Tras seis años de espera, el sistema judicial brasileño finalmente emitió sentencia contra los exagentes de policía Ronie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz, declarados culpables por el asesinato de Marielle Franco, la activista feminista y concejala que se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos humanos en Brasil. Aunque el veredicto representa un avance significativo, la familia de Franco y organizaciones sociales siguen exigiendo justicia plena, pues aún quedan por identificar y juzgar a los autores intelectuales detrás de este crimen ocurrido en 2018.

Por Nathalie Quan

El 31 de octubre de 2024, el tribunal brasileño sentenció a Ronnie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz a 78 y 59 años de prisión, respectivamente, en un juicio histórico. El veredicto fue emitido por un jurado tras un juicio de dos días, y fue celebrado por la familia de Franco, así como por activistas de derechos humanos. Según informó El País, Lessa, quien había alcanzado un acuerdo de delación premiada, reveló detalles sobre la trama detrás del asesinato y accedió a colaborar para reducir su penado.

El fallo, que impone largas penas de prisión a los exagentes, representa un logro en un sistema judicial que, en muchas ocasiones, ha sido criticado por su lentitud y falta de transparencia, especialmente en casos que involucran a figuras de poder. Sin embargo, esta victoria en los tribunales no termina de cerrar el caso, ya que aún queda pendiente identificar y juzgar a los responsables intelectuales detrás del crimen. Para la familia de Franco, el veredicto es solo el comienzo de una batalla más extensa, que no terminará hasta que todos los involucrados enfrenten la justicia.

El legado de Marielle Franco: una voz silenciada por la violencia

Marielle Franco nació el 27 de julio de 1979 en el Complexo da Maré, una vasta favela en el norte de Río de Janeiro que alberga a más de 150 mil personas. Desde joven, experimentó de primera mano la dura realidad de la violencia y las injusticias sociales que afectan a las comunidades empobrecidas de Brasil. Con una educación interrumpida por la necesidad de trabajar y cuidar a su hija, Franco logró graduarse en Sociología y realizó una maestría en Administración Pública. Su tesis de maestría abordó los abusos de las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas, un tema que marcó profundamente su vida política y activismo.

En 2016, fue elegida concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), en una elección histórica que dio voz a los sectores marginados y fortaleció la representación de las mujeres negras en la política brasileña. Desde su cargo, Franco luchó incansablemente contra la discriminación racial y la violencia de género, defendiendo los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQ+ y de las y los habitantes de las favelas, quienes eran víctimas de violencia policial sistemática. Su compromiso con una sociedad más inclusiva y equitativa la convirtió en una figura incómoda para las estructuras de poder en Río.

La noche del 14 de marzo de 2018, Marielle Franco fue asesinada en el centro de Río de Janeiro junto a su conductor, Anderson Gomes. Según informes, el ataque fue planeado meticulosamente: los atacantes interceptaron el vehículo en el que viajaba y dispararon en repetidas ocasiones. 

La brutalidad del asesinato, junto con el hecho de que Franco había denunciado recientemente la violencia policial, alimentó la teoría de que su activismo político fue el móvil de su asesinato.

Un año después, en marzo de 2019, la policía brasileña arrestó a dos expolicías, Ronnie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz, quienes fueron acusados de ser los autores materiales del crimen. Lessa, señalado como el tirador, tenía vínculos con figuras políticas y criminales en Río, lo cual levantó sospechas sobre la existencia de una red de corrupción más amplia. Aunque estas detenciones representaron un avance en la investigación, la identidad de los autores intelectuales seguía sin esclarecerse, dejando al público y a la familia de Franco y Gomes con preguntas sin respuesta.

Presiones internacionales y avances en la investigación 

A medida que avanzaba la investigación, las sospechas de que el asesinato de Franco estaba vinculado a figuras políticas de alto nivel se hicieron cada vez más fuertes. En 2021 organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, incluyendo la ONU y Amnistía Internacional, instaron al Gobierno brasileño a garantizar una investigación transparente y completa. Estas presiones reflejaron la preocupación de que la impunidad en el caso de Marielle, representaba una amenaza para las y los defensores de derechos humanos en todo Brasil.

En 2023, se filtraron documentos que vinculaban a políticos de alto perfil con el encubrimiento del asesinato de Marielle. Estas revelaciones avivaron la indignación pública y generaron protestas masivas en todo el país. La sociedad civil brasileña aumentó su presión sobre el sistema judicial para que identificara y juzgara a los responsables intelectuales del crimen. En un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones, la lucha por justicia se tornó aún más significativa.

Condena de los responsables materiales

Ronie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz, ambos exagentes de la Policía Militar de Río de Janeiro, quienes han sido señalados como los autores materiales del asesinato, ambos hombres, han estado en prisión preventiva desde marzo de 2019 y, tras años de investigación y múltiples demoras en el proceso judicial, fueron finalmente condenados en octubre de 2024.

El medio Folha de S. Paulo ha documentado que Ronie Lessa, un exsargento de la Policía Militar, fue acusado de ser quien disparó contra Franco y Gomes. Su perfil es el de un tirador de precisión, con habilidades en el uso de armas de fuego adquiridas en su carrera como policía. A lo largo de la investigación, se revelaron detalles de su vida que pintan un retrato de alguien con profundas conexiones en el ámbito de las fuerzas de seguridad y vínculos con sectores de extrema derecha. Durante el proceso, los fiscales presentaron pruebas que señalaban a Lessa como el ejecutor de los disparos que acabaron con la vida de la activista y su chofer. Además, se descubrió que Lessa había intentado ocultar pruebas e incluso se sospecha que destruyó pruebas importantes relacionadas con el caso, como el arma utilizada en el asesinato, que nunca fue hallada.

Élcio Vieira de Queiroz, por su parte, era un expolicía militar con un historial de actividad en el ámbito de seguridad privada y presuntos vínculos con grupos paramilitares en Río de Janeiro. Según la acusación, Queiroz fue quien condujo el vehículo desde el cual se cometió el ataque, siguiendo el coche de Marielle y Anderson por varias calles hasta que Lessa disparó. Su papel en el asesinato, aunque secundario en comparación con Lessa, fue crucial para la ejecución del plan, pues permitió que los asesinos llevaran a cabo un operativo meticulosamente planificado, que incluía una vigilancia previa de los movimientos de Franco.

Ambos condenados tenían conexiones con las milicias de Río de Janeiro, grupos paramilitares conformados, en su mayoría, por exmiembros de la policía y de las fuerzas armadas, conocidos por ejercer control violento sobre ciertos barrios de la ciudad. Estas milicias operan como organizaciones criminales, involucradas en actividades ilegales como extorsión, venta de servicios y, en algunos casos, asesinatos por encargo. El vínculo de Lessa y Queiroz con estos grupos ha generado preocupación y alarma en la sociedad brasileña, ya que revela una profunda complicidad entre sectores de las fuerzas de seguridad y actividades criminales.

La condena de Lessa y Queiroz fue un paso importante en el largo camino hacia la justicia en el caso de Marielle Franco, pero todavía queda la pregunta sin resolver: ¿quién ordenó su asesinato? Las autoridades brasileñas han enfrentado presiones constantes, tanto a nivel nacional como internacional, para esclarecer este punto y llevar a los responsables intelectuales ante la justicia. Sin embargo, las investigaciones sobre los autores intelectuales parecen estar en punto muerto, lo que ha generado frustración y desconfianza en el proceso judicial entre los familiares de Franco, activistas y la sociedad civil en general.

El papel de Anielle Franco: preservando la memoria y el legado de su hermana

Desde el asesinato de Marielle, su hermana Anielle Franco ha trabajado incansablemente para que la memoria y la causa de la activista no se apaguen. Anielle, quien también es activista y directora del Instituto Marielle Franco, ha transformado el dolor personal en una lucha colectiva por la justicia. A través de su trabajo en el instituto, ha promovido la creación de programas de educación y empoderamiento para jóvenes en las favelas, siguiendo el ejemplo de su hermana.

Anielle ha viajado por el mundo, compartiendo la historia de Marielle y abogando por los derechos humanos y la justicia social en Brasil. Además, el Instituto Marielle Franco se ha convertido en un referente para los movimientos sociales de todo el país, apoyando proyectos, a líderes y lideresas que buscan continuar el trabajo de Marielle. La labor de Anielle es un recordatorio constante de que, aunque su hermana fue silenciada, su voz sigue resonando a través de las personas que defienden sus ideales.

Si bien la condena de los asesinos materiales es un paso adelante, el caso de Marielle Franco está lejos de cerrarse. Tanto la familia de Franco como organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo que se esclarezca la identidad de quienes planearon el crimen. La persistente falta de información sobre los autores intelectuales del asesinato ha generado críticas sobre la transparencia y eficacia de la investigación, y se teme que intereses políticos estén obstaculizando el proceso.

El asesinato de Marielle Franco sigue siendo un recordatorio del peligro que enfrentan los activistas en Brasil, un país donde la violencia contra los defensores de los derechos humanos es alarmantemente alta. De acuerdo con la organización Human Rights Watch, Brasil es uno de los países más peligrosos para los activistas, y el caso de Franco destaca la urgente necesidad de fortalecer la protección para aquellos que luchan por la justicia y la igualdad.