Las abogadas defensoras de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, presentaron este martes una apelación en contra de la sentencia emitida el 16 de diciembre pasado por la jueza Oly González del Tribunal Octavo de Sentencia Penal del departamento de Guatemala, que la condenó a cuatro años de cárcel conmutables por abuso de autoridad. 

La acción penal busca revertir la condena de cuatro años de prisión conmutables a razón de 10 quetzales diarios por abuso de autoridad y la prohibición de trabajar en instancias del Estado, ya que la jueza González consideró que Laparra era culpable por denunciar administrativamente al exjuez en Quetzaltenango y Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos, que también figura querellante en el proceso penal contra la exfiscal.

Por su parte las abogadas defensoras indicaron que las cuatro denuncias administrativas contra el exjuez Castellanos no son constitutivas del delito de abuso de autoridad debido a que Laparra estaba autorizada para presentarlas, por lo que solicitaron a la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal revisar la condena.

“Consideramos que la sentencia en su totalidad debe ser revisada por la sala  y esperamos que la sala no se tarde tanto para que Virginia Laparra pueda gozar de la libertad” explicó la abogada defensora de Laparra, Claudia González, quien agregó que el trámite de la apelación puede durar incluso hasta 2 años, pero que esperan que no tarde ese tiempo.

El pronunciamiento lo hizo González junto a Wendy López, también abogada defensora, con el respaldo de diferentes organizaciones de la sociedad civil en una conferencia de prensa en la Plaza de los Derechos Humanos, ubicada frente al Palacio de Justicia en la zona 1 de la ciudad capital.

Las organizaciones como Alianza por las Reforma que aglutina a más de 40 organizaciones sociales, manifestaron estar en defensa de los fiscales e investigadores de la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que lucharon contra la corrupción en el país, especialmente entre los años 2015 y 2018. Además, realizaron un llamado a la población para acompañar el proceso: “hoy debemos estar cuando los corruptos están buscando poner tras las rejas a quienes les señalaron y les arruinaron sus negocios e hicieron que lo público se respetara”, enfatizó José Martínez, de Alianza por las Reformas.

Por otra parte, los manifestantes mostraron preocupación por el segundo caso contra Laparra en el fue ligada a proceso por la jueza Carmen Acú, acusada de revelación de secretos y enviada a prisión preventiva en una audiencia de primera declaración sorpresiva el pasado tres de enero. 

La abogada López explicó que ve parcializada a la jueza Acú, debido a que rechazó la recusación en su contra siendo la jueza que admitió que Lesther Castellanos fue su asesor de tesis.

Durante la conferencia López también se manifestó contra la reserva del caso en Quetzaltenango ya que considera que no cumple con los requisitos jurídicos y resaltó que durante 4 años el caso no estuvo en reserva e incluso hubo acciones públicas en twitter y Castellanos estuvo en programas televisivos.

La abogada Claudia González indicó que teme que Virginia pueda ser trasladada a la cárcel ubicada en Quetzaltenango ya que en ese lugar no se puede garantizar su seguridad física. 

Virginia Laparra fue condenada por abuso de autoridad por haber presentado cuatro denuncias en el ámbito ético contra el exjuez Lesther Castellanos, ya que denunció que este revelaba información de un caso que la exfiscal tenía a su cargo. Por su parte Castellanos la denunció debido a que señalan que ella no podía denunciar sin la autorización de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI.