En el día 44 del Paro Nacional, mujeres de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, denunciaron a la fiscal general Consuelo Porras por varios delitos violatorios a la Constitución tras los allanamientos realizados al TSE.
El Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes desde su creación. A criterio de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en Guatemala, esa institución se ha convertido en una máquina de impunidad para las mujeres, adolescente y niñas víctimas de violencia sexual, ya que se prioriza la persecución de “enemigos políticos” y no se resuelven los casos de cientos de víctimas.
Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo E consideraron que la acusación del Ministerio Público (MP) no estaba bien sustentada y declararon inocentes a los exkaibiles José Mardoqueo Ortiz, Gilberto Jordán y Alfonso Bulux Vicente de haber participado en la masacre en Las Dos Erres, en La Libertad, Petén, en 1982.
En la sesión 188 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres exoperadores de justicia y una defensora de derechos humanos se sentaron frente a un grupo de comisionados para exponer el impacto del uso del sistema penal para perseguir opositores. Blanca Stalling, en representación del Estado, argumentó que no existe criminalización por parte del Estado y justificó la persecución a operadores de justicia, además, defendió la prisión preventiva de exoperadores de justicia, pese a que hace años fue denunciada por presionar a un juez para intentar que su hijo saliera de prisión.
Durante las manifestaciones ciudadanas, el pasado 9 de octubre, se denunció que un grupo de personas que serían infiltradas causó destrozos y daños en el Centro Histórico de la ciudad capital. Uno de los puntos con mayor daño fue el altar para mantener viva la memoria de las 41 niñas que murieron quemadas y las 15 que quedaron heridas en el incendio del hogar estatal Virgen de la Asunción, a quienes el Estado no les brindó protección y cuyo caso sigue esperando justicia. Diversos colectivos de mujeres se unieron para recuperarlo porque “las niñas de Guatemala, no murieron por amor. Murieron porque el Estado las quemó”, expresó Rosa Gallardo, de la colectiva Plaza de las Niñas 8 de marzo.
Por Tania Palencia Prado
El Ministerio Público, una de las instituciones más criticadas y señaladas por las acciones contra el proceso electoral, decidió gastar Q432 mil en un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de la institución, que principalmente están enfocados en atender a la fiscal general Consuelo Porras.
Unas 80 autoridades indígenas y ancestrales señalaron al presidente Alejandro Giammattei de tener un plan para incriminar a la ciudadanía en actos vandálicos y de violencia en las jornadas de protesta del paro nacional indefinido. Una de esas acciones involucra a diputados oficialistas de Chimaltenango que están usando el tema de la planta de agua Yaxá Pixcayá como excusa.
Se cumplieron diez días del Paro Nacional Indefinido, en el que se exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Arévalo presidente electo llegó al Palacio Nacional y desde la Plaza junto a decenas de manifestantes le exigió a Giammattei que deje de evadir su responsabilidad y exija la renuncia de la fiscal general.
En el amparo provisional se ordena a las instituciones denunciadas que garanticen el derecho a manifestar de la ciudadanía guatemalteca, quien durante nueve días ha participado en la movilización exigiendo la renuncia de Consuelo Porras.
Después de una semana de silencio, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, brindó un discurso a través de cadena nacional pregrabada donde amenazó con criminalizar a quienes participan en el #ParoNacional. Minutos antes, un grupo de personas, que fue calificado por los manifestantes como infiltrado, irrumpió en la Plaza de las Niñas, en el parque central de la ciudad capital y dañó el Monumento al Bicentenario. Esta estrategia fue similar a otras implementadas por el gobierno con anterioridad.
Por Angie Ross
Tras siete días de manifestación pacífica, los manifestantes en distintos puntos en donde se mantiene la toma de carretera permitieron el ingreso de pipas con combustible y camiones con alimentos para abastecer a la población. Las autoridades de 48 Cantones dicen que hasta ahora siguen en la postura de que los funcionarios que buscan un golpe a la democracia renuncien y así detendrán las movilizaciones.
Luego de denunciar que dentro de la institución de la Policía Nacional Civil (PNC) existían agentes corruptos, la agente Yésica Salguero fue dada de baja mediante un comunicado del Ministerio de Gobernación.
El juez décimo penal, Jimi Bremer, resolvió ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, por el delito de abuso de autoridad.
Estudiantes de dos universidades se unieron para manifestar en las calles de la cabecera departamental de Quetzaltenango, para pedir la renuncia de Consuelo Porras y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, por las acciones vulneran el proceso electoral.
El 18 de septiembre, en una segunda jornada de manifestaciones sociales en defensa de la decisión popular emitida en las urnas, dejó en claro que el respaldo de la ciudadanía al binomio presidencial electo sigue siendo ferviente.
Autoridades ancestrales, organizaciones sociales y autoridades indígenas han llamado a protestas a nivel nacional para respaldar al presidente electo Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla.
Guatemala sigue luchando en las calles el pulso contra la corrupción y la impunidad, este lunes 18 de septiembre con una movilización histórica que ha desplegado a organizaciones sociales campesinas, indígenas y sociales en todo el país.
El sector estudiantil y la población que se unió a la convocatoria, denunciaron la corrupción y la cooptación de las instituciones y poderes estatales.