Walter Mazariegos arremete contra estudiantes y trabajadores de la USAC
El Consejo Superior Universitario, dirigido por Walter Mazariegos y su secretario Luis Fernando Cordón Lucero, iniciarán procedimientos disciplinarios buscando imponer sanciones a estudiantes, profesionales y trabajadores que rechazaron la imposición de Mazariegos como rector.
Por Ruda en colaboración con Prensa Comunitaria
A través de redes sociales se hizo público un análisis jurídico compuesto por 55 páginas, y promovido por el Consejo Superior Universitario (CSU) dirigido por Walter Mazariegos y Luis Fernando Cordón Lucero, secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quienes buscan utilizarlo como respaldo para imponer sanciones administrativas contra estudiantes, profesionales y trabajadores que apoyaron el movimiento universitario que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector.
El dictamen menciona que el análisis jurídico sobre la procedencia de instaurar medidas disciplinarias se realiza a raíz de la “posible responsabilidad administrativa por la conducta de estudiantes, personal docente, trabajadores administrativos y de servicios en la irrupción, obstaculización e impedimento en el acceso al Campus Central, zona 12”.
En el documento se menciona al menos a 80 personas; entre estudiantes, personal docente y administrativo, que habrían respaldo el movimiento universitario. Incluso se incluye a actuales diputados como Raúl Barrera y Román Castellanos, quienes no tienen ningún vínculo laboral con la universidad.
En la conclusión del dictamen consta la viabilidad de “instaurar procedimiento disciplinario; en contra de los estudiantes, personal académico y trabajadores administrativos y de servicios”. Además, se recomienda que en caso se resuelva iniciar procedimiento disciplinario, el Consejo Superior Universitario debe conceder audiencia a los estudiantes, personal académico, trabajadores administrativos de servicios y personas sin relación laboral pero vinculados a esta casa de estudios así como, a las personas sin vínculo jurídico con la USAC.
Ante la posibilidad de que los estudiantes, profesionales o trabajadores sean sancionados, podrían enfrentar una expulsión o destitución según sea el caso. Previamente, en el informe se establece que los mencionados tendrán derecho de defenderse ante el CSU. “En caso se determine iniciar procedimiento disciplinario, el Consejo Superior Universitario debe conceder audiencia a los trabajadores administrativos y de servicios, identificados en este expediente administrativo, para que ejercite su derecho de defensa, de conformidad con el Artículo 12 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, indica.
Persiste criminalización
En el informe se incluyó a estudiantes y profesionales que ya tienen órdenes de captura vigentes o un proceso penal por diferentes delitos. Entre ellos, Rodolfo Chang Shum, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Engelberth Gamaliel Blanco Telles, Javier de León, Diego Plutarco De León Prado, Adrián Camilo García Flores, y otros que no tienen vínculos con la USAC.
Un primer grupo de criminalizados ya están vinculados al caso por los delitos de usurpación agravada y depredación de bienes culturales. En los últimos días el juez “A” del Juzgado Décimo Penal empezó una nueva audiencia de primera declaración para un segundo grupo de estudiantes, sindicalistas y profesionales que fueron vinculados al caso contra la resistencia universitaria.
En este segundo caso están señalados: Cindy Gabriela Dávila Morales, hermana del exdiputado Aldo Dávila; Hada Marieta Alvarado Beteta; Amílcar Enrique Bremer Ramírez; Kevin Alexander Junior Carrera Vielman; Juan José García Marroquín; Miguel Ángel Vásquez Rodríguez; Paulo Roulet Pellecer; y Andrea Nicole Prera De León.
El MP ha buscado que se les ligue a proceso por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, usurpación agravada en forma continuada, asociación ilícita y sedición.
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Mazariegos enfrentará un juicio
El viernes de la semana pasada, el rector de facto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos Biolis, se excusó de acudir al inicio del juicio en su contra por una demanda laboral presentada por una extrabajadora de esa casa de estudios con el argumento de padecer problemas de presión arterial alta.
La excusa médica fue presentada por su abogado Jorge Manuel Marroquín en el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal en Torre de Tribunales, a cargo de la jueza Francisca Vásquez, quien conocerá el caso.
La excusa médica no fue conocida por el Juzgado ya que el abogado de Mazariegos también presentó una recusación en contra de la jueza Vásquez, señalando que en una audiencia previa ella había externado su opinión sobre el fondo del asunto.
Mazariegos enfrenta un juicio por desobediencia por no reinstalar a la extrabajadora de la USAC, Regina Carolina Morgan, quien trabajaba en el área jurídica de la USAC y quien lo demandó en un juzgado laboral.
El 14 de mayo 2023, se cumplió un año de la imposición de Walter Mazariegos como rector de facto de la USAC. Cuando el Consejo Electoral impidió la participación de 90 electores con el apoyo de la policía, grupos de choque y de agentes de una empresa de seguridad privada. Violentando principios de la autonomía Universitaria autorizaron y ratificaron una elección fraudulenta con 72 personas afines a Walter Ramiro Mazariegos Biolis, quienes pese al rechazo de decenas de universitarios ingresaron por otras puertas y votaron a su favor.
La acción se llevó a cabo a pesar de la serie de amparos y denuncias penales que, desde el 27 de abril de 2022, intentaron revertir la exclusión de 20 de los 34 cuerpos electorales legítimamente electos. También por la falta de idoneidad de Mazariegos para convertirse en rector, pues consta en denuncias que no contaba con los cinco años de ejercicio docente que establece la ley interna de la USAC.
A más de un año de este evento que sacudió a las principales organizaciones y agrupaciones universitarias y dieron paso a una de las resistencias más largas en la historia reciente de la USAC, el tema continúa judicializado por 21 recursos legales y amparos en varias cortes. Además, las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público han avanzado. La mayoría de estas fueron rechazadas y varias de ellas planteadas por las autoridades universitarias en contra de estudiantes y trabajadores.