Los feminismos en Nicaragua han posicionado, como parte de su análisis y denuncia sobre las violencias, el concepto político del transfemicidio para visibilizar los asesinatos de mujeres trans.  Estos constituyen la expresión final y letal de un continuum de violencias enfrentadas por las mujeres en general y en particular por las mujeres trans al ejercer su identidad de género autopercibida y no la impuesta por la heteronorma. 

Por Periodistas Feministas Nicas

 En América Latina, Argentina es el país que más avances tiene en materia de monitoreo, seguimiento, visibilización y penalización de los casos de transfemicidio.  Los delitos de transfemicidio y travesticidio está tipificados en este país, el cual cuenta, desde el 2019, con un mecanismo nombrado Instrumento para la medición de femicidios, transfemicidios y travesticidios, una propuesta para la construcción de información criminal con perspectiva de género, creado a partir de una alianza entre el Ministerio Público Fiscal argentino y ONU Mujeres. 

 Dicho instrumento, propone “el desarrollo de registros que consideren a los femicidios / transfemicidios /travesticidios como tales, con el objetivo de evaluar las respuestas del sistema de justicia sobre estos casos y contribuir a la visibilización de la violencia extrema contra las mujeres a través de información pública con perspectiva de género”. 

 En este artículo, Hortensia, investigadora social nicaragüense y feminista, comparte su análisis respecto a los transfemicidios. Además, los datos recopilados por el Observatorio LGBTIQ+ en Nicaragua del Colectivo La Corriente Somos Todas permitirán dimensioanr la problemática durante el período  2020-2023. 

El delito de transfemicidio 

 En Nicaragua el delito de transfemicidio no está tipificado. Sin embargo, el 18 de enero de 2021 entró en vigor la Ley 1057 que penaliza con cadena perpetua a los crímenes de odio, pero no explica con precisión esta categoría. 

 Esta ley, además, destaca como uno de los argumentos principales el compromiso por “promover y proteger los Derechos Humanos de toda la sociedad Nicaragüense, con especial atención a los sectores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad; dentro de los cuales están nuestros niños, niñas y adolecentes que representan el futuro de nuestro país; la Mujer, pilar fundamental del núcleo familiar que merece una protección especial del Estado, ante las desigualdades, inequidades y discriminación que le ha tocado vivir históricamente en un mundo patriarcal”. 

 En marzo de 2021 a dos meses de haber entrado esta ley en vigencia, ocurrió un atroz transfemicidio en Somotillo, Chinandega. Dos hombres identificados por la población y capturados por la Policía Nacional, asesinaron a Lala una joven trans de 21 años de edad. Los transfemicidas fueron llevados a juicio por la causa de asesinato agravado y en Mayo de 2021, la jueza Rosa Velia Vaca Cardoza, titular del juzgado de Distrito Penal de Juicio de Chinandega, indicó que “por tratarse de un asesinato agravado se debía imponer la pena de prisión perpetua revisable” .

 Ludwika Vega, mujer trans y activista nicaragüense por los derechos humanos de la diversidad sexual, dijo para el periódico digital Despacho 505 en mayo de 2021 que esta “es una sentencia similar  a la de 20  o más años de cárcel, que se  impone a presos por  violación,  asesinato y otros delitos, pero que  siempre salen en libertad mucho antes de cumplir su condena, por el supuesto buen comportamiento o buena conducta mostrada dentro del penal”.  Es decir que la pena para los transfemicidas capturados se trata de una cadena perpetua revisable donde la jueza les dejó la posibilidad de obtener libertad condicional.

 Aunque en el caso de Lala, donde hubo aparente justicia y se señala el odio y saña en el delito, no se muestran otras condiciones que intervinieron para llegar hasta esta violencia letal. 

 Hortensia, investigadora feminista, señaló  que en América Latina Rita Segato y Marcela Lagarde han estudiado los femicidios y han cuestionado la categoría crimen de odio para enfatizar que el origen de este tipo de violencia no está en lo subjetivo e individual, sino que atraviesa la socialización y  institucionalidad de los contextos. “Hay que evidenciar que este tipo de violencias no surgen por un sentimiento específico de una persona, sino que son violencias integradas en nuestra sociedad.” enfatiza Hortensia.

Los nombres de las mujeres trans no son un alias o seudónimo

 En Nicaragua las mujeres trans no pueden cambiar legalmente de nombre ni de sexo en el registro civil de las personas, pues no existe una ley de identidad de género que establezca los mecanismos para acceder a este derecho. 

 Esta falta de respaldo institucional y legal  forma parte del continuum de violencias que atraviesan las mujeres trans nicaragüenses porque es una forma de invalidar su existencia y la importancia que representa para ellas nombrarse desde su identidad de género.

 Hortensia explica que es parte de las violencias acumuladas contra las personas trans. “Cuando una persona trans es asesinada, su identidad no es reconocida y  hasta el último momento tiene que cargar con el nombre que no la identifica. Que, por ejemplo los medios de comunicación pongan su nombre masculino y el nombre femenino entre comillas como que se tratara de un apodo, también es violencia”, señaló. 

 Entre el año 2020 y 2023 se registraron 6 casos de transfemicidios contra mujeres trans nicaragüenses, 5 en Nicaragua y uno en Costa Rica. Todos los casos han sido procesados utilizando el nombre de las mujeres asignado al nacer, es decir, el masculino. Además, algunos de los medios de comunicación que informaron de estos transfemicidios, describen el nombre de las víctimas usando comillas y nombrándolas como hombres. Algunos de estos tiulares fueron: “Asesinan a nicaragüense conocido como «La Titi» en Costa Rica”, “El asesinato de "Lala" es un crimen de odio hacia la joven transgénero amarrada y arrastrada por un caballo” y “Hombre es hallado muerto y con signos de violencia en Managua”.

 Hortensia también señala que Nicaragua es un país transfóbico y transmisógino, donde quienes construyen las leyes carecen de voluntad política para educarse y promover transformaciones socioculturales que protejan las vidas de las mujeres trans. 

 “Cuando ocurren los crímenes son procesados bajo el código penal como asesinato, sin ninguna lectura o análisis de género de parte del sistema legal. Es decir que no hay un juez especializado en violencia de género contra la comunidad trans que puede analizar e identificar cómo afecta la misoginia, si hubo o no violencia sexual previo al asesinato o no reportan si hubo o no hubo acoso. Queda invisible en general, a nivel mediático y a nivel legal también, porque ninguna ley reconoce estas características del género”, argumenta.

Iniciativas para monitorear los transfemicidios y prevenir las violencias

 En Nicaragua, pese a la desarticulación de los movimientos sociales, el asedio y persecución a las activistas feministas y de Derechos Humanos por parte de la dictadura, existe el Observatorio LGBTIQ+ del Colectivo La Corriente Somos Todas, desde donde se monitorea diferentes expresiones de violencia hacia las personas de la diversidad sexual en Nicaragua.

 Esta instancia se encarga de registrar casos de violencia, impunidad, discriminación, agresiones, suicidios y asesinatos de las personas LGBTIQ+ y representa un gran aporte en materia de visibilización de diferentes violaciones a los Derechos Humanos. En su último informe, correspondiente al primer semestre del año 2023, documentó 20 hechos: 16 agresiones, 2 crímenes de odio, 1 asesinato y 1 suicidio. Los crímenes de odio se tratan de los transfemicidios de Juana Mena en  marzo del 2023 y de “la Mendoza” en abril de ese mismo año. Ambos permanecen impunes. 

 Además, según Hortensia, las agresiones registradas en contra de las personas LGBTIQ+ “evidencian la relación directa entre el incremento de discursos de odio, la impunidad y la comisión de actos de violencia, que cada vez presentan mayor saña, llegando hasta al transfemicidio, si bien este delito no está contenido en el código penal”.

 Hortensia señala que dar recomendaciones para prevenir las violencias hacia las mujeres trans en contexto complejos como Nicaragua es bastante difícil porque hay una crisis sociopolítica y de institucionalidad que ha desarticulado al movimiento social, que era un actor clave para impulsar estrategias en contra de la discriminación y la violencia machista.

 No obstante, señala que “todas las violencias contra las mujeres, la prevención, atención y mitigación pasa por cambios socioculturales y por el establecimiento de políticas de estado. Aunque cada una de nosotras puede hacer cambios individuales y, digamos, afectar a nuestra familia,  esto no es suficiente para luchar contra un sistema y una estructura opresora y discriminatoria. Entonces, para lograr cambios, se pasa por educación, acceso a la información y capacitación del personal de trabajo. También se debe trabajar con las mismas comunidades y con las familias. O sea, son procesos más extensos y más complejos que pasan por una voluntad política nacional, local, estratégica, de gobierno pues”.

 Hortensia destaca que es necesario implementar los mismos protocolos de prevención, atención y mitigación de la violencia machista en contra de las mujeres. “Cuando hablamos de violencia contra las mujeres y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, también tenemos que incluir a las mujeres trans y evidenciar que los elementos socioculturales que nos oprimen a las mujeres a partir del género y de lo que se espera de nosotras, también afecta de manera negativa a las mujeres trans. Se tiene que evidenciar que esta violencia es una violencia de género también y que cuando no se nombra queda invisible. Hay que nombrar las cosas para que puedan ser analizadas y evidenciadas”, concluyó.