El reciente ataque contra la diputada Sonia Gutiérrez Raguay, Quinta Secretaria de la Junta Directiva del Organismo Legislativo de Guatemala, ha puesto nuevamente sobre la palestra de la conversación pública la violencia contra las mujeres en el ámbito político. El incidente detonó en redes sociales comentarios que muestran la escasez de comprensión y falta de  respeto hacia el ejercicio y decisiones de las mujeres en cargos públicos.

Por Andina Ayala

Todo sucedió la tarde del 11 de julio durante la Cuarta Sesión Plenaria Extraordinaria, cuando en el pleno culminaba una acalorada discusión sobre la votación para aprobar el Estado de Calamidad Pública, decretado tres días antes por el presidente Bernardo Arévalo. 

Diputados de la oposición se negaron a apoyar la medida impulsada desde el Legislativo, y en cambio intentaron darle seguimiento a la moción que promovió el diputado Elmer Palencia, del partido Valor, para interpelar al ministro de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), Félix Alvarado.  

En ese contexto, algunos diputados liderados por Allan Rodríguez, jefe de bloque del partido Vamos, y Byron Rodríguez Palacios, diputado del distrito de Quetzaltenango por el partido Todos, se ausentaron del hemiciclo y se dirigieron a la oficina de la diputada Sonia Raguay y Juan Carlos Rivera, Cuarto Secretario de la Junta Directiva del Congreso. De manera intimidante exigieron que ambos miembros de la directiva regresaran al pleno y así continuar con la votación para interpelar al ministro del MICIVI.

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Según aclaró el diputado Rivera en sus redes sociales, salir del Pleno no incidía en la dinámica de la discusión ya que ni él, ni la diputada Gutiérrez, forman parte de la Comisión Permanente, que en el periodo extraordinario debe mantener vigente el quórum de las sesiones. 

Postura de Sonia Gutiérrez 

En sus redes sociales, la diputada Sonia Gutiérrez catalogó los hechos en su contra como formas de prepotencia e intimidación. “El amedrentamiento contra mi persona no es más que la expresión de ese patriarcado, racismo y violencia en su más profunda interseccionalidad, no lo toleramos, no callamos y lo denunciamos”, publicó en su cuenta de X. El 15 de julio presentó una denuncia contra el diputado Allan Rodríguez por amenazas e intimidación.

El 16 de julio el Juzgado Cuarto Penal notificó a la diputada que se inhibió de conocer el caso y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia, para iniciar el trámite de antejuicio  correspondiente. 

Las redes sociales se observaron polarizadas al respecto de la denuncia de la diputada, inclusive generó más expresiones de racismo, clasismo y violencia estética, desde cuentas falsas hasta cuentas de ex funcionarios públicos que ahora se dedican a influenciar la opinión pública a través de páginas de Tiktok, como el ex diputado Luis Azmitia.

Solidaridad de la bancada Semilla

En un acto de solidaridad, pero también de respeto hacia los derechos de las mujeres, las diputadas de la bancada Semilla, ofrecieron una conferencia de prensa el 16 de julio y exigieron públicamente a la Junta Directiva del Congreso que inicie de inmediato un proceso de investigación y sanción con perspectiva de género y etnia a las conductas de los diputados señalados por la diputada Raguay. 

Solicitaron a la Junta Directiva que active sanciones amparadas en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que habla sobre faltas a la ética dentro de esta institución, y para no incurrir en retrocesos en el tema derechos de las mujeres hicieron mención de la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto número 22-2008) y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).

Las diputadas recordaron que han sido coherentes con la defensa de los derechos de las mujeres en política, ya que son la bancada que más mujeres llevó al parlamento por su principio de paridad, y dentro de su bloque partidario las mujeres representan el 39% de los 23 legisladores que lo conforman. 

Violencia Política: muestra de exclusión del espacio público

Para la licenciada Claudia Say, experta en temas de género, la violencia política es una manifestación de violencia basada en el género, que involucra actos de violencia explícita o implícita, con el propósito limitar o restringir la participación política de las mujeres y en el caso de las mujeres indígenas se suma la discriminación doble, por ser mujer y ser indígena. 

Aunque han habido avances, la sociedad sigue sosteniendo roles sobre las mujeres que las obliga “tácitamente” a quedar fuera del ámbito público, es decir, fuera de donde puedan ejercer liderazgo y participación efectiva en cargos de elección popular, como alcaldesas, síndicas o diputadas. Por ello que cualquier transgresión a esta condición impuesta por la sociedad, genera manifestaciones de violencia. 

“Dichas conductas pueden ser individuales o grupales y se debe comprender que siempre menoscaban, anulan, impiden, limitan y obstaculizan los derechos políticos de las mujeres y mujeres indígenas”, concluyó Say.