceso a la tierra, a servicios básicos y el cese de la persecución contra líderes indígenas y defensores que defienden el territorio ante el avance del extractivismo.
Por Isela Espinoza
En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, cientos de campesinos dejaron sus comunidades y sus trabajos para estar este miércoles 22 de abril en la caminata pacífica convocada por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
“La tierra no se vende, se defiende”, fue una de las consignas que resonó en los bloques que partieron desde cuatro puntos de la ciudad de Guatemala: El Trébol, Obelisco, Calle Martí y Periférico. Aunque estaba previsto que la manifestación diera inicio a las 8:00 horas, desde las 4:30 de la mañana empezaron a arribar hombres, mujeres, niños, niñas y juventudes en los alrededores de los lugares señalados como punto de partida.
Algunos viajaron desde la noche del martes para exigir sus derechos que la mayoría de veces desconocen. Magdalena Morente, originaria de Cubulco, un municipio de Salamá del departamento de Baja Verapaz, viajó seis horas junto a otros nueve representantes de su comunidad. Según contó a Prensa Comunitaria, desde las 22:00 horas dejaron sus labores de rutina para estar presentes en la caminata. Ella tiene 12 años de pertenecer a CODECA y afirmó que es un espacio en el que ha aprendido que el Estado debe garantizar los derechos básicos de una población mayoritariamente olvidada, criminalizada y despojada de sus tierras.
Magdalena recordó que cuando inició la organización campesina en su comunidad la demanda que planteaban era el acceso a la energía eléctrica. Aunque tuvo un tiempo este servicio básico, lo canceló ante los altos costos. Una de las demandas de esta caminata también es pedir al Gobierno que nacionalice la energía eléctrica y que cese la concesión de la energía eléctrica a empresas como ENERGUATE Y EEGSA.
Magdalena caminó junto a otros campesinos que llegaron a El Trébol, luego en alrededor de cuatro horas se enfilaron por la Avenida Bolívar, El Palacio de Justicia, Congreso y Palacio Nacional.
Aunque el cansancio era notorio, Magdalena está convencida que acuerpar esta manifestación es necesario ante las vulnerabilidades, falta de acceso a la salud y educación, servicios básicos, alza de la canasta básica y los desalojos que viven en el interior del país.
“Si nosotros no nos levantamos se apoderan los corruptos porque ahorita los diputados se están subiendo su salario y nosotros en las aldeas, en los caseríos estamos aguantando los altos costos de las cosas. La vida ya es imposible”, dijo Magdalena quien forma parte de los campesinos que cortan y producen café en Baja Verapaz.
Con el aumento de la gasolina, los precios del abono e insecticida para este cultivo también ha aumentado su precio.
“A muchos no les interesa participar (en organizaciones campesinas) pero a mi sí porque tengo hijos y nietos”, resaltó Magdalena.
Magdalena salió de Cubulco, Baja Verapaz, desde las 22:00 horas del martes. Es una de las mujeres que participa en CODECA desde hace 12 años. Foto: Isela Espinoza
Criminalización y Acuerdo de Escazú
En las consignas y carteles que portaron los y las campesinas, resaltó la defensa del territorio y sus recursos naturales frente al extractivismo, la exigencia de una ley de aguas acorde a sus necesidades y no de grupos de poder, así como el cese a la criminalización y persecución contra líderes comunitarios y defensores del territorio.
Leocadio Juracán, dirigente del Comité Campesino Del Altiplano (CCDA), dijo que la articulación que se dio este miércoles es para demostrar su inconformidad ante el abandono del campo. “No se han atendido las demandas del campesinado sino al contrario se ha aumentado la criminalización violando los derechos humanos”, comentó.
El también exdiputado, fue detenido en 2025 en el Aeropuerto La Aurora cuando se disponía a viajar a Sudáfrica a una conferencia internacional acusado de usurpación agravada y provocación de incendios forestales. En agosto de ese año, logró su libertad condicional. Un juez de Izabal lo ligó a proceso únicamente por el delito de usurpación agravada y le impuso una fianza de Q50 mil. Organizaciones de derechos humanos consideran el caso de Juracán como parte de la criminalización contra defensores comunitarios que aumentó durante el periodo de la fiscal general del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras.
Durante la marcha, los campesinos y la comunidad sancarlista exigieron al presidente Bernardo Arévalo la elección de una persona idónea para ocupar el cargo de jefe o jefa del MP. Esta semana, la Comisión de Postulación concluyó la integración de la nómina final y el Ejecutivo ya confirmó su recepción. Aunque Porras quedó fuera, existen entre los seis candidatos que le entregaron a Arévalo, perfiles con vínculos corruptos.
Otra de las demandas fue que el Estado de Guatemala ratifique el Acuerdo de Escazú, en el marco de la protección de las y los defensores de derechos humanos y de la Madre Tierra. Este acuerdo es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe adoptado en 2018 y en el que se garantiza el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Pero también es el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
“El gobierno de Arévalo ha sido indiferente ante la necesidad de la mayoría de la población de acceder a la tierra para vivir y alimentarse dando continuidad a los desalojos que día a día desplazan a cientos de familias sin otorgarles ninguna opción priorizando el uso de la fuerza y poniendo a disposición de los terratenientes y finqueros elementos de la policía y del ejército para atacar a las comunidades”, leyó un representante de CODECA frente al Congreso de la República.
En el Palacio de Justicia se reunieron dos bloques de campesinos que salieron de El Trébol y del Obelisco. Foto: Isela Espinoza
Los manifestantes también repudiaron la mercantilización de la Madre Tierra a través de acciones como la privatización del agua. Las organizaciones aseguran que la Ley de Aguas se está construyendo a espaldas de las comunidades a pesar de ser los principales garantes de este recurso natural. “Condenamos el mercantilismo de la Madre Tierra porque ella no es un recurso, sino un garante de derechos”, se lee en el comunicado redactado por las organizaciones campesinas y universitarios.
Frente al Palacio Nacional, se instaló una tarima para que representantes de los 22 departamentos pudieran pasar a expresar sus demandas. Entre quienes participaron estuvo la excandidata presidencial del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP) brazo político de CODECA.
Cabrerra en su discurso abogó por que la soberanía alimentaria llegue a diversas comunidades y municipios. Además, alertó que, en época de campañas electorales, suele verse a alcaldes y diputados tomarse fotos con supuestos beneficios para las áreas olvidadas el resto de los años no electorales. “Exigimos que haya subsidio para campesinas y campesinos y no a empresas privadas. Exigimos también que el gobierno no siga entregando nuestra soberanía a los gringos. Aquí los pueblos originarios tenemos derecho”, agregó.
Vista panorámica de la Plaza Central cuando los cuatro bloques de la marcha se unieron en uno solo. Foto: Isela Espinoza
Universitarios analizan acciones
“La USAC no es laboratorio de fraude”, se leía en uno de las mantas que portaron estudiantes universitarios que partieron del Centro Universitario Metropolitano (CUM) hacia el Trébol en donde se encontraban las organizaciones campesinas.
Sergio Cano, uno de los representantes del movimiento estudiantil universitario, dijo que la crisis institucional que atraviesa la USAC es el reflejo de lo que pasa a nivel institucional en cuanto a la cooptación de la justicia que a pesar de realizarse las elecciones de segundo grado continúan personajes con vínculos corruptos en cargos claves dentro de la Corte de Constitucionalidad, y Tribunal Supremo de Justicia y Ministerio Público.
Por otro lado, denunció que Arévalo durante su gestión ha mostrado que está a favor de las élites económicas y del imperialismo norteamericano y no del campesino y trabajadores.
“No importa si cada cuatro años cambian los rostros en las instituciones del Estado porque la corrupción y la pobreza solo siguen avanzando”, afirmó.
Desde el 8 de abril, cuando Walter Mazariegos consolidó la cooptación de la USAC con su fraudulenta reelección, la comunidad universitaria en resistencia a realizado vigilias, protestas frente al campus central y otras sedes del país y jornadas médicas o de asesoría gratuita para expresar su rechazo a la crisis que atraviesa la única universidad pública del país.
Según Cano, se encuentran analizando las acciones que continuarán haciendo como llevar las jornadas médicas y de asesorías gratuitas a barrios populares de la capital.
Estudiantes universitarios acuerparon a los campesinos con consignas que mostraron la unión de las demandas de ambos sectores. Foto: Isela Espinoza
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Isela Espinoza
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