Era casi mediodía, el calor se desbordaba por los pasillos de la Torre de Tribunales y apenas corría aire mientras el termómetro marcaba una temperatura de 30 grados centígrados aproximadamente;  con paciencia la abogada defensora Geraldine López, permaneció afuera de la Sala segunda de Apelaciones del Ramo Penal en el décimo nivel, en espera de la resolución que finalmente fue denegada a su defendida, la exfiscal Virginia Laparra. Pasaron cuatro meses desde que Virginia presentó ese recurso legal que buscaba revertir la condena de cuatro años en su contra y demostrar así su inocencia. 

Así se vivió la jornada de este martes 9 de mayo, donde se confirmó que Virginia, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, continuará en prisión debido a que la Sala Segunda de Apelaciones dejó firme la condena que se le impuso porque habría cometido  abuso de autoridad al denunciar cuatro veces por la vía ética al exjuez y Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos, una sentencia que impuso la jueza del Tribunal Octavo, Oly González el 16 de diciembre del año pasado. 

La abogada López enfatizó que esa resolución “era algo que veíamos venir” y añadió que  a pesar de todo seguirán  la batalla  con las herramientas legales que estén disponibles, para demostrar la inocencia de Virginia.

“Estamos agotando todas las vías legales que podemos y aunque en las cortes nacionales no nos den la razón a nuestro requerimiento, sabemos que en algún momento van a ser escuchados nuestros argumentos y nuestras razones. Esa es la esperanza que tenemos porque confiamos y sabemos que Virginia es inocente”, explicó López tras leer la resolución de la Sala. 

La apelación de Virginia fue presentada el 10 de enero pasado y en ella la defensa buscaba anular  la sentencia en su contra y que el juicio se volviera a repetir porque consideran que denunciar no es un delito. Además, la defensa señala que el caso contra Virginia, se trata de una criminalización por la labor que realizó al frente de la Feci y según López Virginia es una presa política. 

Argumentos de la Sala

La Sala Segunda de Apelaciones  señaló en la sentencia que hizo una valoración individual y de la prueba que fue presentada en el juicio contra Virginia, en el que describe testimonios y documentos que respaldan de una manera “legítima e inequívoca”. 

Además, según la Sala el delito impuesto es idóneo en relación a la condena impuesta contra Virginia. El Ministerio Público solicitó al Tribunal Octavo de Instancia Penal una condena de ocho años de cárcel contra la exfiscal. 

La Sala argumentó que la defensa no logró desvanecer la acusación contra Virginia.

Sala rechaza petición del MP

El Ministerio público apeló también la sentencia dada por la jueza González, debido a que reclamó la denegación de la reparación digna porque pidió a la exfiscal  el pago de Q218 mil 958 por los daños causados al Estado de Guatemala y que en este caso fueron también solicitados por la Procuraduría General de la Nación (PGN).  

La PGN solicitó a la jueza González que Virginia debía devolver los salarios recibidos  entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, tiempo en el que presentó las acciones contra el exjuez. La petición fue rechazada debido a que la PGN “no explicó, ni fue claro cuál fue el daño ocasionado”, resolvió la jueza González. 

Además el MP  señaló que Virginia tiene “riesgos de desocialización, pues no es una persona común y corriente, la acusada es una funcionaria pública”.

La sala rechazó la petición del MP y resaltó:“Por último y no menos importante, se debe tomar en cuenta que las penas largas no contribuyen a los principios constitucionales de readaptación y reeducación social del condenado”. 

La batalla legal continúa

“Este tipo de casos no tienen otro nombre más que criminalización” resaltó López para RUDA en el que explicó que Virginia está consciente que es perseguida políticamente y que la lucha legal no finalizará ni en dos o en cuatro años, y que puede llevar más tiempo el demostrar su inocencia, pero que es un precio que está dispuesta a pagar para  demostrar que no cometió ningún ilícito.

El Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), Jorge Santos enfatizó que por la acción de denuncia Virginia no puede ser sometida a prisión. Recordó que además este caso denota que existe tortura contra la exfiscal.

“Las instituciones de justicia están más dedicadas a  hacer un acto de venganza por todos los casos de corrupción e impunidad que se destaparon durante el ejercicio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la anterior Feci, que a la procuración de la verdad” indicó, Santos. 

López explicó que analizarán el recurso legal que plantearán por el rechazó de la apelación y que tienen 15 días de plazo para presentarlo. 

Mientras tanto, Virginia continuará en prisión, una acción que sigue vulnerando sus derechos a la salud, la libertad y su inocencia, un principio consagrado en la constitución, puntualizó López.