El femicidio de Litzy Amelia Cordón Guardado conmocionó a la comunidad de Zacapa en octubre del 2020. Meses más tarde, su primo Kevin Manolo Rivas Cordón fue capturado y ligado a proceso por el crimen. Aunque el juicio debía iniciar en junio del 2022, continúa estancado, mientras guarda prisión en la cárcel VIP dentro de la Brigada militar Mariscal Zavala.

La familia de Litzy la describe como una joven “tranquila y responsable con sus tareas de la universidad”, pues era estudiante de Trabajo Social en la sede de Zacapa de la Universidad Rafael Landívar (URL). Le gustaban las flores y solía saludar a sus vecinos con alegría. Se llevaba muy bien con su familia. 

A sus veinte años, Litzy cumplía siempre la misma rutina. Por las mañanas, salía de la casa de su tía, rumbo al hogar de su abuela paterna, donde se encargaba de atender una tienda. En el camino, se detenía en una construcción para regar las plantas. Fue así hasta el 5 de octubre de 2020, cuando salió de la casa, en el caserío Barranca Seca, en el municipio de Teculután, Zacapa.

Litzy nunca llegó a su destino. A las 8:10 horas aproximadamente, su abuela recibió una llamada proveniente de su celular. Una voz masculina le exigió Q5 millones a cambio de la vida de su nieta. La familia inmediatamente activó una alerta Isabel-Claudina, herramienta del Estado guatemalteco para la localización de mujeres desaparecidas. 

Un día después, Litzy fue encontrada sin vida en un terreno baldío ubicado en la aldea Los Puentes, Teculután. Su familia y la comunidad se movilizaron para despedirla y exigir justicia por su femicidio, con velas y pancartas, en una caminata. Este fue el detonante de movilizaciones en Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Escuintla, Antigua Guatemala y la Ciudad de Guatemala, que exigían el cese de los femicidios en el país. 

En Zacapa, la familia luchó porque se pintara un mural en memoria de Litzy. Este fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer, en 2021. Sin embargo, 29 días después, personas desconocidas lo borraron.

El caso fue tomado por la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP). El 10 de diciembre, se realizaron 13 allanamientos en inmuebles ubicados en el municipio de Teculután. Allí, “se secuestraron indicios y se logró la captura de (Kevin) Rivas Cordón por su presunta participación en el secuestro y muerte violenta de Litzy Cordón”, señaló el MP. 

Kevin Rivas fue ligado a proceso el 4 de enero del 2021 por los delitos de plagio o secuestro y el asesinato de Litzy Cordón. Desde entonces, guarda prisión preventiva en la cárcel dentro de la Brigada militar Mariscal Zavala, ubicada en la ciudad capital, catalogada como una prisión VIP. Fue enviado allí bajo el argumento de que, al ser un caso de alto impacto, él temía por su vida. 

“El delito fue cometido en Teculután, municipio de Zacapa. Él debería estar en Zacapa”, señaló la familia de Litzy. 

El proceso judicial 

Kevin Rivas Cordón fue enviado a juicio el 18 de junio del 2021. Este debía comenzar el 9 de junio del 2022, pero ha sido retrasado en múltiples ocasiones. En dos de ellas, durante el 2022 porque el sindicado no contaba con un abogado y se negaba a aceptar que uno del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDDP) lo defendiera. 

El inicio del juicio fue reprogramado nuevamente para el 9 de junio del 2023. Sería conocido por el Tribunal de Sentencia de Instancia Penal de Zacapa. Sin embargo, no se llevó a cabo debido a que el Sistema Penitenciario (SP) no pudo trasladar a Rivas Cordón a Zacapa. 

La familia de Litzy califica el actuar del sistema judicial y el MP como “malo, muy malo”. Esto se evidencia en los malos tratos que la familia ha recibido por parte de los funcionarios públicos de dichas instituciones y los constantes retrasos en el proceso. En una ocasión, incluso se rumoró que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) había perdido la evidencia del caso por un tiempo, según narraron los familiares. 

En la comunidad comenzó también se rumoró que Litzy fue también víctima de violencia sexual y que otras personas estuvieron también implicadas en su asesinato. Esto despertó sospechas en la familia de Litzy, quienes decidieron comunicar estas preocupaciones al MP. Sin embargo, manifestaron que la fiscal simplemente las ignoró. Según el MP, “no se ha comprobado alguna agresión sexual”. 

A más de tres años del femicidio de Litzy, su familia continúa luchando porque el caso no permanezca impune. “Queremos que este muchacho diga quiénes más participaron, que las demás personas que están involucradas, de una u otra forma, también paguen. No es justo lo que hicieron”, finalizaron.