Hoy, varias Organizaciones Trans exigieron frente al Congreso de la República la implementación de acciones para erradicar la agenda política conservadora y patriarcal, en el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Esto mientras el gobierno desarrolla la Política Pública de Protección a la Familia y a la Vida, que podría afectar a la comunidad LGTBIQ y a otros sectores sociales.

Las organizaciones como la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala y la Organización Trans Reinas de la Noche; señalaron que el “objetivo principal de esta fecha es denunciar la discriminación de la que son objeto las personas Trans en sus diversas interseccionalidades con identidad y pertinencia étnica, desde infantes hasta personas adultas y trabajadoras sexuales, entre otras”.

Además, abordaron la necesidad de ser tomadas en cuenta y generar el ambiente propicio para la discusión y creación de una “Ley Integral Trans”.

Entre sus principales demandas están:

1. Mantener la disponibilidad de los tratamientos antirretrovirales y otros productos relacionados con la prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
2. Ser consideradas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en los programas orientados a personas que sufren las secuelas de la COVID-19.
3. Ser tomadas en cuenta en los programas de reactivación económica.

De acuerdo a Henry España, de la Defensoría de Personas de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el año pasado, el Ministerio Público (MP) recibió 150 denuncias de ataques contra la comunidad LGTBIQ y la PDH 22. También se registraron 19 asesinatos en el Observatorio de Muertes Violentas de las Personas LGTBIQ, parte de la Red Nacional de la Diversidad Sexual, dice.

El defensor España refiere que, actualmente, Guatemala no tiene leyes ni políticas específicas para la protección de la comunidad LGTBIQ, ni siquiera ha podido reconocer sus derechos. Esto pese a que en 2012, el Estado se comprometió con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para entablar comunicación con las personas de la diversidad sexual y así poder crear una política que las protegiera.

“El borrador de la política estuvo en manos de la extinta Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) y Segeplan, pero desde 2018 no ha tenido avances. Por el contrario, lo que está haciendo el Gobierno es crear una política de protección a la vida y la familia para atacar a este sector de la población”, señala España.

La historia de Adriana en la búsqueda de reconocimiento

Adriana tiene 39 años. Es la Coordinadora del programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de Otrans, y se identifica como mujer trans.

Ser mujer trans en Guatemala no le ha sido fácil. Ha sido una experiencia tortuosa, cuenta. Sobre todo por los prejuicios, por las ideologías conservadoras y la misma estructura en que está organizado el Estado, pues no le brinda soluciones a los sectores sociales. Entre ellos, las personas trans.

“He sido, por años, trabajadora sexual y ese fue el espacio que me permitió pagar mis estudios universitarios”, dice con orgullo. Adriana ha atravesado dificultades desde que era muy joven cuando fue expulsada de su hogar por admitirse mujer trans.

Y esta realidad de violencia también la viven otras que, como ella, son arrojadas a la calle. “Ni nuestras familias ni el Estado se han comprometido a cuidarnos. Somos expulsadas desde temprana edad y nos orillan a contextos hipervulnerables. Donde ejercemos, como única opción, el trabajo sexual para poder subsistir, para poder tener dónde dormir. Comer es una cuestión de mendicidad. A veces hay, a veces no”, refiere.

“Vivir en un Estado guatemalteco, es vivir frente a un genocidio social. Porque es el mismo Estado el que promueve que se nos discrimine, se nos violente y se nos viole”, expresa.

Mujeres trans de distintos departamentos como Escuintla, Izabal, San Marcos, Suchitepéquez y Guatemala, fueron asesinadas de manera violenta en el primer año de la pandemia. Ante este panorama, Adriana asegura: “tengo el privilegio de seguir con vida”.

El año pasado, las restricciones impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19, también afectaron a las mujeres trans.

“No podíamos pagar un hotel, un cuarto, la alimentación, o poder usar mascarillas, guantes, caretas, gel y agua potable para lavarnos las manos. Si no fuese por las organizaciones sociales, la situación hubiese sido más caótica”, asegura. Algunas mujeres trans adquirieron Covid y otras fallecieron, pero no se sabe a ciencia cierta cuántas fueron porque el Ministerio de Salud no lo registró, indica.

La mayoría de las mujeres trans son del interior del país y pertenecen a comunidades mayas. Así que son estigmatizadas en diferentes niveles. Ante esta situación de vulnerabilidad, se ven orilladas a aceptar trabajos informales para paliar la pobreza.
Al menos el 65% de ellas ejerce el trabajo sexual.

Adriana dice tener claro que es responsabilidad del Estado garantizarles protección. “Eso que promueven de manera fundamentalista, conservadora y religiosa, debe de promoverse desde una pertinencia progresiva y con respeto. No solo a esas familias religiosas, sino a los diferentes sectores sociales”, afirma.

Por eso, la comunidad trans ha intentado incidir en la generación de leyes y políticas.
En 2017, Otrans y la exdiputada Sandra Morán, propusieron la iniciativa 5395 al Congreso de la República, llamada la “Ley de Identidad de Género”. Este proyecto buscaba rectificar la identidad de las personas trans en las partidas de nacimiento y demás documentos de identificación, además de promover el acceso a la vivienda, trabajo y educación, sin ser sujetas a discriminación. Pero la propuesta recibió dos dictámenes desfavorables de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Mujer, dirigidas por los exdiputados de ultraderecha, Fernando Linares Beltranena y Aníbal Rojas.

Rojas también fue impulsor de la iniciativa 5272, que buscaba prohibir la difusión de programas de ideología de género o la enseñanza de conductas sexuales distintas a la heterosexualidad; el matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.

Esta iniciativa guarda un paralelismo con la Política Protección a la Vida e Institucionalización de la Familia que el Ejecutivo quiere implementar en junio próximo. El Comité Técnico que el Presidente Alejandro Giammattei conformó, no contemplaría la protección de la vida a las personas trans ni la viabilización para tengan familias.

Por eso, para Adriana, ser mujer trans “es una historia teñida en sangre”.

Con información de Prensa Comunitaria.