Por: Joseline Velásquez Morales

Hace días pensaba en Heidy, una adolescente de San Martín Jilotepéque que conocí en un proceso formativo de empoderamiento a niñas y adolescentes que en el 2019 lideramos en la organización GOJoven Guatemala.

Heidy cursaba 6to primaria, se le consideraba una de las adolescentes “privilegiadas” por estudiar y no dedicarse a trabajar o hacer otras tareas que la alejaran de este derecho. En la escuela Los Tablones de ese municipio, el total de niñas y adolescentes matriculadas no supera las 20 estudiantes y conforme avanzaban los grados el número se reducía.

Seguir estudiando representa para muchas niñas y adolescentes la posibilidad de salir de la pobreza, romper ciclos de violencia, tener un mejor futuro para ellas y sus familias, y poder ser alguien en la vida.

Paralelamente ellas se enfrentan a los mandatos sociales que las orillan a asumir tareas y responsabilidades que vulneran sus derechos y autonomía. Los embarazos, matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas se consideran una práctica nociva para su desarrollo.

El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) comunicó que de enero al 16 de septiembre del 2020 se registraron 77 mil 847 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años, de este total 1 mil 90 son en niñas de 10 a 14 años, tipificados como delito de violación.

Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) los costos socioeconómicos y las consecuencias del embarazo en la adolescencia son complejos y múltiples e impactan no solo a las adolescentes, a sus parejas, a niñas y niños, a las familias, sino también a la sociedad y al Estado.

El Estudio: Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Guatemala (1) de UNFPA estima: que el abandono y el rezago educativo de las Mujeres con Hijos en la Adolescencia (MHA), debido al Embarazo en la Adolescencia (EA) y la Maternidad Temprana (MT) representa para el país un costo o pérdida anual estimada en Q. 426,1 millones.

De los matrimonios en Guatemala, pese a que existe un marco legal que establece la edad mínima para contraer matrimonio entre noviembre del 2017 a mayo del 2019 en Registro Nacional de las Personas (RENAP) registró 53 matrimonios en menores de 18 años.
A lo largo de diez años de trabajo en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos he ido construyendo desde diferentes trincheras, apostando a que otras realidades para las niñas, adolescentes y mujeres son posibles.

Podemos construir un país en donde ellas, nosotras y todas vivamos una vida libre de violencias, podamos estudiar, no seamos obligadas a asumir embarazos, maternidades, matrimonios o uniones tempranas y forzadas, y sobre todo que podamos decidir sobre nuestra vida, cuerpo, sexualidad, presente y futuro.

Me mueve Heidy, Ally mi sobrina, me mueven las injusticias porque no deberían de existir, me mueve la posibilidad de transformar y de hacer justicia.

Me mueve la organización y alianzas con otras, otros y otres.

Me muevo y no me quedo quieta.

1 Estudio: Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Guatemala https://guatemala.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/consecuencias_socieconomicas_del_embarazo_adolescente_en_guatemala_final_diagramado.pdf