En las últimas semanas, vecinos de varios municipios de Sacatepéquez se han opuesto a las operaciones de la empresa Transportadora de Energía Centroamericana TRECSA S.A. a la que señalan de no tener los permisos municipales para instalar torres en sus comunidades. Este proyecto, según la diputada Sonia Gutiérrez, tiene matices que van desde posibles ilegalidades, rompimiento al Estado de Derecho, criminalización de líderes y afectación de recursos naturales.

En una reunión convocada por la bancada Winaq, que preside Gutiérrez, participaron alcaldes de cuatro municipios de Sacatepéquez y vecinos afectados, quienes señalaron que hay muchas similitudes en las ilegalidades que comete la empresa en los distintos municipios.

Sochil Acajabón, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, señaló que una de las coincidencias es que la empresa no cuenta con estudios de impacto ambiental en cada una de las municipalidades, sino que tiene un estudio a nivel nacional.

Acajabón indicó que las municipalidades de Sacatepéquez tampoco han realizado consultas a las comunidades para informar sobre los proyectos de la empresa, pese a que están obligadas por ley a hacerlo.

Como vecinos nos hemos enterado de estos proyectos hasta que se han visto las torres construidas en las comunidades, afirmó.

En muchas de las comunidades, las licencias que se dieron en su momento por las municipalidades fueron avaladas por un acuerdo que declaró el proyecto de urgencia nacional, dijo la comunitaria.

Según la lideresa, en los expedientes que los vecinos han pedido a las municipalidades se puede observar que la empresa tampoco cumple con los requisitos o normativas municipales, pero aun así las torres siguen siendo construidas.

Por otro lado, las Municipalidades se han limitado a recibir las licencias de tala que envía el Instituto Nacional de Bosques (INAB) sin hacer una investigación del territorio y sin verificar si la licencia fue emitida después de la tala, porque en muchos casos así ha sido, señaló.

Otra de las formas de operar de TRECSA, según Acabajón, es que la empresa ha entrado de manera opresiva a las propiedades. Muchos vecinos le han dado a la empresa la servidumbre de paso por medio de contratos opresivos, mencionó.

La vecina también recriminó la poca acción que han tomado los representantes municipales ante las operaciones de la empresa, que si bien es grande no es dueña. “Legalmente la autonomía es de los alcaldes”, dijo.

Señaló que en la auxiliatura de la PDH tampoco han encontrado acciones concretas en apoyo a los vecinos.

Los cuestionamientos principales a los alcaldes fueron si la empresa cuenta con licencias, si ha cumplido con lo que establece el Código Municipal para construir y si ha realizado estudios de impacto ambiental.

El alcalde de San Bartolomé Milpas Altas, Rosalío Aspuac, dijo que actualmente el caso de Trecsa está en un proceso administrativo y que la empresa ha presentado cuatro recursos de reposición contra resoluciones municipales.

En tanto, el juez de Asuntos Municipales, Julio César Pérez, indicó que en ese municipio están canceladas las licencias que se otorgaron a la empresa en 2011 y que se ha notificado a la empresa que no puede seguir trabajando en el lugar.

El juez reconoció que Trecsa ha continuado sus actividades en el municipio ya que aún hay recursos sin resolver. “Muchas veces nosotros nos vemos limitados al derecho de propiedad porque no podemos venir y violentar constitucionalmente el derecho de propiedad”, dijo.

En Santiago Sacatepéquez, el alcalde Salomón Itzol Pec, dijo que se ha vivido un conflicto entre la empresa y los pobladores desde el 2012. En 2015, el Concejo Municipal otorgó la licencia de construcción a Trecsa, para la instalación de 30 torres.

Asimismo, Itzol indicó que los vecinos han vendido sus propiedades y añadió que aunque tengan autonomía municipal no pueden intervenir.

Para Glenda Salazar, jueza de Asuntos Municipales de Santiago Sacatepéquez, en la administración pasada se otorgó a Trecsa el paso de servidumbre sobre inmuebles de propiedad municipal. En este municipio no tienen recursos pendientes de resolver ni se ha sancionado a la empresa, porque se emitieron las licencias y avales correspondientes.

Preocupa aumento de conflictividad

Antes de comenzar con las intervenciones, la diputada Gutiérrez expresó que si las operaciones de Trecsa no se pueden controlar legalmente, puede tener consecuencias. “Así como estamos donde hay indignación, frustración, por todo lo que pasa con el tema sanitario, este tipo de fenómenos si no se pone atención, puede ser otra acumulación de inconformidad, nos lleva a un estallido social, eso nos preocupa”, precisó la diputada.

Al final de la reunión, la legisladora indicó que el objetivo fue conocer la legalidad o ilegalidad con la que Trecsa está operando, porque saben que hay municipalidades que no le han otorgado licencias de operación, pero sí están operando.

Gutiérrez también subrayó que se abordó el tema de criminalización de vecinos de las comunidades que han denunciado las actuaciones de la empresa, que les ha costado denuncias a líderes en el Ministerio Público.