En Guatemala, desde las cárceles y dentro de ellas se planifica y ejecuta la explotación sexual de adolescentes. Las autoridades investigan los casos de 12 menores de edad que fueron captadas para prostitución, bajo coerción o engaño, en los últimos ocho años. La falta de aplicación de la norma y del registro de estos casos, aunado al enorme poder de los criminales en este país, torpedean las distintas acciones de las entidades que intentan hacer frente a este delito.

Por Mariela Castañón
Ilustraciones: Diego Sánchez

Al momento de ser violadas tenían entre 12 y 16 años. La mayoría fueron escogidas por redes sociales y trasladadas en taxis, mototaxis y buses, bajo engaños o amenazas, a cuatro cárceles de hombres en Guatemala. Varias de ellas fueron abusadas sexualmente por más de un agresor y otras permanecieron en el lugar hasta 48 horas.

Estos son casos de violencia sexual reales identificados por autoridades judiciales. Esta investigación de Nuestras Historias, Plaza Pública, Ruda, Prensa Comunitaria, Factor 4 y CONNECTAS recopiló los casos de 12 adolescentes víctimas del mismo patrón criminal: ante la mirada inútil y la falta de aplicación de la norma por parte de las autoridades penitenciarias, bandas delincuenciales las ingresaron a las cárceles para violarlas entre 2016 y 2024.

El equipo tuvo acceso a los expedientes de los casos, de los cuales solo uno tiene sentencia e involucran a una mujer. Por esa razón, y por los riesgos que aún corren las víctimas, el reportaje omite detalles específicos de cada uno de los casos.
Las investigaciones de las autoridades dejan en evidencia la estructura criminal que está detrás de cada adolescente violentada sexualmente en las cárceles. No se tratan de delitos por oportunidades. Las víctimas fueron movilizadas de zonas urbanas a otros municipios, departamentos o frontera del país. Los expedientes también muestran cómo en todos los casos los criminales pagaron por los traslados y la vestimenta que usaron las jóvenes para ingresar a las prisiones, así como por la captación que realizaron las proxenetas y por no dejar rastro de la visita. En al menos una ocasión también pagaron por el alcohol y las drogas que obligaron a ingerir a dos víctimas.

Por el momento, los agresores sexuales identificados involucran a cuatro pandilleros del Barrio 18, el hijo de un narcotraficante y dos reos vinculados con él. Esos reclusos, por el poder económico que ostentan y por el temor que infunden, ejercen control en las prisiones donde están recluidos, de acuerdo con varias de las fuentes consultadas.

En las estructuras dirigidas por estos grupos, las proxenetas eran las encargadas de identificar a las adolescentes físicamente, obtener información sobre su entorno familiar o escolar, conocer sus necesidades económicas y afectivas. Todas eran mujeres, tenían edades entre 19 y 35 años, cinco están en prisión preventiva y enfrentan un proceso judicial. Ellas se encargaban de buscar el transporte para las adolescentes, acompañarlas hasta la entrada de la cárcel, pagar sobornos a los agentes penitenciarios y en ocasiones fingir que eran sus familiares. Las proxenetas también dejaban a las adolescentes entre cinco horas a dos días dentro de las cárceles, posteriormente volvían por ellas y les pagaban para que regresaran a sus casas, generalmente por sus propios medios.

Para este reportaje se entrevistó a fiscales, policías especializados, un juez, exministros de Gobernación, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y querellantes en varios de los casos que investiga la justicia. Todos advierten que es un problema más grande de lo que los datos permiten ver.

Por cada víctima de trata con fines de explotación sexual rescatada, treinta más son explotadas de forma clandestina y se encuentran ocultas, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

“Este es un tema de corrupción en primer lugar. (También) es un tema de falta de infraestructura física moderna que permita que los reos puedan ser clasificados de acuerdo a su peligrosidad mínima, mediana, gran peligrosidad; en las que efectivamente el personal de seguridad y administrativo sean mucho más capacitados y profesionales y se utilice toda la tecnología de punta para los controles de los reos”, explica Julio Rivera Clavería, abogado y exviceministro de Seguridad en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.

En el último año la policía ejecutó dos operativos para rescatar a las víctimas y desmantelar las estructuras que permiten la explotación sexual de adolescentes en las cárceles. En estas diligencias fueron acusados: 33 agentes penitenciarios, 11 miembros de bandas delictivas y siete reos.

Carlos Figueroa, fiscal contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), hace referencia a los operativos y explica que este es un delito que ha perdurado en el tiempo. “Esto hay que verlo como un fenómeno que se ha suscitado en la sociedad durante varios años. No hay que verlo como un caso aislado, porque estos casos generalmente empiezan pequeños y terminan siendo unos monstruos. La trata de personas no solo da la posibilidad de investigar delitos conexos, como el lavado de dinero, sino también la participación de las personas en las diferentes fases del delito, por ponerle un ejemplo: el captador”, dice Figueroa.

En abril pasado, 31 diputados ponentes de las bancadas Semilla, Unidad Nacional de la Esperanza, Cabal, Azul, Visión con Valores, Voluntad Oportunidad y Solidaridad firmaron la iniciativa de Ley 6384, que pretende evitar este delito. En la justificación de esta propuesta se advierte que “los casos de violaciones de personas menores de edad dentro de los centros de privación de libertad han ido en aumento exponencialmente (…) son ingresadas por adultos y han sido víctimas de delitos de violencia sexual o trata de personas”.

Pese a que estas acciones de las autoridades advierten de un problema sistemático, esta investigación evidencia que no existen registros oficiales que permitan establecer la verdadera magnitud de este delito. Ni siquiera de estos 12 casos, que el propio Estado investiga, hay registros en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) ni en las entidades encargadas de investigar y prevenir la explotación sexual y la trata de personas.

El primer caso que se conoció fue en octubre de 2009, cuando se publicó la investigación periodística “Niñas y adolescentes son violadas en sector 11 del Preventivo”, en Diario La Hora, que reveló cómo la pandilla del Barrio 18 reclutaba y explotaba sexualmente a adolescentes. En ese año fungía como director de la DGSP, Eddy Morales y cuatro meses después asumió como ministro de Gobernación, Carlos Menocal, quienes intentaron controlar las acciones ilícitas de los presos.

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Morales recuerda que realizaron requisas permanentes junto al bloqueo de la señal telefónica para controlar los centros penitenciarios. Implementaron nuevos anillos de seguridad que consistían en revisar a la visita antes de su ingreso a Fraijanes y al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18. Además, no permitieron el ingreso de menores de edad a las prisiones (solo hijos de los privados de libertad) y regularon las visitas íntimas: la mujer debía acreditar que era esposa del reo.

“Bajo ese esquema empezamos a recuperar los centros, se hicieron traslados conforme a la ley. A las estructuras criminales no les pareció y es aquí donde empiezan las amenazas y los ataques”, dice Morales.

Las medidas tomadas provocaron que, en junio de 2010, grupos de pandillas decapitaran a cuatro personas y colocaran las cabezas en puntos estratégicos del país con notas escritas a mano que decían: “Esto está sucediendo por todos los malos tratos e injusticias que hay en
las cárceles del país. Si usted no le pone mayor interés y dedicación a los malos tratos que hay en las cárceles del país, de lo que acontezca en adelante hacemos responsables al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario y a…”.

Los mensajes y asesinatos perduraron. Incluso los criminales dejaron el cuerpo desmembrado de una mujer frente a una radio popular de la capital guatemalteca. Para la fecha se presumía que el cuerpo era de una trabajadora del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18. También asesinaron al agente penitenciario Henry Giovani Estrada. Los reclusos acusaban al ministro de la Gobernación y a Morales de “violar sus derechos”.

Ilse Álvarez, doctora en Criminología y exviceministra de Seguridad entre 2005 a 2007, considera que el poder de estas bandas se debe a que la DGSP no puede ejercer control interno en las prisiones, debido al hacinamiento y al déficit de guardias penitenciarios, “los guardias tienen miedo a los privados de libertad”, resume Álvarez.

Hasta la fecha nada, sobre el poder del crimen tras las rejas, ha cambiado. Solo en 2024 se conocieron públicamente 10, de los 12 casos que están en manos del sistema de justicia, lo que evidencia que las violaciones a adolescentes en las cárceles no ha parado y que las medidas de control para el ingresos se quedaron cortas ante un problema mucho mayor: la corrupción de agentes carcelarios.

Descontrol y una política errónea

El análisis de los 12 casos judicializados deja en evidencia que, si la ley que regula el uso de teléfonos e internet en las cárceles se hubiese aplicado, ninguna de estas violaciones hubiese ocurrido. Nueve de las víctimas fueron seleccionadas y contactadas por redes sociales. Desde allí los mismos criminales “las enamoraban”, prometían regalos y les decían que con ellos nada les faltaría. En esos casos esto funcionó bajo engaño, las adolescentes no sabían que hablaban con un preso, además el agresor se ocultó bajo un nombre, fotografía y edad falsa. En los otros tres casos no se les prometió nada, simplemente fueron amenazadas de muerte vía WhatsApp y por teléfono si no se trasladaban al lugar que ellos le indicaban.

Las tres víctimas amenazadas fueron abordadas por proxenetas que les ofrecían amistad y apoyo. Luego, fueron secuestradas o trasladadas bajo coerción. La coordinación de los traslados, horarios e ingresos a las cárceles también advierte de una coordinación telefónica entre los agresores y sus intermediarios.

En ninguno de estos casos se cumplió el reglamento de visitas a las cárceles, donde se establece que debe existir parentesco entre el recluso visitado y el niño, niña o adolescente que entra. Por ejemplo, una de las adolescentes ingresó para tener relaciones sexuales con “su novio”. Entró acompañada de una proxeneta que no acreditó ningún vínculo familiar entre la adolescente y el reo que visitaba. A cambio le pagó Q25 (tres dólares) a los agentes penitenciarios para que evadieran esa disposición. Pero estos tres dólares no se comparan con los Q25,000 (3,000 dólares) que han pagado pandilleros con mayor rango dentro de la estructura criminal para que adolescentes pernocten hasta por tres días, explica un exfuncionario del Mingob, que pide el anonimato.

Las entrevistas realizadas reflejan que en una ocasión un agente penitenciario que cuidaba el ingreso a una de las prisiones donde se han identificado casos de explotación sexual, le cuestionó a una adolescente si “iba a prostituirse”. Ella le dijo que sí. Aun así, le permitió el ingreso y la dejó desprotegida. No la registró en el sistema, tampoco le pidió su certificado de nacimiento que acreditara su edad, ni el parentesco con los reos a los que visitaba. Además, en Guatemala, las relaciones sexuales entre un adulto y una persona menor de 14 años, edad de la víctima, están prohibidas y tipificadas como violación. Y, para remate, la prostitución no es permitida en las cárceles, las visitas íntimas solo están autorizadas para las cónyuges o parejas.

La omisión fue peor en el caso de las últimas dos víctimas conocidas, explotadas sexualmente después del establecimiento del Protocolo de Atención Especializada a niñas, niños y adolescentes con referentes familiares privados de libertad en los diferentes
centros de prisión preventiva y de cumplimiento de condena a cargo de la DGSP. La normativa, vigente desde 2022, además de la norma básica que ya dicta el reglamento de visitas, establece que se deben registrar los ingresos y egresos de menores de edad, debe estar acompañado permanentemente de un familiar o responsable y la visita debe estar supervisada por el personal penitenciario.

Los expertos coinciden en que el eslabón clave de la DGSP que permite la ejecución de este y otro tipo de delitos son los agentes penitenciarios. Situación que empeoró en 2015, cuando los guardias fueron ascendidos a directores y subdirectores de centros de detención por orden de la exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, a quien se le contactó telefónicamente, se le enviaron mensajes y audios por WhatsApp, pero no respondió.

A criterio del investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Walter Menchú, no existe carrera penitenciaria que tenga perfiles especializados porque los agentes pueden estar en la custodia de reclusos, en las carceletas, en vigilancia o traslado de reos. Su formación es de seguridad y no de dirección y gestión. “No es por denigrar al guardia, pero no ha sido capacitado, formado, ni ha llevado cursos en ese trabajo en específico. Entre esa mezcla que es guardia y luego es director, lo rotan y lo mandan de nuevo a guardia. Es dañino para la institución”, argumenta.

Para el abogado Julio Prado, quien trabajó en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en la Unidad contra Trata de Personas del MP entre 2007 a 2011, “tiene que ver con la falta de una adecuada policía penitenciaria que vive en condiciones difíciles, poco favorable para que sea una policía transparente y hay un eje que no hay que dejar por fuera que es que la masculinidad está presente tanto en esos cuerpos policiales como en las autoridades e internos. No se ve a las víctimas como tales, sino que seguramente lo que se ve es a una
persona que está haciendo ganancias lícitas dentro del penal a través de la explotación sexual. Eso tiene que ver por la forma en que los hombres ven a las mujeres, como objeto”.

Actualmente, tras los operativos del último año, las autoridades penitenciarias han puesto a disposición del MP a 33 agentes penitenciarios involucrados en estos casos, pero tras contar con una medida sustitutiva y quedar en libertad (por lo menos hasta que se compruebe su culpabilidad o inocencia en las acusaciones en su contra) han regresado a la institución en áreas donde no tienen contacto con los reos. Además, el actual director de la DGSP, Sergio Vela, asegura que supervisan el ingreso de menores de edad a las prisiones y capacitan al resto de su personal sobre este tema. Vela también explicó que han mantenido conversaciones con las dos empresas de telefonía que funcionan en el país, para bloquear la señal de celular y evitar el acceso a datos.

Las autoridades también aseguran que están tomando medidas para mejorar el perfil del agente penitenciario. A inicios de noviembre, la viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, comentó que entre las medidas tomadas para controlar las cárceles se incluyen la evaluación de los guardias y nuevos protocolos de actuación. Para Palencia el principal problema del sistema carcelario es la corrupción. Vela, por su parte, informó que en 2025 implementará la carrera penitenciaria para formar a los guardias, quienes, admite, hasta hoy continúan como directores de centros carcelarios, a excepción de Renovación 1.

La magnitud del abuso

En el año 2018, el MP conoció la primera denuncia de explotación sexual del caso “Adolescentes en peligro” y estableció una serie de prioridades que consistían en brindar seguridad a las menores de edad que fueron víctimas de grupos del crimen organizado, por eso el ente investigador estableció plazos para ejecutar órdenes de aprehensión y realizar allanamientos, dice el fiscal Figueroa.

Sin embargo, no existen registros de las 12 víctimas en el Ministerio de Gobernación a cargo de la DGSP ni en la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), a quienes se le requirieron estadísticas de denuncias o número de víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Las unidades de información pública del MP tampoco cuentan con la información, argumentaron que “no es posible determinar si los hechos ocurrieron en las cárceles a nivel nacional, ya que el SIFT (Sistema Informático Fiscal y Técnico) es un área técnica y no de análisis criminal”. Solo la Procuraduría de Niñez y Adolescencia confirma el registro de 10 de los 12 casos que tienen las organizaciones sociales.

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, una organización social que promueve la transparencia en la gestión pública, califica la falta de registros como una “irregularidad”, porque las instituciones deberían documentar lo qué sucede y evitarlo.

“Las instituciones que competan se deben sentar y trabajar conjuntamente como Estado, no deben tener ese pimponeo de evasión de responsabilidades, tiene que haber un liderazgo. El liderazgo lo debe llevar el Ministerio de Gobernación, empezar a coordinarse como levantar la información y construir esos registros”, argumenta Marroquín.

Prado inició la investigación de explotación sexual de adolescentes en el año 2009, pero cuenta que enfrentó una serie de desafíos como el silencio de posibles testigos, impulsado por la capacidad de las pandillas de infundir miedo. En ese año una adolescente fue violentada tan gravemente que fue rescatada por los bomberos en la cárcel y trasladada a un hospital para su atención médica. El abogado buscó a las víctimas por medio de los posibles trasladados que realizaron tres cuerpos de socorro, pero tampoco obtuvo información. No continuó con la investigación porque sus funciones dentro del MP cambiaron.

Los bomberos trasladan a reos, guardias o visitantes cuando ocurren hechos de violencia o de otra índole, debido a que por falta de personal médico y de enfermería no pueden ser atendidos dentro de los penales, sino en los hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

En seguimiento a este antecedente, el equipo consultó a los Bomberos Voluntarios, Municipales y Departamentales, pero dijeron que tampoco tienen registro de estos casos. “Esa estadística es inexistente en nuestros archivos, ya que cuando llegan los paramédicos de Bomberos Voluntarios, entre sus funciones no está determinar la causa de lo sucedido, sino atender al paciente y trasladarlo a algún nosocomio, será el Ministerio Público quien, por sus métodos de investigación, pruebas científicas, en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, determinarán las causas de este suceso”, respondieron los Bomberos Voluntarios.

Los casos de explotación sexual revelados este año involucran a 33 agentes penitenciarios, que han sido acusados únicamente por incumplimiento de deberes y no por trata de personas. La Fiscalía se abstuvo de comentar sobre las razones de esta acusación porque argumenta que está pendiente la audiencia de etapa intermedia y no puede revelar los aspectos técnicos que se discutirán.

Sin embargo, para el abogado Marco Antonio Canteo, consultor nacional e internacional en procesos de reforma judicial, con más de 20 años de experiencia, en casos de explotación sexual de menores de edad se debe aplicar la ley adecuadamente: “Este tipo de fenómenos criminales tan graves, como lo es la trata de personas en los centros carcelarios, cuando se trata de niñas y adolescentes, necesita que las autoridades le den prioridad. Para ello no valen excusas como vacíos en la legislación, que se confundieron, que hubo un error de interpretación, no cabe. Se trata de obligaciones internacionales y nacionales que todas las autoridades del Estado, incluyendo los operadores de justicia deben cumplir”.
En cambio, Zoel Franco, abogado experto en temas de privación de libertad y quien laboró por 17 años en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), una entidad que realiza investigación jurídica social desde 1994, explica que las primeras imputaciones se realizan con base a los indicios identificados, pero en las diferentes etapas de investigación los delitos podrían cambiar y esto podría reflejarse en el acto conclusivo de la investigación.

Precisamente, esto fue lo que ocurrió en una sentencia de 2018, donde una mujer fue condenada por trata de personas. Bajo amenazas de muerte captó y trasladó a dos adolescentes para ser explotadas sexualmente en la cárcel El Boquerón.

Inicialmente, esta mujer fue acusada por inducción al abandono del hogar, pero el delito fue modificado por el juzgado por trata de personas y se le condenó a 11 años de cárcel. En el proceso se confirmó que hubo captación, traslado y acogida con fines de explotación sexual. No se trataba solo de una inducción al abandono del hogar. El MP argumenta que desde el inicio del proceso solicitó que fuera ligada a proceso por trata de personas.

De momento las autoridades del Mingob y de la DGSP confían en que los protocolos de seguridad que implementarán en la cárcel con el nombre Renovación I (una de las 23 a su cargo), marcará cambios en la administración de las prisiones.

Por su parte, la vicepresidenta Karin Herrera, una de las funcionarias que ha impulsado la iniciativa 6384, a través de los diputados oficialistas, comenta que espera que la normativa sea aprobada por el Congreso de la República. El proyecto de ley recibió dictamen favorable el pasado 24 de octubre. Sin embargo, el avance de la normativa depende de las prioridades que establezca el Organismo Legislativo.

A 15 años del conocimiento público del primer caso de explotación sexual en una cárcel guatemalteca, solo ha sido sentenciada una proxeneta. Mientras, el control de las prisiones y la corrupción de los agentes penitenciarios, todavía representan un reto para las autoridades de la DGSP y del actual gobierno.