Autoridades indígenas de los diversos territorios de Guatemala se movilizaron este lunes en 21 puntos a nivel nacional, para participar en un paro nacional indefinido, exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios públicos porque aseguran que han atentado contra el proceso electoral y el voto popular.

Por Angie Ross

La movilización ciudadana desplegada en 21 puntos a nivel nacional, entre ellos Cuatro Caminos, en la ruta Interamericana, Palín, Escuintla,Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango, Chimaltenango, El Quiché, Chiquimula, Alta Verapaz, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, entre otros,  fue convocada porque el pasado sábado 30 de septiembre el Ministerio Público (MP) realizó un nuevo allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para tomar posesión de las actas  4 y 8 de las elecciones generales. En esas actas se registró la suma de los votos en cada mesa de votación y la suma de los resultados a nivel de distrito.

Esta acción fue justificada por el MP sin especificar para qué se llevaron esa información, ya que es una “investigación bajo reserva” y dijeron que todas sus diligencias estaban respaldadas legalmente. Dijeron que, dado que las elecciones ya habían concluido, los resultados electorales se encontraban oficializados en un acuerdo respectivo, por lo que no se vulnera la voluntad del voto. 

Cabe destacar que esta medida se llevó a cabo a pesar de la resistencia inicial de los magistrados del TSE y sus intentos de persuadir a los fiscales de considerar alternativas, como escanear los documentos o hacerlos públicos para garantizar la transparencia en el proceso electoral.

 “La democracia ya se murió, pero el pueblo de Guatemala venimos a revivirlo” 

Desde tempranas horas de este lunes, mujeres, hombres, autoridades ancestrales y miembros de los diversos pueblos indígenas se congregaron frente al Ministerio Público. Marta Velásquez, en representación de su comunidad en Santa Cruz Chinautla, exigió que se tomen acciones concretas en respuesta a las medidas tomadas por el Ministerio Público. 

"Queremos que haya justicia, porque ya estamos cansadas de estos corruptos. Todos los días, están subiendo todas las cosas. ¿A dónde vamos a llegar? Nosotros somos gente pobre, no somos gente millonaria para seguir pagando todas las cosas", expresó Marta.

Las y los manifestantes expresaron su firme apoyo a la democracia y su deseo de ver la justicia prevalecer, ya que están agotadas de lidiar con la corrupción que afecta sus vidas diariamente, ya que las ha llevado a enfrentar desafíos en diversos aspectos de su vida, incluído el económico, por lo tanto, cuestionan las acciones tomadas por el Ministerio Público, planteando interrogantes sobre el irrespeto que están demostrando hacia el pueblo de Guatemala.

La alcaldesa comunitaria Luz Emilia Ulari, declaró con determinación: "Ya no más. El país de Guatemala está unido contra los corruptos. Las leyes las hicieron, pero no para nosotros. La democracia se ha debilitado, pero el pueblo la revitalizará. No nos moveremos de aquí hasta que se cumplan nuestras demandas, especialmente la renuncia de los ineptos. Tenemos el poder en nuestras manos, y no les tenemos miedo. Somos la mayoría, somos el país entero. No defendemos un partido, sino la democracia”, enfatizando la importancia de la unidad del pueblo guatemalteco en este movimiento contra la corrupción. 

Rosa García, líder en Totonicapán, expresó su firme posición, al manifestarse en contra de las acciones ilegales del Ministerio Público, particularmente en relación con la fiscal general Consuelo Porras, que según ella, recibió apoyo de Rafael Curriche Cucúl y posteriormente del juez Fredy Orellana para emitir órdenes ilegales.

Enfatizó que la manifestación tiene como objetivo proteger y defender el voto como un ejercicio ciudadano que ocurre cada cuatro años. Rosa García hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que, a pesar de las preocupaciones sobre corrupción, esta vez tome una acción que quede en la historia y no sea cómplice de las irregularidades. 

También instó a la Corte de Constitucionalidad a actuar de manera urgente en vista de la situación de rompimiento democrático, destacando su facultad para otorgar amparos provisionales. Rosa subrayó la importancia de la manifestación pacífica del pueblo de Guatemala, según el artículo 45 constitucional y pidió a las mujeres y a la comunidad en general que se unan en la lucha por el futuro, el bienestar y el buen vivir de sus hijos.

Población indígena afectada

En Guatemala, la población indígena es de las más vulnerables a la pobreza y pobreza extrema.

Según el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) la pobreza en Guatemala afecta al 75% de la población indígena y al 36% de la población no indígena en Guatemala. Además, la desnutrición crónica afecta al 58% de los indígenas, en contraste con el 38% de los no indígenas. 

En cuanto a la participación política, los indígenas representan menos del 15% de los diputados y funcionarios públicos de alto rango. Estos datos se respaldan con información oficial, como el informe titulado "Inversión en pueblos indígenas, según el presupuesto ejecutado en 2015", publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales de Guatemala en julio de 2017. 

Estas cifras ponen de manifiesto las profundas disparidades sociales y económicas que todos los días enfrentan los pueblos indígenas del país, que desde sus diversas formas de organización y dinámicas sociales seguirán en acciones de protesta en defensa del proceso electoral.