Del 16 al 18 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias de fase intermedia, de anticipo de pruebas en el caso de genocidio ixil, contra el general Luis Enrique Mendoza. 14 testigas y testigos se presentaron durante tres días al Juzgado de Primera Instancia de Nebaj para contar lo que vivieron. Mendoza fue señalado en octubre de 2011 por genocidio contra el grupo étnico maya ixil y delitos de deberes contra la humanidad en contra de 1 mil 442 indígenas ixiles entre abril de 1982 y julio de 1983. Sin embargo, fue hasta noviembre de 2019 cuando finalmente fue arrestado y ligado a proceso. Actualmente goza de una medida sustitutiva. 

Mendoza García es señalado de conocer y cooperar en la ejecución del Plan de Operaciones Sofía. Según una nota de Rony Morales en Prensa Comunitaria, el juez Bremer Ramírez afirmaba en noviembre de 2019 que existen pruebas suficientes para considerar que Mendoza, al ser jefe de operaciones (G3) del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala, tuvo participación en “violaciones y tratos crueles, al haber este incumplimiento de Estado se puede configurar como delitos contra los deberes de la humanidad y la posibilidad de que el sindicado haya participado en estos hechos”. 

Héctor Chiquín Reyes, director de Centro Para la acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, comenta que en el caso por genocidio se tienen alrededor de 150 testigos y testigas, dentro de ellos, algunas personas que ya están muriendo por tener avanzada edad o estar gravemente enfermas. En ese sentido, se le solicitó en este caso a la jueza Silvia de León, que se pudieran programar anticipos de pruebas para por lo menos escuchar a 15 personas. Estas audiencias de anticipos de prueba, se iban a dar en marzo, pero por la pandemia se retrasaron y se dieron ahora entre el 16 y 18 de septiembre. 

Las audiencias de anticipos de prueba se programaron en Santa María Nebaj, sin embargo, por cuestiones de agenda, la jueza decidió no trasladarse a Nebaj, sino llevar la audiencia en la Ciudad de Guatemala de forma simultánea a Nebaj.  

En la ciudad se encontraron los fiscales del Ministerio Público en el Juzgado de Mayor Riesgo “C”, los abogados querellantes y defensores y la jueza realizando las preguntas; y en Nebaj, una jueza de paz de Santa Cruz del Quiché estuvo tomando los testimonios de las testigas y testigos en el Juzgado de Primera Instancia de Nebaj.  

Como abogados y organizaciones querellantes, figuran el Centro Para la acción Legal en Derechos Humanos –CALDH- y la Asociación para la Justicia y Reconciliación -AJR-, y la defensa de Mendoza García la lleva la Defensa Pública Penal. 

En la audiencia del 16 de septiembre dos testigas no pudieron asistir, por lo que los querellantes solicitaron que se pudiera reprogramar un espacio para escucharlas, pero la jueza declaró sin lugar los recursos, y las dos testigas no pudieron ser escuchadas. Además, en la audiencia del 17 de septiembre, una de las testigas tuvo que retirarse por motivos personales, después de horas de espera para ser escuchada, y al siguiente día, la jueza Silvia de León se negó a escucharle, según información de CALDH. 

Héctor Chiquín, explica que las y los testigos fueron víctimas de distintas violencias en los municipios Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal en Quiché, y pertenecen a distintas aldeas y municipios. Cuenta que algunas testigas eran niñas en ese momento, y sufrieron violencia sexual y esclavitud doméstica. Algunos testigos fueron víctimas del desplazamiento, pues el Ejército de Guatemala invadió sus terrenos, quemaron sus casas, cosechas, mataron a sus amigos, vecinos y familiares. “Lamentablemente, las mujeres fueron utilizadas como botín de guerra, por eso las compañeras testigas relatan al tribunal lo que sucedió en este conflicto armado”, explica. 

En ese momento, muchos de los testigos decidieron moverse a la montaña para refugiarse de las masacres. Algunos vivieron allí por casi 16 años, la mayoría continuó el desplazamiento hasta casi llegar a la frontera con México, pero varios tuvieron que entregarse al Ejército de Guatemala, pues no tenían ningún recurso alimenticio, ropa, hogar, nada. 

Después de las audiencias de anticipación de pruebas, el 2 de octubre el Ministerio Público tiene que dictar el acto conclusivo. Luego el siguiente avance en el caso será presentar una acusación, posteriormente se darán las audiencias de fase intermedia entre el 19 y 21 de octubre, y finalmente habría un debate oral y público por el caso y una sentencia, tal y como se realizó en los otros dos casos ya sentenciados por genocidio. Esta sería la tercera sentencia que afirme que en Guatemala sí hubo genocidio contra el grupo étnico maya ixil. “Las sentencias del 2013 y 2018, permiten ver que en Guatemala si hubo genocidio”, dice Héctor.  

El 10 de mayo de 2013 Efraín Ríos Montt fue condenado como responsable de genocidio con 50 años de prisión inconmutables y por delitos contra los deberes de la humanidad con 30 años de prisión inconmutables, sin embargo, en ese juicio también estaba involucrado José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe militar de inteligencia en la dictadura de Ríos Montt, pero quedó absuelto del caso. Un fotoreportaje de Cristina Chiquín en Prensa Comunitaria, explica que la jueza Jazmín Barrios resolvió que Rodríguez Sánchez no tuvo injerencias en las operaciones contra el pueblo Ixil, pero el tribunal ordenó al MP en ese momento, continuar con la investigación en contra de los otros posibles responsables por genocidio. 10 días después, la Corte de Constitucionalidad ordenó que se anulara la sentencia, y tuvo que repetirse todo el juicio. 

En octubre de 2017 se reactivó el caso, y el 26 de septiembre de 2018, se reconoció de nuevo en un tribunal que en Guatemala sí hubo genocidio, según una nota de David Toro en Prensa Comunitaria, el único acusado vivo en ese juicio, José Mauricio Rodríguez Sánchez, fue absuelto por segunda vez, aunque no todos los jueces estuvieron de acuerdo. Ríos Montt fue sentenciado, pero ya había muerto el 1 de abril de 2018.