El 8 de noviembre catorce organizaciones sociales de Estados Unidos, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos, la Fundación Clooney, para la Justicia y Obstetras para la justicia Reproductiva,  hicieron una actualización y denunciaron las vulneraciones de los derechos reproductivos en ese país, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por Andina Ayala

A un año de la abolición del derecho al aborto en todo Estados Unidos por parte de la Corte Suprema de Justicia, la medida sigue levantando las banderas rojas de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos reproductivos de las mujeres.

En la audiencia número 18 del periodo 188 de sesiones de la CIDH, organizaciones apuntaron a que el repliegue sobre la despenalización del aborto ha generado un impacto negativo desproporcionado en el acceso a la atención de la salud para las mujeres, así como temores generalizados entre los proveedores de servicios médicos y piden que se recomiende al gobierno de Estados Unidos que pare esa medida en el país. 

Muchas mujeres se han visto obligadas a emprender viajes peligrosos en busca de opciones seguras para interrumpir los embarazos no deseados, lo que conlleva riesgos adicionales para su salud y bienestar.

Organismos internacionales reconocen el derecho al aborto

Organizaciones sociales, dejaron en claro que Estados Unidos y la misma CIDH han sido defensores y declararon en su momento que el aborto es un derecho humano, por lo que se preguntan con preocupación qué pasará con los derechos reproductivos, la autonomía de la mujer y las medidas de protección en medio de las prohibiciones.

Proveedores de salud y oenegés comienzan a detectar problemas en la disponibilidad de anticonceptivos; reconociendo que, en algunos casos, las mujeres tienen que viajar para acceder a los servicios. Además  que, las prohibiciones suponen una contradicción entre la legislación de Estados Unidos y el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos. 

Según los delegados del gobierno de Estados Unidos, la decisión de la Corte Suprema dejó de lado medio siglo de antecedentes de libertad reproductiva en los Estados Unidos. Están conscientes  que hay prohibiciones muy peligrosas y que en algunos Estados hay grupos interesados en impedir el derecho a decidir y ponen en peligro la salud de las mujeres. 

Agregaron que el presidente Joe Biden, movilizó su gobierno para proteger el acceso a la salud reproductiva, y estableció una agencia presidida por altos ejecutivos del gobierno. El ejecutivo solicitó un plan de acción y ha emitido directrices al Ministerio de Salud para salvaguardar los servicios de acceso de salud reproductiva.

“Algunas acciones que hemos tomado para proteger el acceso al aborto, como guías, dando a conocer servicios cruciales. Los centros de Medicare iban a iniciar investigaciones contra personas que estén impidiendo atención de salud que impliquen la interrupción del embarazo. La ley federal actual permite proteger a los proveedores privados, y las pacientes tienen derecho a obtener atención de salud reproductiva sin discriminación”, según indicaron representantes del gobierno. 

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH para los Estados Unidos, quedó sorprendida por el  nivel de consenso entre el gobierno y las organizaciones civiles en la sesión sobre el derecho de la mujer, en cuanto a ejercer la reproducción sin coerción.

La CIDH dará seguimiento y será una voz fuerte para el reconocimiento de los derechos reproductivos. “Esto se trata de derechos de la mujer, pero también de poder y control”, agregó. 

Caso Roe vs Wade que eliminó el derecho al aborto

El 24 de junio de 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 había garantizado el derecho al aborto en el país. La decisión, respaldada por la mayoría de los jueces conservadores del tribunal en una votación de 5 a 4, plantea desde hace más de un año la posibilidad de que el aborto sea ilegalizado en aquellos Estados que así lo decidan. Este retroceso ya ha alcanzado a 14 Estados, siendo Texas uno de los más restrictivos, al disponer una pena de hasta 99 años de cárcel para las mujeres que decidan irrumpir el embarazo en este territorio. 

En otros Estados del país, mujeres comienzan a levantar demandas porque el sistema de salud les prohibió practicarse un abordo, pese a que su condición de salud lo ameritaba. 

Por otro lado, hay un rayo de esperanza que es sostenido por la población: en el Estado de Ohio por ejemplo, la mayoría de votantes civiles estuvieron a favor del derecho al aborto.  

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