Tres presidentas de la Academia de Lenguas Mayas han denunciado que, ante sus posturas críticas sobre anomalías en la institución, han sufrido una serie de agresiones verbales, amenazas y actitudes misóginas por parte de una mayoría de los presidentes de comunidades lingüísticas. Calificativos como “mujer muy exigente”, “prepotente” y la desacreditación a sus propuestas dentro del Consejo, así como anomalías en las actas de las sesiones, han sido denunciadas por las presidentas de las comunidades lingüísticas achí, q’anjob’al y poqomam. 

El inicio de las agresiones 

La Academia de Lenguas Mayas es una institución estatal con sus propios reglamentos y autonomía. Su máxima autoridad está conformada por el Consejo Superior, integrado por las y los presidentes de cada comunidad lingüística, siendo una persona por los 22 idiomas mayas reconocidos a nivel nacional. Cada 4 años se eligen nuevas presidencias, y en el periodo actual que termina en diciembre de este año, de las 22 presidencias solo 4 son mujeres: la presidenta de la comunidad poqomam, q’anjob’al, achí y kaqchikel. Cada año se elige a una junta directiva conformada por la presidencia, vicepresidencia, tesorería, secretaría y tres vocales. Actualmente la presidenta de la junta directiva es la presidenta de la Comunidad Lingüística Kaqchikel, la primera mujer en ocupar este cargo. 

Magdalena, Anixh y Juana han identificado que, durante su gestión, en los últimos cuatro años han ocurrido distintas agresiones que se basan en la desacreditación de sus funciones e ideas como mujeres presidentas: “considero que ha habido un sistema patriarcal tanto institucional como en las actitudes muy personales del resto de presidentes para poder aceptar cualquier tipo de propuesta u opinión que planteamos las mujeres. Ha sido difícil de romper, porque de los 22 solo somos 4 mujeres. Y ellos en su mayoría demuestran esta actitud machista y patriarcal, en las sesiones dentro del consejo y otras situaciones que aprovechan para desacreditar nuestras funciones. Decir frases como que somos mujeres prepotentes o exigentes. Y ese tipo de ideas también se van desplegando dentro del personal”, menciona Anixh, presidenta de la comunidad lingüiistica q’anjob’al. 

Magdalena Pérez Conguache es presidenta de la Comunidad Lingüística Poqomam, menciona que junto con la presidenta Anixh Pablo y la presidenta Juana Aj, de la Comunidad Achí, han denunciado que, desde que iniciaron su periodo hace cuatro años han tenido “una postura muy crítica ante lo que debe ser la institución y las deficiencias que se dan eso nos ha valido para que nos descalifiquen y nos amenacen. Ha sido una actitud muy misógina de parte de la mayoría”.  

La situación se agravó durante la pandemia, ya que las sesiones del Consejo se suspendieron por tres meses y luego trasladaron a la vía digital y esto ha perjudicado el ejercicio de la participación para todo el Consejo Superior. 

La última sesión, el 14 de octubre las presidentas Magdalena y Juana decidieron acudir presencialmente a la sesión del Consejo, en la sede de la Academia donde se encontraban la presidenta de la junta directiva y el secretario Pascual Sol Solis. “Asistimos con el objetivo de poder evidenciar y que todas las posturas de cada presidente quedaran en acta. Pedimos el apoyo de la PDH para que verificara nuestra participación en la sesión ordinaria. Sin embargo, el equipo de trabajo de la sede central tenía órdenes de no molestar la reunión. Nos conectamos y pedimos que se tuviera en consideración [su asistencia presencial a la sesión] por el consejo superior, más no lo hicieron”, narró Juana. 

Cuando ambas presidentas se presentan a la Academia, acompañadas de un delegado del Procurador de Derechos Humanos (PDH), se encuentran con que el personal tenía instrucciones de no dar información acerca de dónde se realizaba la sesión. “Estuvimos esperando media hora y nos tuvimos que conectar a la plataforma virtual. Pedimos que se sometiera a consideración nuestra presencia en la sesión, pero la presidenta [de la JD] no lo tomó en consideración al saber que la mayoría apoyaría nuestra presencia”, narra Magdalena. 

Las anomalías que más les preocupaban han sido las negativas iniciales a leer el acta de cada sesión, la tardanza en el envío de las actas sumado al hecho de que cuando se enviaban las actas no se consignaban las intervenciones de Magdalena y otras integrantes. Por otra parte, al inicio de la pandemia las sesiones se realizaban por teléfono y las presidentas tenían la impresión de que estaban participando otras personas fuera de las 22 presidencias. Ante ello solicitan que las sesiones se realicen en una plataforma virtual donde se pueda verificar quiénes están participando. 

En actas anteriores se han establecido acuerdos y se hace caso omiso a ellos. En una de las actas se denunciaron estas anomalías y ya se solicitó una auditoría especial a la Contraloría General. 

“Al inicio de la pandemia la presidenta [de la junta directiva] solicitó que se le autorizara y facultara para tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus. Nos pareció lógico, y le preguntamos cuál era su plan. A lo que ella respondió que no había tenido tiempo, pero que como era un tema de urgencia en un acto de buena voluntad le autorizamos. Sin embargo, lo que hizo fue empezar a tomar decisiones financieras, técnicas y administrativas que son competencia de todo el Consejo Superior, no solo de la junta directiva” señala Magdalena. 

La respuesta a las denuncias 

En la tarde del 14 de octubre, luego de haberse realizado la sesión sin la presencia de las presidentas, circuló un comunicado donde la presidenta de la junta directiva les señalaba de haberla intimidado y amenazado “cuando nosotras ya no seguimos insistiendo en ingresar”, especifica Magdalena. “Entramos en contacto con UDEFEGUA y nos orientaron sobre qué hacer, verificaron nuestra salida. La presidenta se fue en vehículos oficiales. Fue una situación vergonzosa para nosotras, primero siendo mujeres, siendo presidentas, que nos estén vedando el derecho. Nos confronta”. 

La presidenta de la junta directiva y de la comunidad lingüística kaqchikel, Esperanza Tuctuc, menciona que “en ningún momento he presenciado actitudes misóginas o agresiones verbales”. Califica que la inconformidad de las presidentas ha provocado confrontaciones con “ánimo de entorpecer y desatender las disposiciones que los diferentes órganos legales han emitido”. 

Sobre la respuesta a su presencia en la sesión, Magdalena menciona que “varios presidentes mencionaron que si nosotras habíamos llegado era nuestro problema y que no debía someterlo a consideración. Esta y otras cosas han sido muestras de la descalificación y el menosprecio que nos tienen desde que hemos asumido el cargo. Incluso cuando un compañero nos apoyó, no se consignó en acta y cuando lo hizo notar, solicitaron que se omitiera ese punto”. 

Seguimiento y acciones legales 

Al medio día asistieron delegadas de la defensoría de la mujer indígena de la PDH para verificar los hechos y dar acompañamiento legal para denunciar. “Sabemos que ha habido actitudes muy misóginas que ameritan una denuncia. Lo hemos dejado pasar y siempre hablamos de no desgastarnos para resolver a lo interno, pero con lo último que ocurrió estamos en este proceso”, finaliza Magdalena. 

El 22 de octubre se presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra del secretario Pascual Solís por violencia contra la mujer hacia las presidentas.