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Virginia Laparra enfrenta un proceso penal por venganza, señalan sectores

Foto: Veronica Orantes

Cuatrocientos sesenta y dos días ha pasado en prisión Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, quien enfrenta un largo proceso para  poder demostrar su inocencia. El 16 de diciembre del año pasado, Virginia fue condenada a cuatro años de cárcel por abuso de autoridad, una sentencia considerada por su abogada defensora, Geraldine López, como ilegal e injusta. 

Las abogadas defensoras de Virginia Laparra, Claudia González y Geraldine López, presentaron este martes un recurso de casación, que busca revertir la condena de cuatro años de prisión impuesta por la jueza del Tribunal Octavo de Instancia Penal, Oly González. Virginia fue condenada por denunciar al exjuez de Mayor Riesgo y Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos ante la Junta Disciplinaria Judicial. Virginia denunció a Castellanos porque consideró que cometió faltas a nivel ético cuando era juez.

La abogada Claudia González recordó que las denuncias administrativas que presentó Virginia, no pueden ser consideradas como un delito, ya que ese fue el argumento que se usó para condenar a Virginia hace cinco meses. En la batalla que se inició para  demostrar que Virginia es inocente, se presentó una apelación contra la sentencia en la Sala Segunda de Apelaciones, pero ese recurso fue rechazado. Ahora sus abogadas  esperan una respuesta favorable con el recurso de casación que presentaron ante la Cámara Penal,  una acción legal previa a recurrir a la Corte de Constitucionalidad. 

Durante la conferencia de prensa que se realizó en la plaza de los Derechos Humanos, frente al Palacio de Justicia en la ciudad capital, se indicó que además de justicia, el nuevo recurso busca evidenciar la manipulación de los mecanismos de justicia para dictar sentencia sin evidencias que determinen las causas.

No es justicia, es venganza

“Estamos viviendo un proceso de venganza, lamentablemente estamos en una situación en la que el Ministerio Público protege a los corruptos y persigue a quienes lucharon contra la corrupción”, señaló José Manuel Martínez, representante de la  Alianza por las Reformas que aglutina a 40 organizaciones sociales de Guatemala. 

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado que existe una ola de persecución penal  en contra de fiscales que trabajaron en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que inició con la llegada de María Consuelo Porras como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Hasta el momento hay 11 exfiscales se encuentran en el exilio, indicó el exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, quien también salió del país. En la actualidad, ocho mujeres exfiscales también de la Feci, afrontan un proceso penal en los tribunales nacionales

“En el caso de Virginia, como ciudadana la considero totalmente inocente de todo lo que se le imputa, es además injusto lo que está viviendo a nivel de aplicación de justicia, se nota que hay una persecución  para quienes señalaron la corrupción durante tanto tiempo”, manifestó en una entrevista la escritora, investigadora social y Directora del Hogar la Alianza, Carolina Escobar Sarti. 

La Feci y la Comisión Especial Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pusieron tras las rejas al binomio presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti acusados de pertenecer a una estructura que desfalcó al Estado. También señalaron a empresarios y políticos. Virginia dirigió investigaciones que vinculaban a funcionarios de la municipalidad de Quezaltenango procesados por malversación de los fondos.  Por esa razón, el caso penal contra Virginia es visto como venganza y no cómo un proceso justo.

La Alianza por Reformas y organizaciones Internacionales como Impunity Watch y Amnistía Internacional también han destacado que  al denunciar a Lester Castellanos a nivel ético, Virginia no cometió ningún delito, por lo que consideran que  es la primera mujer presa de conciencia en época democrática en Guatemala.

Un segundo juicio en puerta

El 22 de mayo pasado quedó suspendido el inicio del segundo juicio contra Virginia, debido a que el juez Moisés De León presentó una excusa en la que argumentó ser amigo del exjuez Lesther Castellanos, quien también es denunciante en este caso, junto a la Fundación contra el Terrorismo y Omar Barrios. Sin embargo, dicha excusa fue rechazada esa misma semana por la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango. 

Para la abogada defensora, Geraldine López, se debe garantizar la imparcialidad del proceso penal: “dentro del sistema de administración de justicia las garantías de imparcialidad y objetividad de un juicio justo y limpio deberían ser primordiales para la administración de justicia. Sin embargo, la Sala Quinta asevera que no hay motivo ninguno para asumir la excusa presentada e indica que él -Moisés De León- debe seguir conociendo”. 

Virginia  es acusada en este caso supuestamente por revelación de secretos, ya que habría revelado información confidencial al solicitar la suspensión de una audiencia e indicar que estaba en espera de una resolución para saber si el exfutbolista René Villavicencio se convertiría en colaborador eficaz o no en un caso que seguían. En el 2018, Villavicencio fue condenado por extorsionar  a cambio de información de la CICIG. 

En una entrevista para RUDA, Virginia  reiteró que no tiene “nada de qué avergonzarse” y que considera los casos en su contra injustos y como una venganza.

https://www.rudagt.org/temas/mas-alla-de-las-audiencias-de-virginia-laparra

La defensa de Virginia no se detiene y también presentó un amparo por considerar que existen vicios en este proceso.a abogada explicó que no se ha garantizado la imparcialidad debido a que en cuatro ocasiones la jueza Carmen Acú Recinos, fue recusada o ella mismo se excusó de conocer la primera fase del proceso penal contra Virginia en Quetzaltenango. 

La abogada Geraldine explicó que el amparo debiese ser admitido y de ser así, el proceso penal tendría que retrotraerse a la fase inicial de primera declaración. 

Sobre el  recurso de casación, indicó que la Cámara Penal podría demorar desde  seis meses o incluso años para resolver,  según la experiencia,pero enfatizó  que junto a Virginia seguirán en la batalla por demostrar que es inocente.