Han pasado siete meses desde que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” reconoció las historias de 36 mujeres maya Achi pronunciando una sentencia condenatoria contra 5 expatrulleros por violencia sexual. Sin embargo, el camino después de la sentencia en la sala y toda la esperanza que generó para las sobrevivientes va cuesta arriba. Tanto el Estado de Guatemala como los acusados se niegan a reconocer su responsabilidad y a reparar dignamente a las víctimas.

Estado e implicados rechazan la sentencia

La sentencia que 36 mujeres Achi esperaron por más de 10 años fue apelada seis veces: una por cada acusado, y la sexta por la Procuraduría General de la Nación (PGN). Todas las apelaciones fueron aceptadas por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, presidida por el magistrado Edwin Roberto Ruano. Incluso se aceptó una presentada fuera del plazo de 10 días por el Instituto de la Defensa Pública Penal a nombre del condenado Gabriel Cuxum Alvarado.

Por su parte, la PGN no quiere cumplir ninguna de las 12 medidas de reparación y las consideran ilegales, ya que según su criterio el Estado no es responsable de los delitos. “En todo momento negaron la responsabilidad del Estado en la creación de las PAC”, explica la abogada de las mujeres Achi, Haydée Valey.

Incluso cuestionaron la decisión de las mujeres de iniciar el proceso penal contra los patrulleros, aduciendo que algunas ya habían recibido algún tipo de reparación por el Programa Nacional de Resarcimiento. “El tribunal hizo un análisis muy objetivo de que el programa no sustituye que se deduzca la responsabilidad penal por las agresiones que cometieron los patrulleros”, resalta la abogada.

La justicia en el limbo

Mientras la sentencia no se ratifica, las 12 medidas de reparación que habían sido establecidas siguen sin realizarse. “Legalmente no se pueden cumplir mientras la sentencia no quede firme”. Esto también por una falta de voluntad política de las instituciones responsables, menciona la abogada, porque se podrían adelantar algunas medidas.

Sin embargo, los retrasos en la obtención de justicia no se refieren solo a las medidas sino todo proceso legal que han atravesado las sobrevivientes. Este llevó más de 10 años, donde incluso dos de las 36 denunciantes han fallecido. Con ello en mente, la abogada reflexiona sobre cuántas mujeres podrán conocer la justicia.

No realizan la audiencia establecida

Para conocer estas apelaciones se debe realizar un segundo debate entre las partes. Las abogadas defensoras de las mujeres Achi habían sido citadas para el 7 de julio a la audiencia respectiva, sin embargo esta no se realizó porque los apelantes y el MP habían presentado sus argumentos por escrito.

“Nos tocó impugnar, presentamos una actividad procesal defectuosa porque la ley establece que se debe realizar ese debate, no es una opción. Teníamos tanto derecho a ser escuchadas como quienes apelaron”, explicó la abogada Valey.

Hasta el momento sigue sin establecerse una fecha para este debate. La solicitud de las abogadas es que se agende una fecha para que puedan resolverse las apelaciones a la sentencia y que la condena pueda quedar firme. Sin embargo, para esto pueden pasar incluso años, lamenta la abogada, ya que es un camino jurídico largo que ya comenzó a retrasarse con las impugnaciones de los acusados y el Estado.

“La impugnación debería tramitarse de forma más fácil porque es el mismo órgano el que debe resolver, pero no hay plazos establecidos”, mencionó la abogada, enfatizando que el debate debe realizarse con todas las partes: las mujeres Achi como querellantes, su defensa, el MP y los acusados.

Si la sala no acepta las argumentaciones de las mujeres, ellas continuarían el camino legal para defender su sentencia y este podría ir de impugnación en impugnación, hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad.

La sentencia histórica

El 24 de enero de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” presidido por la jueza Yassmin Barrios condenó a 30 años de prisión a los expatrulleros Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado por haber violado sexualmene y esclavizado domésticamente a 36 mujeres Achi.

Este juicio reconoció la violencia sexual como una forma de delito contra los deberes de la humanidad, señalando la gravedad de los hechos realizados bajo la tutela del Ejército de Guatemala a través de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).