Hace tres años, en la madrugada del 23 de mayo de 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo C dictó una sentencia de 58 y 33 años de prisión en contra cuatro militares retirados, por el secuestro del niño Marco Antonio Molina Theissen y por las violaciones en contra de su hermana, Emma Guadalupe.

A tres años de la sentencia, el Estado guatemalteco tiene una deuda pendiente con la familia Molina Theissen, la localización de los restos de Marco Antonio, señaló el abogado Héctor Reyes, quien es mandatario judicial de Emma Guadalupe Molina Theissen.

La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición forzada de Marco Antonio, le ordenó al Estado establecer un plan de búsqueda para su localización y, aunque la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) ha realizado algunos esfuerzos, no se ha podido dar con su paradero, agregó.

Como medidas de reparación digna a la familia no se solicitó ni se otorgó ningún pago como resarcimiento. Pero, el Tribunal sí ordenó que el Ministerio de Educación incluya en su programa educativo textos que expliquen lo ocurrido en el caso Molina Theissen, la realización de documentales y la creación de una beca que lleve el nombre del niño, entre otras medidas.

La madrugada del 23 de mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo C condenó a 58 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad, violación con agravación a la pena y desaparición forzada a Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas, exjefe de la segunda sección del Estado Mayor del Ejército y a Hugo Ramiro Zaldaña, oficial del Estado Mayor del Ejército.

Francisco Luis Gordillo, comandante de la zona militar “General Manuel Lizardo Barillas”, donde Emma Molina fue violada y torturada, fue condenado a 33 años de prisión por violación con agravación de la pena y delitos contra los deberes de la humanidad.

Héctor Reyes señaló que la sentencia, como en todos los casos de justicia de transición juzgados en Guatemala, sentó un precedente, uno de ellos, llevar a juicio el caso de un menor desaparecido. De los 45 mil desaparecidos que informó la Comisión del Esclarecimiento Histórico, alrededor de 5 mil son niñas y niños, el caso de Marco Antonio es el primer caso en el que se juzga la desaparición de un niño, producto del conflicto armado interno, dijo Reyes.

Además, es el primer caso donde se juzgó el delito de violación con agravación de la pena. En los casos de Sepur Zarco y de las Mujeres Achí e incluso en el caso de genocidio la violencia sexual se judicializó como delitos contra deberes de la humanidad, dijo el abogado.

En este caso, el Tribunal acogió la tesis acusatoria del MP, las querellantes y la familia Molina Theissen, de condenar específicamente a exoficiales del alto mando del ejército por la desaparición de Marco Antonio, pero también por violación con agravación de la pena en contra de Emma Molina Theissen, indicó.

A pesar de tener una sentencia condenatoria, en febrero de este año, un juzgado fijó una audiencia tras una denuncia presentada por la abogada Karen Fischer en contra de la familia Molina Theissen, aduciendo que Marco Antonio estaba vivo, porque supuestamente había sido visto en la audiencia cuando se dictó la sentencia en contra de los oficiales retirados.

Tristemente en Guatemala no van a dejar que avance la justicia de transición, ni bien fue emitida la sentencia histórica y en horas de la mañana empezó a circular que dentro del público estaba Marco Antonio Molina, subrayó Reyes.

La Fiscalía investigó y desvirtuó la denuncia presentada en contra de la familia por simulación de delitos, indicó.

Con motivo de los tres años de esta sentencia, este lunes 24 a las 17 horas, se realizará el foro, “Por qué seguimos buscándoles. Sentencia Molina Theissen: un precedente histórico para Guatemala”, con la participación de Lucrecia Molina Theissen, hermana de Marco Antonio y Emma, Glenda García, Carlos Berinstain y Alejandro Rodríguez.