El juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército llegó a su final, pero varios sucesos han prolongado que finalice la etapa conclusiva para que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” delibere la sentencia.

Los sobrevivientes denunciaron el amparo otorgado a Lucas García para evitar que llegue a su final, así como el traslado de cuatro auxiliares fiscales que estaban asignados al caso.

Por Regina Pérez

Ante nuevas acciones de las abogadas de Benedicto Lucas García, general que fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército entre 1982 y 1982, sobrevivientes de la guerra en el área Ixil manifestaron que existe un bloqueo de parte de la defensa, sumado a otros obstáculos que se vieron durante el juicio, que buscan que no haya una sentencia por genocidio.

Los sobrevivientes y víctimas acudieron, este jueves, al Tribunal para presenciar la audiencia donde ya solo falta que la defensa finalice sus conclusiones para que los jueces comiencen a deliberar la sentencia. Sin embargo, esto se suspendió luego de lo ocurrido la tarde de ayer, cuando la jueza vocal Lilian Patricia Ajcam se desmayó y tuvo que ser trasladada a un centro médico.

Esta no es la única incidencia que ha tenido el juicio, con casi 100 audiencias en un lapso de siete meses. En la jornada del miércoles, la abogada Teresa Martínez, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), informó al juez que fueron notificadas de un amparo otorgado a Lucas García, en el cual se recusó a los jueces y se negó a finalizar sus conclusiones.

El juez presidente Gervi Sical informó que daban por aceptado la recusación pero que no podían suspender la audiencia, la cual hubiera finalizado si la jueza Ajcam no se hubiera desmayado.

Frente al edificio de la Torre de Tribunales, las víctimas ixiles que son parte de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), querellantes en el caso, leyeron un comunicado. “Nuestros pueblos han sido capaces, una vez más, usando los medios legales, de probar que en Guatemala si hubo genocidio y que el responsable de iniciarlo, planificarlo y ejecutarlo fue el general Manuel Benedicto Lucas García”, mencionaron.

El presidente de la AJR, Eleodoro Osorio, expresó su solidaridad con la jueza Ajcam por sus quebrantos de salud. “Entendemos que eso sucede por la presión que está recibiendo en el Tribunal y esperamos que se recupere pronto”, manifestó.

“Están buscando detener el proceso”

Según los sobrevivientes se han encontrado con varios obstáculos, desde los jueces y magistrados hasta el equipo del IDPP que defiende a Lucas, para impedir que lleguen a concluir el juicio.

Osorio manifestó que las víctimas quieren lograr la justicia, pues no solo han esperado más de 40 para ello sino que varias de ellas ya fallecieron, con la esperanza de que los culpables de estos crímenes sean condenados. Y en los 23 años desde que realizaron la denuncia cuando las víctimas quieren continuar con el caso aparecen bloqueos, manifestó.

“En los 23 años que mencioné nunca avanza (el caso), por lo mismo, no atienden al pueblo maya ixil, y no solo el ixil, porque todas esas violaciones fueron a nivel nacional”, indicó.

Mario Trejo, abogado de los querellantes, dijo por su parte que hay una intención de la defensa de detener el juicio. La utilización de consultores técnicos en la etapa de las conclusiones ha extendido la participación de la defensa de Lucas y se suma el amparo otorgado a su favor.

“Con esto están buscando no solo retrasar el proceso sino que buscan poder detenerlo por completo”, afirmó.

Los querellantes expresaron además su preocupación por las acciones de Consuelo Porras, fiscal general, que ha destituido a fiscales y trasladado a auxiliares fiscales que han investigado el caso por genocidio.

El 4 de noviembre se supo que el fiscal Erick de León, quien acudía a las audiencias, en tanto el 13 de noviembre fueron trasladados el agente fiscal Erick Mangandid y los auxiliares fiscales Luis López, Edgar del Cid y Mario Rosales.

Estos traslados preocupan a los querellantes y afectan el proceso “porque son acciones que pueden entorpecer este debate”, manifestó Trejo.

Hasta el momento se desconoce cuando continuará la audiencia en la que las abogadas de Lucas deberán finalizar con su intervención.

Los casos de genocidio en Guatemala

En Guatemala los sobrevivientes y la Fiscalía de los Derechos Humanos han impulsado varios casos de genocidio, el primero en contra del general Efraín Ríos Montt, que dio un golpe de Estado en 1982 para llegar al poder, juicio en el que tuvo una condena en 2013 por el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la jueza Yassmín Barrios, pero que fue anulado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

En 2018, en otro juicio, el Tribunal de Mayor Riesgo B, concluyó que sí hubo genocidio pero no condenó a José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia de Ríos Montt.

El proceso impulsado contra Lucas es el tercero en el que se juzga este delito y está por llegar a una sentencia. Este caso lleva más de 20 años desde que se realizaron las primeras denuncias “pero hasta la fecha llevan más de 23 años de estar las denuncias en el Ministerio Público y nunca se ha logrado la justicia por estos hechos”, indicó Osorio de AJR.

De lograr una condena, Osorio manifestó que será una garantía de no repetición para que quede en la memoria de las futuras generaciones y que no vuelva a suceder lo que sufrieron sus padres.