El próximo lunes 8 de julio, el juez Moisés de León, del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, resolverá el futuro legal de la exfiscal Virginia Laparra.

 Por Mirna Alvarado

La fiscal de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), Brenda Guzmán, solicitó al juez Moisés de León una pena de cinco años de prisión y uno más por las agravantes de alevosía y premeditación, es decir un total de siete años de cárcel para Virginia Laparra.

Guzmán también pidió que, por 12 años, la exfiscal de la FECI en Quetzaltenango sea inhabilitada para ejercer su profesión, además de pagar una multa de Q50 mil. La petición tuvo lugar durante la cuarta jornada del debate oral y público donde cada sujeto procesal presentó sus conclusiones.

 “De conformidad con lo que establece la ley, la inhabilitación especial será por el doble de la pena que en este caso serían seis, el doble sería 12 años, la ley también establece la multa”, dijo Guzmán.

Previo a la solicitud de la pena, la fiscal mencionó que como máxima prueba del delito de “revelación de información confidencial”, se cuenta con la publicación de un medio de comunicación donde constan datos a profundidad de un caso bajo reserva.

El artículo al que hizo referencia la funcionaria del MP, se publicó el 5 de julio de 2017, donde se retratan los motivos de la suspensión de una audiencia realizada un día antes (4 de julio de 2017), en la que se señalaba al exfutbolista René Arturo Villavicencio de cometer el delito de extorsión y lavado de dinero, al mismo tiempo tenía un convenio de colaboración eficaz la cual habría sido otorgada por el entonces juez de mayor riesgo, Lesther Castellanos.

Después de la intervención de la fiscal del MP, el juez concedió la palabra a los querellantes adhesivos para que dieran a conocer sus conclusiones finales. Tanto Lesther Castellanos y Omar Barrios se adhirieron a la petición, solicitando un resarcimiento de daños.

En tanto que Barrios señaló que con la revelación de información se puso en riesgo la vida del colaborador eficaz y de otros sujetos procesales, además de haberle causado daño a su persona por emitir opiniones académicas sobre el caso en cuestión.

“He sido señalado y perseguido, incluso por organismos internacionales por señalar los errores que cometieron funcionarios y exfuncionarios de la FECI bajo la tutela de la CICIG”, refirió. En su intervención pidió al juez que se certifique lo conducente contra Flor de María Gálvez, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Barrios y Castellanos han sido sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, fueron incluidos en la lista Engel por considerarlos actores “corruptos y antidemocráticos”.

Entre los querellantes también figura el representante legal de Ricardo Méndez Ruíz, de la Fundación Contra el Terrorismo, y la Procuraduría General de la Nación (PGN), ambos únicamente indicaron que se adherían a la petición de la fiscalía.

Después de un receso de 15 minutos fue el turno de la defensa, quienes iniciaron con la reproducción de un audio de la audiencia realizada el 4 de julio de 2017. En dicha grabación se escuchó a la exfiscal argumentando las razones por las que se debía suspender dicha audiencia.

La defensa enfatizó la importancia de analizar ese audio ya que contiene hechos relevantes que no fueron expuestos por la fiscalía. Auxiliados con una presentación la abogada Cristina Alonzo, señaló que el Ministerio Público no logró demostrar la intención de revelar información confidencial por parte de Laparra, debido a que esa información no tenía carácter de reservada según la ley.

La abogada Cristina Alonzo enfatiza que a lo largo del proceso judicial, el MP no pudo establecer la comisión del delito por el que se acusa a la exfiscal Laparra

Agregó que la información proporcionada por Laparra en la audiencia del 4 de julio de 2017 era general y no ponía en riesgo la investigación ni la administración de justicia. “Por eso solicitamos, honorable juzgador, que se analice exhaustivamente las pruebas y declaraciones presentadas ya que no existe evidencia que sustente la comisión del delito imputado a nuestra representada”, dijo Alonzo.

Rompe el silencio

En lo que va del proceso, la exfiscal Virginia Laparra se mantuvo en silencio, evitó prestar declaración; no obstante, después de los alegatos de réplica de parte de los acusadores y la defensa, el juez procedió a darle un tiempo.

Laparra aseguró que este es un caso de criminalización por no ceder a presiones. "Soy inocente", dijo ante el juez. “Estoy aquí por ser mujer, ser abogada, por no haberme plegado a los intereses y amenazas, por no ceder a las presiones de una orden de aprehensión. Estoy aquí y sigo aquí”, afirmó.

La exfiscal denunció que en lo que va de este proceso ha sido víctima de insultos, burlas y condiciones represivas y misóginas que se vieron aumentados cuando dio declaraciones a un medio de comunicación, cuando estuvo en una prisión de máxima seguridad, “este proceso demuestra que una mujer que trabaja contra la corrupción y que habla es considerada peligrosa”, dijo.

Hizo mención de que el querellante Lesther Castellanos intimidó a la madre de la exfiscal para exigirle que aceptara los cargos, lo mismo hizo con su hermano (Luis Laparra) quien al inicio de este proceso llevaba su defensa. También denunció que el exjuez de Mayor Riesgo y ahora relator Contra la Tortura, la amenazó y le advirtió que no descansaría hasta verla presa.

“No acepté, no acepto, ni voy a aceptar ningún delito jamás, yo no he cometido ningún crimen. No soy una criminal, tengo un curriculum intachable, el cual ellos (los querellantes) han reconocido públicamente en esta audiencia”.

Virginia Laparra aprovechó el espacio otorgado por el juez para hacer fuertes declaraciones en contra de los querellantes. 

“Había que dar un mensaje de que a la corrupción se le respeta y por eso estuve dos años presa”, recalcó ante el juez Moisés de León.

Virginia Laparra concluyó su intervención pidiendo al juez que después de realizar el análisis correspondiente se le declare inocente.

Este es el segundo juicio que afronta la exfiscal y jefa de la FECI en Quetzaltenango. Laparra fue encarcelada desde el 22 de febrero del 2022, el Tribunal Octavo de Sentencia la encontró culpable de abuso de autoridad y le impuso una condena de cuatro años de prisión conmutable en 2023. Recobró su libertad en enero de este año, el denunciante también fue el exjuez Lesther Castellanos.

Organismos internacionales han calificado estos casos como un ejemplo claro de persecución en contra de fiscales anticorrupción.