Autoridades indígenas exigen justicia para Luis Pacheco y Héctor Chaclán a un año de su captura
Escrito por Simón Antonio y Isela Espinoza
Líderes y lideresas indígenas de diferentes territorios se movilizaron este jueves junto a familiares de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, para exigir que se respete el debido proceso y que su prisión preventiva sea revisada ante las irregularidades del caso a un año de su detención.
Por Isela Espinoza y Simón Antonio Ramón
“Defender la democracia no es terrorismo”, exclamaron autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán en un pronunciamiento frente al Palacio Nacional. Hace un año, el 23 de abril de 2025, Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron detenidos por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y posteriormente ligados a proceso por los delitos de asociación ilícita, terrorismo y obstaculización a la acción penal imponiéndoles la prisión preventiva.
En 2023, Pacheco era presidente y Chaclán tesorero de los 48 Cantones de Totonicapán. Ambos lideraron junto a otras autoridades indígenas un paro nacional que antecedió las protestas históricas en defensa de la democracia ante el intento del MP de anular los resultados electorales.
Las cinco juntas directivas y el consejo de alcaldes de los 48 Cantones, integrada por al menos 180 personas y otras 150 autoridades indígenas de diferentes pueblos entre ellos de Iximulew y Santa Lucía Utatlán, Sololá, así como miembros de la sociedad civil se movilizaron pacíficamente este jueves por las principales calles de la capital, dijo Eduardo Tax, presidente de los 48 Cantones.
La movilización se inició en el MP ubicado en el Barrio Gerona en donde por 106 días, las autoridades indígenas de diferentes territorios mantuvieron un plantón que fue levantado la madrugada del 15 de enero de 2024 luego de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran la presidencia y vicepresidencia.
Ahí previo a la caminata que terminó en el Palacio Nacional, Tax leyó un comunicado en el que recordó que durante el plantón del 2023, las autoridades indígenas solicitaban la renuncia de Porras y fiscales como Rafael Currichuche y del juez Fredy Orellana por su participación en un intento de golpe de Estado y la violación del Estado de derecho.
“Hoy a un año de la detención de nuestros hermanos Héctor Chaclán y Luis Pacheco regresamos a este mismo lugar para recordar que la resistencia pacífica no es terrorismo y que la lucha por la democracia no se criminaliza con figuras penales ambiguas. Las autoridades indígenas obedecemos a nuestras asambleas comunitarias. En 2023 como ahora fueron todos nuestros pueblos que se alzaron para defender la democracia”, manifestó Tax.
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Durante la marcha, también hicieron una parada en la Corte de Constitucionalidad (CC) en donde las autoridades de los 48 Cantones pidieron que se acepte una acción de inconstitucionalidad que se presentó en 2025, por el delito de terrorismo en el que argumentan que la redacción ambigua de este delito facilita la criminalización de la protesta social y a autoridades indígenas.
Israel Méndez, de la organización religiosa Centinelas Guatemala, también presentó un amicus curiae “para abonar a lo que ya la defensa y los pueblos han presentado en la Corte”. Méndez expresó su rechazo ante la detención arbitraria de Pacheco y Chaclán. “No avanza en nada el proceso que les han iniciado de manera espuria. La defensa de la democracia no es terrorismo, ejercer un derecho ciudadano protegido por la Constitución de la República como la manifestación pacífica no es terrorismo por eso hemos presentado este amicus que esperamos proceda en la Corte de Constitucionalidad”, dijo Méndez.
El 25 de julio de 2025 se venció el plazo de investigación para el MP. Sin embargo, desde entonces el proceso ha tenido varias irregularidades como el no haber asignado en los plazos de tiempo a un juez para conocer la etapa intermedia. Durante los últimos 10 meses, se han registrado dos recusaciones y han sido separados cuatro jueces del proceso desde la renuncia del juez Mario Rodrigo Flores, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal.
El pasado 10 de febrero, se conoció que el caso ya no continuaría en el Juzgado B de Primera Instancia Penal por una recusación en contra del juez Arnulfo Carrera, promovida por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo.
El caso fue trasladado al Juzgado Séptimo a cargo del juez Fredy Orellana, quien ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en el socavamiento de la democracia en Guatemala. Además, ordenó la cancelación del partido Semilla, en julio de 2023, y ha perseguido a periodistas y exfiscales.
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Durante la protesta, Juan Castro, defensa de Pacheco y Chaclán, denunció el litigio malicioso para atrasar el proceso a través de acciones legales de la Fundación contra el Terrorismo y del Ministerio Público.
“Necesitamos a un juez que conozca el proceso, que resuelva su situación. La necesidad de salir a protestar y seguir alzando la voz es por el derecho a la resistencia y la manifestación pacífica”, dijo. Además, señaló que han presentado una oposición a la prórroga de la prisión preventiva requerida por Orellana que también se excusó de seguir conociendo el proceso por lo que presentarán otras acciones legales para que no se siga estancando.
“Se ha buscado la forma únicamente para mantenerlos encerrados”, dijo Salvador Xik, autoridad indígena de las 14 comunidades de San Cristóbal, Totonicapán. Agregó que pese a la criminalización y persecución emprendida por el MP continúan alzando la voz en defensa de las exigencias de la población.
Actualmente, se está a la espera de la designación por parte de Arévalo del nuevo o nueva fiscal general del MP por lo que Xik desea el cese de la criminalización contra la población. Castro también abogó por una mayor objetividad de parte del nuevo o nueva jefa del MP. “Esa objetividad implica revisar las acciones que se han pedido, incluso revisar si es necesario mantenerlos en prisión”, agregó Castro.
El abogado de Pacheco y Chaclán también recordó que dentro del expediente del caso de las exautoridades de los 48 Cantones también se encuentra el de Esteban Toc Tzay, vicealcalde indígena de Sololá. Él fue detenido en agosto de 2025 y se encuentra desde hace seis meses con arresto domiciliario recibiendo tratamiento médico. “Él también está sufriendo esta lentitud porque con él llevamos seis meses sin juez”, agregó Casto. En arresto domiciliario también se encuentra Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán.
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Pronunciamientos
Luego de llegar al Parque Central, Arévalo recibió a las autoridades indígenas frente al Palacio Nacional en donde ambos dieron un pronunciamiento.
Al momento de su detención, Pacheco era viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas, una institución clave en la gestión de recursos naturales y territorio. Arévalo resaltó que tanto Pacheco como Chaclán eran funcionarios de su gobierno. El presidente denunció en su discurso la injusticia con la que han sido tratados y sometidos a una persecución judicial sin las garantías mínimas del debido proceso.
“Su caso se suma a una lista larga de acoso, hostigamiento y criminalización contra otras autoridades indígenas, contra jueces y fiscales honestos, contra periodistas y defensores de derechos humanos. Mientras tanto, a lo largo de este año hemos constatado cómo casos en donde verdaderos delincuentes se mantienen en total impunidad”, agregó Arévalo.
También dijo que ya está analizando los seis perfiles de la nómina final para elegir al o la próxima fiscal general con el compromiso de un cambio en el MP.
En tanto, a través de un comunicado las autoridades indígenas de los pueblos mayas Xinka mostraron su solidaridad con Pacheco y Chaclán. Además, rechazaron la actuación del MP de Consuelo Porras y jueces afines al Pacto de corruptos “quienes demuestran el uso del derecho penal como una herramienta de represión” contra ellos.
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) también emitió este jueves un comunicado demandando la libertad de las exautoridades indígenas de los 48 Cantones y de Sololá. Además, hicieron un “llamado urgente” a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal para que, en cumplimiento de su deber garantice el derecho a un juez independiente e imparcial y al debido proceso. Así como de revisar la medida de prisión preventiva impuesta a Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
“Con relación al abuso de la prisión preventiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado reiteradamente que esta medida debe ser de carácter excepcional, aplicable únicamente cuando sea necesaria para asegurar los fines del proceso, y no puede ser utilizada como una forma de pena anticipada ni fundamentarse en criterios abstractos como la gravedad del delito. Asimismo, ha establecido que la prolongación indebida de la prisión preventiva, sin control judicial efectivo, constituye una violación al derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia”, agregaron.
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