Foto: Francisco Simón Francisco

A un año de la Política de Protección a Defensores en Guatemala: entre el papel firmado y la desprotección en los territorios

Escrito por Glenda Alvarez

A doce meses de la aprobación de la Política Pública de Protección, la comunidad defensora denuncia falta de presupuesto,  parálisis institucional y que las medidas policiales inadecuadas dejan desprotegidas a las comunidades y lideresas en los territorios.

Por Glenda Alvarez

Han transcurrido doce meses desde que el gobierno de Bernardo Arévalo oficializó el Acuerdo Gubernativo 198-2025, dando vida a la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (PPPDDH). 

Nacida como un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el caso histórico de la familia Gudiel Álvarez, a un año de su publicación, la evaluación de la comunidad defensora expone una profunda brecha entre el decreto formal y la realidad en los territorios.

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Sin presupuesto asignado, con el Consejo Coordinador paralizado y bajo esquemas de seguridad puramente policiales y precarios, la protección integral a la vida sigue siendo una deuda pendiente del Estado guatemalteco.

El marco legal conquistado frente a la agresión que no cesa

El 13 de noviembre de 2025 marcó un hito en la historia de las luchas sociales en Guatemala. Tras más de dos décadas de impunidad y casi nueve años de un complejo proceso de construcción participativa impulsado por las organizaciones comunitarias, el Ejecutivo aprobó el Acuerdo Gubernativo 198-2025. 

Esta medida dio cumplimiento a la sentencia emitida el 28 de agosto de 2014 por la CIDH en el Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala, por la desaparición forzada de José Miguel Gudiel Álvarez durante la guerra en Guatemala y del posterior asesinato de su padre, el líder comunitario Florentín Gudiel Ramos, en 2004.

En el ámbito jurídico, la entrada en vigencia de la política supuso un avance sin precedentes. Por primera vez en el país, el Estado reconoció formalmente la figura de la persona defensora de derechos humanos, respaldada por la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos y por la Instrucción General 05-2018 del Ministerio Público, la cual orienta el debido proceso de investigación con sensibilidad ante barreras lingüísticas y riesgos de desplazamiento.

En 2024 se logró reactivar la Instancia de Análisis de Ataques contra Personas Defensoras dentro del Ministerio de Gobernación (MINGOB), abriendo mesas de trabajo sobre criminalización, defensa del territorio y pueblos originarios, y protección a periodistas. Como mecanismo de respuesta rápida ante emergencias, se puso en marcha la línea telefónica 1543.

No obstante, las defensoras y defensores en las comunidades enfatizan que contar con un marco normativo no ha detenido la violencia estructural. 

El registro de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) muestra cómo desde el año 2000 (cuando se contabilizaron los primeros 220 incidentes) el modus operandi de vigilancia, difamación, amenazas y asesinatos ha mutado hacia la criminalización sistemática. 

Muestra de ello es que, solo entre abril y junio de 2018, UDEFEGUA registró 14 asesinatos de defensores indígenas y del territorio, mientras que entre 2019 y 2023 se reportaron 3,559 agresiones contra mujeres defensoras, concentradas en departamentos como Guatemala, Izabal, Alta Verapaz y Chiquimula.

Como denuncia la defensora Makrina Gudiel en entrevista con este medio, en la práctica cotidiana los discursos de odio persisten, a las mujeres defensoras se les sigue estigmatizando como “conflictivas”, a los defensores de la tierra se les acusa de “oponerse al desarrollo”, a las identidades LGBTIQA+ se les tilda de “destructoras de la familia” y a quienes exigen justicia transicional se les descalifica como “trasnochados”.

“Jurídicamente la figura de persona defensora de derechos humanos queda establecida. Aunque nos sigan llamando a las mujeres defensoras peleoneras o a los defensores del territorio que se oponen al desarrollo, ahora contamos con un marco normativo nacional e internacional que nos da el derecho de defender la vida”, destacó Makrina Gudiel.

Parálisis institucional: sin Consejo, sin presupuesto y con un Estado cooptado

El balance a doce meses revela que los principales obstáculos para pasar de la firma del decreto a la ejecución real de sus 52 líneas de acción derivan de la debilidad institucional y la persistencia de actores ligados al “pacto de corruptos” en las estructuras administrativas del Estado.

Según el diseño de la Política Pública, el Ministerio de Gobernación funge como Ente Rector (con la obligación legal de formular políticas y planes de seguridad pública para garantizar la paz y la vida, según el artículo 36 de la Ley del Organismo Ejecutivo), mientras que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) asume la Secretaría Ejecutiva del Consejo Coordinador (conforme al inciso j de su mandato de seguimiento a sentencias internacionales).

Este Consejo Coordinador debía constituirse como el órgano articulador entre ministerios, encargado de elaborar su propio reglamento, formar comités de acción por ejes de atención y proyectar el presupuesto correspondiente. Sin embargo, la comunidad defensora y las peticionarias del caso señalan que el balance del primer año arroja graves omisiones.

Hasta la fecha, según Makrina Gudiel, el Ejecutivo no ha convocado a la junta de ministros ni a las jefaturas de las carteras obligadas para instalar el Consejo Coordinador ni para proyectar los presupuestos de 2026 y 2027.

La entidad encargada de la Secretaría Ejecutiva carece de personal técnico capacitado y fondos propios. Los pocos talleres de “sensibilización” a funcionarios estatales se han ejecutado gracias al financiamiento y apoyo solidario de organizaciones no gubernamentales.

La Instancia de Análisis de Ataques del Ministerio de Gobernación (Mingob)  se encuentra actualmente inoperante, dado que las organizaciones de la comunidad defensora no han sido convocadas a dar seguimiento a los acuerdos.

Las respuestas de la Dirección de Protección y Seguridad (DPPS) de la Policía Nacional Civil (PNC) continúan aplicando análisis de riesgo meramente formularios (basados en el levantamiento de un acta simple). 

Las medidas se reducen a patrullajes de una patrulla motorizada con dos agentes tres veces al día alrededor de la vivienda, o a la asignación de seguridad personal donde la víctima se ve obligada a cubrir los gastos de transporte, combustible, alimentación y hospedaje de los policías, sin considerar el enfoque de género, territorial, generacional ni cultural.

Tercera audiencia del caso de Florentín Gudiel en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Créditos: UDEFEGUA

El caso Florentín Gudiel: 22 años de espera y un fallo que perpetúa la impunidad

La fragilidad del sistema de protección y la persistencia de la impunidad quedaron al descubierto en el propio proceso judicial de la familia Gudiel. 

Entre agosto y octubre de 2026, casi 22 años después del asesinato de Florentín Gudiel Ramos, se llevó a cabo el juicio oral y público en el Tribunal de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, contra el sindicado Selvin Geovani Arana Esquit.

El debate expuso el desgaste de un proceso donde la escena del crimen fue alterada durante décadas y donde la muerte de actores clave sirvió como argumento para pretendidos vacíos probatorios. 

A pesar de que las víctimas y testigos sobrevivieron a los años de intimidación y comparecieron a declarar, el tribunal emitió una sentencia absolutoria a favor del acusado.

El fallo ha sido apelado por la familia, que ratifica su compromiso de litigar hasta alcanzar justicia digna. Sin embargo, la apertura del juicio incrementó drásticamente las amenazas contra Makrina Gudiel. 

Frente a este repunte de riesgo, la respuesta del Estado se limitó a esquemas policiales tradicionales que trasladaron la carga logística a la defensora, demostrando que la protección estatal sigue careciendo de un enfoque humano e integral.

Las exigencias innegociables para el segundo año de vigencia

Frente al inicio del segundo año de la Política, la familia Gudiel, la Red de Defensoras de Derechos Humanos y la comisión de observación de la Comunidad Defensora plantean exigencias concretas e innegociables al Gobierno y a las instituciones del Estado.

Primero, exigen al Ministerio de Gobernación, como Ente Rector, convocar sin más dilaciones a la estructura formal de la política, garantizando la participación real, sustantiva y permanente de la comunidad defensora para iniciar la construcción del Sistema de Protección Integral.

Segundo, demandan al presidente de la República ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores el envío inmediato del Acuerdo de Escazú al Congreso para su ratificación, como herramienta fundamental para proteger a las personas y comunidades que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Tercero, reclaman la incorporación de las observaciones hechas por el gremio de periodistas y comunicadores comunitarios a la propuesta de su mecanismo de prevención y protección, previo a la emisión del Acuerdo Gubernativo correspondiente.

Cuarto, exigen partidas financieras claras en el Presupuesto General de la Nación para que el Mingob, la Copadeh y las fiscalías especializadas dispongan de capacidad operativa real y descentralizada en los territorios.

Una herramienta de lucha que debería defender la vida

La Política Pública de Protección no es una concesión gubernamental ni un documento estático. Al estar cimentada en una sentencia internacional de la CIDH, el Estado de Guatemala está obligado a rendir informes periódicos sobre sus avances, lo que convierte a la norma en un instrumento permanente para la auditoría social.

Para Makrina Gudiel, esta política es una ofrenda sagrada cimentada sobre el dolor de las familias golpeadas por la guerra y la violencia de la posguerra.

Su valor no reside en la burocracia estatal, sino en la fuerza organizativa de las comunidades que la utilizan como escudo para exigir justicia, ejercer el control ciudadano y defender los territorios.

A un año de su aprobación, el mensaje de las defensoras en Guatemala es que existan menos palabras y más acciones. 

La protección efectiva no se mide en decretos publicados en papel, sino en la garantía plena de que defender los derechos humanos en Guatemala deje de costar la vida.

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Glenda Alvarez

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