Barreras insuperables para ejercer derechos de las mujeres
Escrito por Juan Luis García
Por Juan Luis García
Los femicidios son la expresión más visible de la violencia permanente que atraviesan las mujeres en Guatemala. Datos del Ministerio Público (MP) reportan que el número de víctimas fallecidas por femicidio entre agosto de 2008 y agosto de 2026 creció en 460%. ONU Mujeres advierte que una de cada dos mujeres mayores de 15 años ha experimentado agresiones en este país. Entre 2018 y 2024, el RENAP computa nacimientos de 14,696 niñas menores de 14 años, la mayoría de las veces convertidas en madres contra de su voluntad. Existen muchos datos que informan de los altos índices de violaciones a los derechos de las mujeres, pero es igualmente alta la pésima gestión estatal de datos, la impunidad y la incapacidad de las instituciones públicas para prevenir la violencia contra las mujeres y para frenar la impunidad que existe a su alrededor.
Violencia estructural y continuada
Guatemala se posiciona sistemáticamente entre los países con las tasas más altas de violencia de género, femicidios y vulneración de derechos de las niñas en América Latina. “En Guatemala, se intersecan el patriarcado, el racismo, el clasismo y esto hace que se naturalice el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Sumado a un contexto de permisividad y reproducción de la violencia a lo largo de sus trayectorias de vida, desde que son niñas, adolescentes, jóvenes, mayores y con distintas intensidades según su origen étnico, clase social, orientaciones, identidades”, explica Ana Lucía Ramazzini, investigadora especializada en género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Esa violencia también sucede en los contextos donde se reproduce la desigualdad económica. La inequidad en el valor del trabajo y la distribución de los recursos pone a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad ante diversos riesgos, incluidos la violencia de género. La Nota Estratégica 2026-2030 de ONU Mujeres sobre Guatemala refiere que el 75% de las mujeres labora en la informalidad y que Guatemala refleja un puntaje de 105 a nivel general y 108 en zonas urbanas en el Índice de Feminización de la Pobreza; así, por cada 100 hombres en pobreza hay, respectivamente, 5% y 8% mujeres más en la misma condición.
En otra medición, la ENCOVI 2023 (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida) mostró una tendencia histórica en la vida de las mujeres, al registrar que dedican más de 41 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado, en comparación con las 8.3 horas de los hombres, lo que muestra una desigualdad estructural desde los hogares que estigmatiza a las mujeres como servidoras e inferiores y penetra de modo invisible en la cultura guatemalteca. La dependencia de ingresos de las mujeres constituye otra ruta casi segura para volverse un mecanismo de violencia y control. El 14.93% de las mujeres en Guatemala ha experimentado violencia económica en algún momento de su vida, de acuerdo con el informe de ONU Mujeres. “El femicidio es la punta del iceberg y generalmente es el resultado de un continuum de violencia contra las mujeres. La prevención, entonces, implica transformar las condiciones que producen y reproducen violencia”, comenta Ramazzini.
Mujeres en el sistema de justicia
Human Rights Watch sostiene que el Estado no ofrece respuestas efectivas frente a esta violencia continuada. A las graves barreras sociales se suma la incapacidad gubernamental para desplegar una prevención integral y sistémica y para sancionar las violencias. No existe coordinación interinstitucional y tampoco se cuenta con entidades y mecanismos para registrar y derivar oportuna y debidamente la información sobre los casos. Cuando la violencia ocurre, las mujeres y sus familias deben enfrentar, además, un sistema de justicia que no responde de manera oportuna ni reconoce la violencia de género.
Los propios registros del Ministerio Público arrojan cifras distintas. Entre enero y julio, la base general de delitos contra la vida registra 113 casos al filtrar por femicidio y personas fallecidas. Sin embargo, ante una solicitud específica de información hecha por RUDA, el MP reportó 73 femicidios para ese mismo período. El área de estadística de la institución explicó que los registros pueden cambiar conforme avanzan las investigaciones, ya que los hechos pueden ser recalificados y las bases actualizarse de forma retroactiva. Al 28 de septiembre, el Observatorio del MP registraba 150 víctimas de femicidio.
La travesía por el sistema de justicia tiene también implicaciones violentas para las víctimas mujeres. Un informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en Guatemala, publicado en junio de 2026, resalta que el sistema de justicia es descrito por defensoras de derechos de las mujeres como “poco receptivo en el mejor de los casos, y hostil en el peor”.
La mayoría de denuncias en los departamentos llegan a juzgados de paz y luego deben ser remitidas al Ministerio Público, de acuerdo con un estudio de Abogados sin Fronteras del año 2022 sobre el Acceso a la Justicia de Mujeres y Niñas Indígenas Víctimas de Violencia Sexual y Violencia de Género, realizado en Chimaltenango, Sololá y Alta Verapaz. Ahora bien, la abogada Lucía Xiloj, una de las autoras, comenta que muchas mujeres indígenas no son admitidas a la hora de continuar un caso judicial.
“Lamentablemente, cuando la víctima va sola no es atendida igual. En este estudio tuve la oportunidad de entrevistar a varias víctimas y eso es lo que muchas veces reclamaban, la diferencia entre ir acompañada por una organización o inclusive por una mujer que tenga reconocimiento en el ámbito local, ya que hace que los casos avancen mucho más rápido“, relata la Licda. Xiloj.
La mayoría de los casos atraviesan obstáculos que inciden en la falta de condenas. Entre las observaciones del informe de la visita de la Relatora Margaret Satterthwaite se concluye que en Guatemala: "El femicidio sigue siendo rampante y las condenas todavía raras".
Casos empantanados
Los tiempos con que el sistema de justicia recorre los casos son frustrantes para las familias.
El siguiente es un caso antiguo, que ha caminado lento y aún no tienen sentencia definitiva:
Litzy quería ser trabajadora social y ayudar a los demás. Desde que era adolescente su padre notó su vocación. Escuchaba a sus compañeros de clase, los asistía con comida y no era indiferente a sus necesidades. Ese impulso de solidaridad acompañó a la joven de Teculután, Zacapa, hasta la carrera que cursaba cuando fue secuestrada y asesinada en octubre del 2020. Desde entonces, su padre, Edgar Cordón, libra una travesía judicial. Pese a que el caso tuvo una sentencia de 70 años de prisión en junio, ahora la familia de Litzy encara una nueva instancia judicial en sala de apelaciones para dejar en firme la sentencia. “Ninguna justicia, ningún tiempo que le puedan dar a él, nos va a devolver a Litzy a nosotros”, afirma Cordón, quien asegura no buscar venganza, sino justicia.
Los jueces Carlos Pacay, Margarita Leonardo y Héctor Rosales que conforman el Tribunal Segundo Pluripersonal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer del departamento de Guatemala apuntan que los retrasos en los procesos judiciales son producto de un efecto de bola de nieve de retrasos burocráticos y de una realidad que los rebasa: no hay suficiente personal de justicia en el país.
Guatemala cuenta con ocho jueces por cada 100 mil habitantes, una cifra lejana a los 18 con los que debería contar, explicó Pacay. Estos problemas de proporción entre habitantes y funcionarios se repiten en el resto de instituciones de procuración de justicia, alertó.
Los tres jueces estudian el caso de Neidy Julissa Gonzales López, una joven de 24 años que fue asesinada en 2011 en un restaurante de la colonia Florida, zona 19. El debate está plagado de ausencias. El presidente del Tribunal Segundo de Femicidios Carlos Pacay preguntó el 8 de septiembre al fiscal Edgar Maaz, qué pasó con cuatro peritos que no se presentaron a declarar. Este le contestó que ya no trabajan en el INACIF. La testigo convocada este día, una joven salvadoreña, tampoco pudo ser localizada. Nadie atestiguó por Neidy este día.
La jueza Margarita Leonardo detalla que el caso de Neidy Gonzales, de nacionalidad hondureña, inició en 2011, pero se atrasó debido a que hay una escasez de jueces. “Era humanamente imposible llevar las audiencias en su tiempo. Todo eso se va retrasando, que si hay perito, si hay testigos o dejan de trabajar en INACIF, o si hay policía; nos pasa muchas veces que fallecen y los testigos se pierden, o pierden el interés porque ya pasaron muchos años, entonces acá en debate, ya en la última etapa, son cadáveres los que vamos encontrando por ese retardo de justicia y no es achacable únicamente a los jueces”, justifica Leonardo.
El pasado 17 de septiembre de 2026, en una nueva sesión, el Tribunal declaró absuelto al posible victimario, Herbert Alexander Corado, por falta de pruebas que debieron ser recolectadas en su contra por el MP. El asesinato de Neidy es otro cierre en impunidad.
Más allá del hogar
Los casos de violencia contra la mujer hace décadas dejaron de ser considerados como un asunto meramente intrafamiliar y empezaron a considerarse un asunto que demanda la intervención de políticas públicas. “Un problema que afecta a la mitad de la población del mundo no puede ser un problema privado”, explica la socióloga Silvia Trujillo.
Así la responsabilidad del Estado también implica tomar medidas para prevenir la violencia y atender las causas estructurales que la producen. Guatemala está suscrita a la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que en sus recomendaciones 19 y 35 obligan al Estado con la responsabilidad de proteger la integridad de las mujeres.
Prevenir, bajo esta perspectiva, implica intervenir sobre las condiciones que permiten que la violencia se reproduzca, no únicamente atender sus consecuencias. “Una mujer no puede participar en ningún aspecto de su vida en igualdad de condiciones si sufre violencia”, reflexiona Trujillo. Se requiere de programas y de apuestas de inversión en materia de educación, economía, trabajo, salud y justicia, con bolsas presupuestales acordes y un enfoque de género en todas las instituciones. “El Ministerio Gobernación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación deberían hacer prevención, es decir, todas las instituciones tendrían que ver con acciones ya de prevención, de atención o de garantías de no repetición, pero todas nos están quedando deber”, denuncia Trujillo.
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