El 2 de junio de 2017 recuerda una pesadilla que acompaña día a día a familias guatemaltecas que sobreviven en un campamento localizado en la frontera entre Guatemala y México. Hace siete años, ante la amenaza de un desalojo violento (por el número excesivo de las fuerzas del orden desplegadas al lugar) las más de 100 familias de la comunidad Laguna Larga, del municipio de San Andrés, Petén, huyeron con las pocas pertenencias que ocupaban sus manos y soportaron sus espaldas. Hoy, los vecinos de El Desengaño, comunidad de Candelaria, Campeche, estado mexicano son quienes ofrecen una mano. Del Estado de Guatemala apenas y reciben nada.

Por Prensa Comunitaria

Las casi 450 personas que vivían en Laguna Larga abandonaron las humildes viviendas con el menaje de casa; las tierras de labranzas y los animales de corral, ese 2 de junio de 2017. Así como se fueron, sin nada, siguen hoy. Sin nada. Dejaron atrás las escuelas; las iglesias católica y evangélica; los cultivos en el campo, los granos que habían cosechado y la infraestructura básica que construyeron en los últimos 20 años. Caminaron casi tres kilómetros a lo profundo de la selva petenera y se instalaron en la frontera con México. Un pie y estaban afuera del país, como indocumentados y sin un quetzal en el bolsillo. Así les sucedió entonces y su situación sigue siendo la misma.

Lo que sucedió en esa lejana comunidad petenera, en 2017, es la historia del más grave desplazamiento forzado de la Era de Paz en Guatemala y de una crisis humanitaria, que se ha prolongado por siete años, sin una respuesta del Estado que facilite a las familias condicione y una vida digna. Las familias afectadas y abogados expertos en casos de violaciones a los derechos humanos coinciden en la responsabilidad del Estado en este caso y su actuar negligente frente la situación crítica de los guatemaltecos en el campamento.

Durante el conflicto armado interno, el desplazamiento forzado fue una práctica definida dentro de la contrainsurgencia que se repitió en centenares de localidades del país. Miles de guatemaltecos fueron obligados a abandonar, de manera forzada, casas, tierras y demás pertenencias como la única forma de salvar sus vidas. La mayoría se desplazó a la capital del país o cruzaron la frontera en busca de un lugar seguro en México o Estados Unidos. Una seguridad relativa lejos del terruño.

Con esta explicación, el caso de Laguna Larga se puede tipificar como el caso más grave de desplazamiento forzado en Guatemala después de la firma de la Paz, en 1996. Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la resolución 36-2017 (del 8 de septiembre de 2017) dictó la Medida Cautelar 412-17 a favor de los pobladores desalojados y desplazados de la comunidad Laguna Larga como reconocimiento a la gravedad de lo acontecido y las condiciones infrahumanas a las que las familias estaban y están expuestas.

En junio de 2017, los pobladores de Laguna Larga tomaron una decisión de vida o muerte. Se retiraron de la comunidad y huyeron a lo más recóndito de la selva petenera, al conocer sobre una orden de desalojo, activa desde 2005, que involucraba a más 1 000 agentes de las fuerzas públicas. Desde ese día, por siete años, han esperado que el Estado de Guatemala voltee la vista hacia ellos y les ofrezca, sino lo que tenían, algo que les facilite una vida digna, condiciones de salud, acceso a educación y trabajo, como antes tenían.

Pese a la Medida Cautelar de la CIDH a favor de las familias, las acciones desde el Estado avanzan a paso lento y están muy lejos de resolver la crisis humanitaria en el campamento de desplazados, como los llaman. Habría que preguntar al mismo Estado guatemalteco, ¿de qué guerra huyeron? y ¿qué clase de fuerza paramilitar los perseguía?

El desplazamiento forzado ocurre cuando un grupo de personas abandona sus hogares y huye, a lugares presuntamente seguros, ante la amenaza de un conflicto violento, persecuciones o violación a los derechos humanos. Un desplazamiento forzado, en la actualidad, tendría que causar alarma al Gobierno y obligarlo a acciones prontas a favor de las personas afectadas. Laguna Larga es un campamento de desplazados y el Gobierno da la espalda a la crisis humanitaria. El consuelo que reciben las familias es mexicano.

Prensa Comunitaria entrevistó a personas que viven en el campamento, a abogados expertos en derechos humanos y a activistas que han acompañado a las familias de Laguna Larga desde 2017. Se reserva el nombre de las personas que colaboraron en ese reportaje con la finalidad de preservar su integridad física.

Abandono y olvido

Siete años han transcurrido desde que las 111 familias, unas 450 personas, que vivían en la comunidad Laguna Larga, se internaran tres kilómetros adentro de la selva petenera, ante la inminente llegada de un contingente de más 1 500 agentes de las fuerzas públicas, entre soldados y policías, luego de la firma de una orden de desalojo por un juez de San Andrés, Petén.

Desde entonces, el campamento, como así llamaron al nuevo domicilio, es un sitio precario, inhóspito, insalubre y sin ninguna condición que facilite la convivencia humana. Oportunidades de trabajo, encontraron los hombres, en El Desengaño, la comunidad más cercana a la frontera y en el municipio de Candelaria, Campeche, a dos horas del campamento. Como son indocumentados, lo más duro se los dejan a ellos.

De junio de 2017 a la fecha, al menos 30 familias han intentado recuperar sus vidas y decididas cruzaron la frontera mexicana y viven en localidades aledañas en las que fueron recibidos al conocer la situación inhóspita y precaria del campamento. “Unos vecinos de El Desengaño les dieron lugar para vivir y regresan cuando llega a alguna ayuda”, contó una persona que vive en el lugar.

Por los linderos de la selva petenera

Don Esteban fue uno de los primeros en llegar Laguna Larga, luego de que un amigo le contara sobre el lugar. Conoció las tierras antes de 1998, en sus andanzas por Petén, un departamento localizado a unos 200 kilómetros de ciudad de Guatemala, capital del país, que duraron casi dos años. Regreso a su casa en Sayaxché, municipio de La Libertad, Petén y les habló a los hijos sobre lo que había conocido y que el sitio era idóneo para comenzar una vida de casados.

“Nos dijo allá hay tierra para cultivar, pero hay que esforzarse. Cuando crezca tu familia tendrán un sitio para vivir y trabajar”, recordó Edvin de 39 años (hijo de don Esteban) quien entonces también vivía en Sayaxché.

De Sayaxché a Laguna Larga, don Esteban hacía 12 horas de caminata por la selva petenera y fue justó ese tiempo el que caminó Edvin y su esposa cuando llegaron a la comunidad, su casa por casi 18 años. “Él se fue primero, mi mamá ya no estaba (había fallecido) y nosotros llegamos después”, mencionó.

Edvin sobrevive en el campamento con su esposa y sus cuatro hijos: tres varones de 18, 16 y 12 años y una niña de 10. La pequeña tenía 3 cuando sus padres abandonaron la humilde vivienda en Laguna Larga y por ello su infancia ha transcurrido en una pobreza inimaginable. Ahora, otras 350 personas conviven en el campamento, de los cuales 80 son niños.

“Nosotros vivíamos en armonía. No le pedimos nunca nada al Estado. Las escuelas estaban reconocidas por el ministerio de Educación. Tenían su propio código y maestros asignados. La Iglesia católica y la evangélica también tenía autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para el control de los aportes, pero ahora se cancelaron por lo que pasó”.

Lo que don Esteban les había dicho a los hijos resultó cierto. En Laguna Larga, recibe ese nombre porque cercano a la comunidad se ubica un cuerpo de agua con forma alargada, las familias vivían en la humilde bonanza que ofrecían los cultivos de granos, la crianza de animales y el manejo de recursos naturales de los bosques. Nacieron niños y por ellos se levantaron las escuelas y una Iglesia católica y otra evangélica para el cultivo del alma.

No eran posibles los lujos, ya que, un destacamento militar cercano impedía el acceso de bienes y materiales a la zona. Nada de láminas, nada de clavos, maderas o formas de hierro, mucho menos enseres domésticos. La vida en Laguna Larga era de pobreza, pero pobreza digna.

Si embargo, las casas se lograron construir con materiales básicos y contaba con piso. Había área de cultivos, la mayoría de los hombres se dedicaba a la agricultura de subsistencia, y al manejo controlado del bosque, por estar localizada en la Zona de Usos Múltiples del Parque Nacional Laguna del Tigre. Esta área protegida tiene un largo historial de depredación y regulación discrecional a favor de una empresa petrolera franco-británica, cuyo contrato de explotación petrolera no fue renovado en 2024.

Laguna Larga también contaba con un Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), que como lo manda el reglamento de la ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural estaba inscrito en la alcaldía de San Andrés, Petén. Cuando las familias se desplazaron a la frontera mexicana, la municipalidad intentó cancelar este órgano comunitario. Sin embargo, se presentaron recursos legales en contra de la decisión del alcalde y el COCODE sigue vigente.

A la fecha, ningún proyecto o programa municipal los integra. Incluso la indecisión juega con los afectadas ante la posibilidad de utilizar el COCODE como un instrumento que les facilite algún tipo de programa o ayuda.

La vida en el campamento

El llamado campamento está localizado en una franja de tierra que, de acuerdo con abogados consultados, es un área neutra entre los países. No es de Guatemala ni de México. Allí en una especie de estructura precaria salta a la vista un anuncio con información sobre la Medida Cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2017, a favor de las familias de Laguna Larga.

Hay al menos 30 ranchos con techo de palma y paredes de reglas de madera (donadas por organizaciones mexicanas) y suelo de tierra; un campo de fútbol que se reconoce por unas porterías compuestas por tres troncos delgados y la escuela que es una galera cerrada. Los ranchos son de las personas con más recursos en la comunidad. El resto vive en champas y duerme en el suelo.

El agua para consumo es uno de los mayores focos de enfermedad para las familias. Técnicos mexicanos hicieron análisis al agua de la laguna cercana (de la cual se abastecen) y afirmaron que estaba contaminada. Se cree que el agua es la causa de graves afecciones de la piel que padecen algunos niños y adultos.

“Aquí en el campamento se vive en condiciones muy duras. Las familias tienen muy poco para comer a veces frijoles y maíz. Las que pueden pagar algunas verduras, las compran en El Desengaño. Son muy pocos los que pueden hacerlo”, explicó una madre de familia.

Las infecciones en la piel, problemas gastrointestinales y respiratorios los afectan de manera periódica. La desnutrición infantil, en sus distintas etapas, también se registra en el campamento. Entre 2017 y 2018, nacieron 14 niños atendidos en condiciones infrahumanas.

“Los primeros dos años fueron muy difíciles. Vivimos de lo que nos dieron los vecinos y organizaciones mexicanas. Nos entregaron alimentos, víveres, comida preparada. Donaron tinacos para almacenar agua; bombas para bombear agua, algunos enseres, productos de higiene. Luego los hombres cruzaron la frontera mexicana y buscaron trabajo para sobrevivir. No se podía seguir así. A la espera de ayuda”, añadió Edvin.

Los bordados de Laguna Larga

Las mujeres también fueron motivadas a contribuir a la economía familiar (por demás escasa) y en los primeros meses, después del desalojo, fueron instruidas en el arte del bordado mencionó un abogado de El Naranjo, municipio de La Libertad, Petén, localizado a un día y medio del campamento. “Una organización mexicana llegó con ellas y donó las mantas, hilos y tijeras, entre otros enseres, para bordar servilletas y caminos de mesa que luego ayudé a vender”, explicó.

“Ellos necesitaban dinero para solucionar lo de la comida, sobre todo. Cuando salieron de Laguna Larga no tenían nada para comer. Unos dejaron los campos con los cultivos y otros, que habían levantado la cosecha, los granos en sus casas. Los militares quemaron las casas con lo cosechado y destruyeron los sembradíos”, añadió. “Las familias se quedaron sin nada”.

A diario, las mujeres se reunían a aprender, las que no sabían, y a bordar las señoras con más experiencia. Las acompañaban representantes de la asociación mexicana quienes dirigían los diseños. Además, se hicieron etiquetas en las que se leía el nombre de quién había hecho el bordado en el campamento Laguna Larga. De estos talleres de costura salieron servilletas bordadas para las tortillas, paneras y centros de mesa, que el abogado vendía a distintos precios. “Las hubo de Q25, Q40, Q70, Q120 y Q200”, dijo.

“Como soy del área y los conozco, caminaba el día y medio de distancia, entre mi casa y el campamento, porque sentía que era la forma como podía ayudar. Iba entonces por los bordados y como tengo varias reuniones a la semana con líderes comunitarios, allí los vendía. Les decía con tiempo que iba a llevar a los bordados para que ellos en solidaridad los compraran. Vendí como 500”, aseguró.

También en redes sociales mostró los diseños de las mujeres de Laguna Larga y consiguió que un grupo de extranjeros que visitaban Flores, Petén, comprara caminos de mesa y servilletas. “Se fueron a Estados Unidas y a Suiza, desde esos países dijeron que querían ayudar”. Los ingresos de estas ventas los ayudaron a mantenerse hasta 2019.

Las mujeres dejaron de bordar desde entonces y ahora se dedican al cuidado de los niños y de los ranchos o de las champas en las que viven, porque la mayoría de los hombres se arriesgaron a trabajar en México. “Con ellos, todo ha sido muy difícil”, añadió el abogado.

“Cuando agarraron valor cruzaron la frontera a buscar trabajo. Nos decían que no se podía hacer nada porque no tenemos papeles, que estaba prohibido trabajar. Pero, aun así, varios encontraron un trabajo lo que ayudó a comprar semilla. En el campamento se siembra maíz, frijol y pepitoria. Las mujeres ya no bordan”, comentó Edvin.

Medidas cautelares de la CIDH

El desplazamiento forzado de las familias de Laguna Larga fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por asociaciones mexicanas como Indignación; la Comisión Mexicana Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.; La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes; Voces Mesoamericanas; Acción con Pueblos Migrantes y Resistencia Civil de Candelaria I, el 10 de junio de 2017. Ocho días después del desalojo dada la situación de emergencia humanitaria en el campamento.

En la solicitud de medidas cautelares se presentó el antecedente de que las más de 100 familias, unas 450 personas, de Laguna Larga se encontraban en situación de riesgo “dado que se habrían sido forzadas a desplazarse desde su comunidad hasta un área fronteriza que colinda con El Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche. Estas familias habían vivido en la zona por más de 20 años y habían logrado el reconocimiento del Estado guatemalteco a la organización comunitaria.

Se dijo entonces que las familias afectadas vivían en el campamento a la intemperie en carpas y champas. También se hizo de conocimiento de la CIDH un “presunto contexto sistemático de desalojos y desplazamientos internos forzados en Petén, así como un ambiente de hostigamiento y amenazas permanente de las autoridades de Gobierno y actores no estatales”.

“Están en una situación de emergencia humanitaria o crisis médico-humanitaria”, se lee en el documento. “Las familias levantaron un precario campamento y tienen limitada ayuda en alimentos y medicinas, las cuales las entregan vecinos, sociedad civil e incluso autoridades mexicanas”, se indicó. Según esta denuncia, ante la gravedad del caso acudieron al campamento representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Como respuesta a la denuncia, una comitiva de la CIDH efectuó una visita a las familias de Laguna Larga, en una visita in loco a Guatemala, el 1 de agosto de 2017. Tras evaluar el caso la Comisión consideró que los derechos a la vida e integridad de las familias se encontraba en “situación de gravedad y urgencia de riesgo de un daño irreparable”, lo cual se mantiene siete años más tarde y por esta causa solicitó ese año al Estado de Guatemala:

• Impulsar acciones dirigidas a mejorar las condiciones sanitarias y de salud, en especial de niños, niñas, mujeres y personas mayores.

• Acceso a una alimentación adecuadas en términos nutricionales y culturales.

• Agua potable en concordancia a los niveles aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

• Adoptar medidas de carácter inmediato para la protección de la vida e integridad de niñas y niños con desnutrición.

• Alojamiento en condiciones adecuadas de habitabilidad y salubridad.

• Vestimenta que proteja del calor, lluvia, viento y otras amenazas a la salud.

• Condiciones de seguridad.

• El acceso seguro a zona en la que antes habitaban para recolectar bienes, enseres y cosechas.

• La continuidad de la educación y servicios de asistencia y cuidados básicos para niñas y niños.

• Tratamiento médico adecuada a las patologías y enfermedades, incluido tratamiento especializado a pacientes con padecimientos crónicos; así como servicios especializados en atención a mujeres; salud materna en condiciones de asequibilidad (que se pueda conseguir) y accesible.

• Proteger a las familias de posibles actos de violencia por parte de terceros o agentes estatales. Con lo cual se garantiza a su vez la protección de los enseres, propiedades y cosechas que quedaron abandonadas.

• Continuar con mesas de diálogo y consultas con la finalidad de buscar salidas a esta situación.

Ramón Cadena, connotado abogado en casos de violaciones a los derechos humanos y hoy en el exilio acompañó a las familias de Laguna Larga, desde que ocurrió el desalojo que originó el desplazamiento forzado y violento de las familias.

“Fui a Laguna Larga al día siguiente del desalojo violento y vi las condiciones infrahumanas en las que vivían las familias que se ubicaron en esa franja intermedia que no pertenece ni a Guatemala y a México. ¿Por qué digo que fue violento?, porque como acostumbra el ejército destruyeron todo. Las casas, las cosechas. Tiraron los juguetes y materiales de las escuelas y los pupitres”. Este exceso de fuerza injustificado contradice la orden judicial que ordenaba la preservación de inmuebles, cosechas y otra infraestructura física.

“Cuando se dictan los desalojos las personas no tienen derecho de defensa. No se pueden defender en un tribunal. Laguna Larga tenía argumentos a favor. En la Zona de Usos Múltiples, como lo dice la ley de Áreas Protegidas, se puede convivir y cuidar el bosque. Las personas tenían eso a su favor”, señaló.

“En el área protegida no solo se ubicaba Laguna Larga sino otras 30 comunidades que llegaron a la zona desde los años 60. Antes de la declaratoria de áreas protegidas. Es una zona difícil y se entregaron tierras, pero no títulos de propiedad”, indicó.

Después del desalojo, el abogado y otros activistas por derechos humanos se reunieron con representantes del Gobierno con el propósito de propiciar un retorno por razones humanitarias a la comunidad.  “Pero no se aceptó. Pareciera que desplazamiento forzado y sus consecuencias no interesa sino solo cansar a las familias y que abandonen cualquier intento de solución”, advirtió el jurista. Esta solicitud también se le hizo a la CIDH, para que la integrara a las acciones que recomendaba al Estado guatemalteco, pero no se obtuvo ese respaldo.

Activistas consultados, mencionaron además que la incursión del narcotráfico en las áreas protegidas también jugó en contra de Laguna Larga. “Hay una política de criminalizar a las comunidades asentadas y equipararlas a las operaciones de los carteles. Podría haber casos, hipotéticamente hablando, de personas captadas por el narco y que pasen droga a México por la cercanía. Pero no son la comunidad completa. Eso es irreal. A las familias les decimos que sí hay alguna persona así, que no la protejan”, reveló el trabajador de una organización civil que trabaja con comunidades del Parque Nacional Sierra de Lacandón.

Foto: Comunidad Laguna Larga en el campamento de la frontera México. Fotos Comunidad

Un problema civil llevado a lo penal

Con la aprobación de ley de Áreas Protegidas, decreto 4-89, el 7 de febrero de 1989, se otorgó al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) la responsabilidad de hacer cumplir la nueva normativa y propiciar procesos de diálogo con las comunidades asentadas en estas zonas, antes de la declaratoria de áreas protegidas. Como lo sucedido en Petén, un departamento en el que se extiende por casi dos millones de hectáreas la Reserva de la Biosfera Maya (RBM).

Dentro de la RBM se ubica el Parque Nacional Laguna del Tigre, considerado Zona Núcleo de la Reserva. Sin embargo, en la clasificación de Laguna del Tigre existe la Zona de Usos Múltiples, en las que cabe la convivencia humana con la naturaleza.

La particular ubicación de la comunidad Laguna Larga fue lo que justificó la solicitud de desalojo a petición del CONAP, pero con la salvedad, que lejos de apoyarse en la ley de Áreas Protegidas, se utilizó una figura del Código Penal, con un oscuro propósito.

El Decreto 4-89 no riñe con la existencia de asentamientos humanos previos a la declaratoria de área protegida y la posterior aprobación de su reglamento. Por ejemplo, el artículo 22 establece que “las personas individuales o jurídicas que se encuentren asentadas dentro de las áreas protegidas o en las que en el futuro obtengan su declaratoria legal, deberán adecuar su permanencia en las mismas, a las condiciones y normas de operación, usos y zonificación de la unidad de que se trate, procurando su plena incorporación al manejo programado de la misma”.

En tanto el artículo 7 del Reglamento de la ley de Áreas Protegidas señala, en la Categoría Tipo VI. Reserva de la Biosfera. Criterios de Manejo y Selección, que cada reserva contendrá terrenos con diferentes tipos de ecosistemas y usos humanos:

Zona natural o núcleo: Tiene el objetivo de reservar el ambiente natural, conservación de la diversidad biológica y de los sitios arqueológicos, investigaciones científicas, educación conservacionista y turismo ecológico y cultural muy restringido y controlado. Está prohibido cazar, capturar o cualquier acción que disturbe o lesione la vida de la fauna silvestre; así como cortar, extraer o destruir cualquier espécimen de flora silvestre, excepto por motivos técnicos de manejo para asegurar su conservación. No se permiten asentamientos humanos.

Zonas modificables: Se permite la modificación del ambiente natural solo para propósitos científicos o educativos. No se autorizan aquellas actividades científicas que en forma significativa pongan en peligro la perpetuidad de los recursos naturales de la reserva o le causen daño. Solo se autoriza infraestructura mínima que facilite la protección, la investigación y la educación ambiental. Se autoriza la reintroducción de especies cuya existencia previa en el área se ha comprobado científicamente, si no causa efectos negativos al hábitat o especies actuales.

Zonas de uso múltiple o sostenible, de recuperación cultural: Los objetivos primordiales de estas áreas serán el amortiguamiento de las áreas núcleo y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sin afectar negativa y permanentemente sus diversos ecosistemas.

Se permiten las obras de restauración ambiental y las actividades humanas estables y sostenibles. Todas estas actividades deben estar bajo control científico. Mientras no se apruebe el Plan Maestro, no se podrán desarrollar actividades de uso y extracción de recursos, salvo el aprovechamiento tradicional efectuado por la población autóctona, en forma limitada, para satisfacer necesidades locales. Una vez vencido el plazo de otorgamiento de las concesiones vigentes, estas estarán sujetas al Plan Maestro.

Mientras tanto, el artículo 24 del reglamento hace referencia a que no se permitirán asentamientos en áreas protegidas con las siguientes categorías: Parque Nacional, Reserva Biológica y las Áreas Núcleo de la Reserva de la Biósfera. Si existieran asentamientos (en 1990 cuando se aprobó el reglamento) en dichas áreas se buscarán los mecanismos para lograr hacerlos compatibles con el manejo del área.

“Si estas condiciones no se dieran, se gestionará la reubicación de dichos pobladores. En el caso de las categorías de manejo restantes, si es factible la existencia de asentamientos. En todo caso el área utilizada y ocupada por dichos asentamientos no podrá ampliarse, siendo esto aplicable a las áreas protegidas de cualquier categoría de manejo. Con el fin de que las personas ya asentadas dentro de un área protegida adecuen su convivencia a los objetivos de dicha área, el ente administrador o encargado del manejo emitirá las disposiciones específicas a que debe ceñirse en cada caso”.

Aunque es clara la ley de Áreas Protegidas con relación a los asentamientos humanos, el problema con la comunidad Laguna Larga fue que el CONAP, en 2005, solicitó al juez de San Andrés, Petén que se le tipificara a las familias un delito del Código Penal. “Fue un desalojo ilegal. No estaban en Zona Núcleo. Dijeron que las personas eran usurpadoras y los acusaron de usurpación agravada. Fue en el Gobierno de Álvaro Arzú que se creó este delito”, mencionó Cadena.

“Con la firma de los Acuerdos de Paz se consideró la conflictividad agraria y se hablaron de Tribunales Agrarios. Hubo talleres para instalar estos tribunales. No obstante, fueron declarados inconstitucionales”, añadió el abogado. “En 1997, se modificó el delito de usurpación a usurpación agravada con reformas al Código Penal y la conflictividad agraria se resolvió por medio de los desalojos”, agregó.

“En Petén, específicamente, la declaratoria de áreas protegidas se convirtió en camisa de fuerzas para los Gobiernos y entonces es el mismo Gobierno el que afecta a las comunidades allí asentadas”, dijo.

Para Cadena, la ley, supuestamente, tendría que proteger a las personas, pero no es así. “Ahora lo que manda es el Código Penal. Se trata de un desalojo civil que se da en un proceso penal. Es una ilegalidad, una barbaridad”, aseguró.

Para el jurista, el CONAP es una institución militarizada operada por el Ejército y a los militares no les interesan las personas. Las personas no han sido del interés de los Gobiernos”, añadió.

En ese sentido mencionó que existe un destacamento cercano a la zona en que funciona una empresa petrolera. “En ese retén se registraba lo que ingresaba al área. Prohibidas láminas, cemento, hierro, hasta clavos. Por eso en las comunidades de la Reserva Maya, las familias viven en la mayor pobreza. No pueden arreglar los techos, mejorar las instalaciones o la infraestructura”, afirmó.

Fotos: Comunidad Laguna Larga

¿Se cumplieron las peticiones de la CIDH?

“Vivimos en la mera línea entre Guatemala y México y de aquí no nos pueden sacar. Dicen que aquí nadie puede habitar, pero es que ya no nos pueden perjudicar más”, dijo un padre de familia del campamento, quien también señaló que las medidas cautelares se han cumplido en muy poca medida.

En 2024, viven en el campamento, unas 350 personas, de las cuales 80 son niños, han nacido por lo menos 20 en los últimos siete años. Al menos, 100 de los pobladores originales consiguieron una vivienda en comunidades de Candelaria, pero regresan a la zona fronteriza cuando se convoca a una jornada médica o entrega de alimentos.

“Los niños van a la escuela primaria, porque sigue con código ministerial y los maestros son pagados a cuenta del renglón 022. Se levanto una galera cerrada y allí reciben clase. Los niños que necesitaban ir al básico siguen estudios en El Desengaño, porque no se logró el contrato de una maestra que atendiera ese nivel”, señaló Edvin.

De la compra de fincas o tierra, las últimas noticias las dio la Comisión Presidencial por la Paz y los derechos humanos (COPADEH) en 2021. En boletines de prensa publicados, ese año, en el sitio oficial de la institución, se hizo referencia de que con la finalidad de cumplir con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se coordinaron reuniones con los líderes de las familias del campamento y otras instituciones del Estado con el objetivo de visitar tres fincas localizadas en los municipios de San Francisco y La Libertad, Petén del 29 de junio al 1 de julio de ese año.

Se visitaron las fincas Doña Mereces, ubicada en San Francisco y La Bota y El Venado, en la Libertad. El Gobierno aseguró que adquiría la tierra vía subsidio, es decir, la comunidad tendría que pagar una parte.

En abril, las familias habían visitado la finca El Maná, también en La Liberad y la finca Monte Sion en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz.

Se consultó a la Dirección de Comunicación Estratégica de esta Comisión, las acciones que COPADEH había impulsado, en 2024, pero se respondió a Prensa Comunitaria que “de acuerdo con la naturaleza del caso y a la vulnerabilidad de la población afectada se hiciera una solicitud, por medio de la Unidad de Acceso la Información Pública, a la Dirección de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos”, la cual tardaría diez días en ser atendida con posibilidad de otros diez de prórroga.

También se sugirió a Prensa Comunitaria que visitara el sitio oficial de la COPADEH, con el fin de consultar boletines informativos. No obstante, lo único publicado sobre la comunidad Laguna Larga data de 2021.

A la Dirección de Comunicación Social del Fondo de Tierras (FONTIERRAS) también se hizo una solicitud sobre las acciones promovidas, en 2024, a favor de las familias de Laguna Larga. Al cierre de la nota el 11 de noviembre, por la noche, no se había obtenido respuesta alguna.

Tierra sin agua y costo millonario

Los delegados en el campamento han escuchado las propuestas del Gobierno por lo menos en cinco oportunidades. “Cuando se acercaron en 2017 y 2019 la herida estaba fresca todavía y la comunidad pensó que el Gobierno nos engañaba. En 2020, nos hicieron una presentación en Flores, Petén, hicimos un día de camino para llegar”, mencionó un padre de familia del campamento. “Nos enseñaron una finca que se miraba con buena tierra y fruta. Cuando la fuimos a ver la tierra era pésima para el cultivo y no había tal fruta”, dijo. “Luego fuimos Doña Mercedes, a La Bota y El Venado, que costaban Q22 millones. De dónde vamos a pagar esa cantidad”, agregó.

“Las familias desesperadas por las condiciones infrahumanas en las que vivimos aceptaron una de las fincas. Dijo que sí y se comenzó un proceso. El problema fue cuando dieron el listado de lo que se podía y no se podía hacer. Resultó que como era área protegida no se tocaba el bosque ni se tenía acceso al río. Nos dejaban si acceso a agua y tierra de cultivo. Había que pagar millones. Luego cuando se midió la tierra salían lotes de 50 por 50 metros cuadrados por familia. Sin tierra para cultivo ni agua”, agregó.

Como una forma de solucionar la crisis humanitaria que enfrentan, las familias de Laguna Larga han presentado soluciones de corto, mediano y largo plazos en la “Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comunidades Afectadas por la Declaratoria de Áreas Protegidas de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón”. Esta iniciativa se ha presentado en distintas oportunidades sin encontrar eco en las autoridades de Gobierno.

En el caso de asistencia médica, el campamento recibe la visita de dos enfermeras guatemaltecas y de médicos mexicanos en jornadas que se programan al menos tres veces al año. “En 2024, llegaron las enfermeras tres veces y los doctores también han hecho consulta tres veces”, indicó Edvin. “Los medicamentos son los básicos, por eso las personas no se curan. Llenan un formulario y piden el nombre y el documento de identificación. Con estos remedios no hay forma que las personas se curen”, señaló.

En el caso de una emergencia, las alternativas que tienen son el centro de salud de El Desengaño, a 20 minutos del lugar; hospitales en Candelaria a tres horas de distancia y el hospital regional de Campeche, a seis horas de camino. “Hay que pagar para el traslado porque una mujer embarazada, por ejemplo, no aguantaría llegar a Flores por esos caminos horribles”, agregó el abogado que vive en El Naranjo.

No obstante, el drama diario en el campamento, se logró, en estos siete años, que el COCODE siguiera vigente e inscrito en la municipalidad de San Andrés. “Cuando salió la comunidad de Laguna Larga, en la alcaldía ya no se querían renovar el COCODE. Se hizo incidencia y se presentó una denuncia por violación a derechos políticos y ciudadanos de las familias. También, se consiguió que se inscribiera a los niños nacidos en el campamento como originarios de la comunidad Laguna Larga”, dijo el jurista.

La entrega de alimentos

El ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha hecho entregas anuales de alimentos, a familias del campamento en cuatro ocasiones. Sin embargo, los afectados consideran que este abastecimiento es insuficiente y no cubre las necesidades nutricionales de las personas. “Durante el Gobierno de Giammattei nos dieron más, no como ahora”, discutió una madre de familia, quien recibió menos víveres en la jornada que se programó en octubre pasado.

¿Qué le dijo el Estado a la CIDH?

En la respuesta que el Estado guatemalteco ofreció, sobre el caso, a la CIDH mencionó un Estudio Técnico Integral de 2006, elaborado por el Consejo de Áreas Protegidas (CONAP), que proponía un ordenamiento territorial en la zona y regular la presencia y acciones de asentamientos humanos en dicha área protegida. Esta iniciativa se analizó de forma interinstitucional y se formuló la propuesta “Acuerdo Político por el Desarrollo Integral y Sostenible entre el Gobierno de Guatemala y las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón”, el cual fue presentado a las comunidades en enero de 2017. Sin embargo, no fue bien recibido, según el CONAP.

Asimismo, el Estado afirmó que el desalojo, autorizado el 2 de junio de 2017, se originó de una denuncia presentada por el CONAP en 2005 y ampliada en 2013 y 2014. Además, se aseguró que el juez ordenó que no se destruyeran viviendas, bienes y cultivo.

¿Por qué el contingente de soldados, policías y guardabosques hicieron todo lo contrario? Ese mismo día, en la escuela de Laguna Larga, los militares instalaron el batallón Kaibi,l Destacamento Militar Laguna Larga. Quemaron las casas de la comunidad y las cosechas; mataron a los animales de corral o los liberaron a su suerte. Así como los kaibiles ocuparon un plantel educativo, delegados del CONAP ocuparon una de las casas.

Esta situación fue verificada por delegados de la CIDH en el lugar y pese a ello, el Estado guatemalteco respondió que tras una diligencia judicial, realizada el 3 de julio de 2017, se constató que “el asentamiento se encontraba deshabitado y se habría procedido al reconocimiento e inspección de las viviendas y demás construcciones. Los bienes muebles encontrados fueron ubicados en un depósito. Se ordenó el cierre de las escuelas e iglesias. Se prohibió a las fuerzas policiales el acceso y uso de las instalaciones. También se cerraron las viviendas en las que funcionaban dos plantas eléctricas”.

Esta declaración resultó una burla para las familias afectadas. “Nada de eso es cierto. Todo lo destruyeron y no dejan que nos acerquemos a la comunidad porque nos amenazan con llevarnos a la cárcel. No recuperamos nada”, añadió un hombre que vive en el campamento.

Cuando delegados de la CIDH llegaron a Laguna Larga, el 1 de agosto de 2017, encontraron a militares fuertemente armados y personal del CONAP en las casas de los afectados. Otras casas habían sido quemadas y otras destruidas. Cuando caminaron hacia el campamento, constataron las condiciones infrahumanas y degradantes en las que vivían las familias a consecuencia del desplazamiento forzado. Una situación que en la actualidad sigue igual.

La época más oscura del CONAP

Cuando se giró la orden de desalojo de Laguna Larga, en 2005, el secretario ejecutivo del CONAP era Sergio Enrique Véliz Rizzo, un arquitecto cercano a Óscar Berger, quien gobernaba el país en ese momento. La relación con el mandatario era cercana. El entonces secretario ejecutivo del CONAP trabajó en dependencias de la municipalidad de Guatemala, cuando Berger era el alcalde. Era un hombre de confianza, dijo una persona que trabajó con él en la alcaldía capitalina durante ese periodo.

La gestión de Véliz Rizzo en el CONAP se considera una de las más oscuras en la historia del Consejo, por el manejo discrecional de las áreas protegidas, especialmente el Parque Nacional Laguna del Tigre con el fin de proteger a la compañía petrolera franco-británica PERENCO, con actividades autorizadas por el CONAP en esa área protegida, desde 1992, pero con el nombre de Basic Resources Internacional Bahamas Limited.

En 2012, Véliz Rizzo fue condenado a tres años de prisión por falsedad ideológica y resoluciones violatorias a la Constitución al alterar la publicación del Plan Maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre 2007-2011, con el fin de beneficiar a PERENCO, ya que, dicho marco regulatorio prohibía cualquier actividad petrolera en esa zona.

El Plan Maestro fue aprobado en 2006 y un año más tarde personal de PERENCO solicitó, mediante una carta, que se suspendiera dicha regulación. Fue el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON), de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) el que evidenció que se había alterado el documento y expuso el caso de forma pública, hasta que el Ministerio Público profundizó en las investigaciones.

Al alterar el Plan Maestro de Laguna de Tigre, la empresa PERENCO mantuvo operaciones en ese lugar y luego se benefició con otras leyes aprobadas de acuerdo con sus intereses. En 2024, el nuevo ministro de Energía y Minas acordó no renovar el contrato a esta compañía.

Preguntas finales

La historia de la comunidad Laguna Larga habla de cierta bonanza y de sostenibilidad comunitaria. De acuerdo con la ley de Áreas Protegidas la localidad tuvo la opción de presentar un Plan Maestro y para ello necesitaba del acompañamiento del CONAP o un proyecto de atención dentro del área protegida, aprobado por la autoridad del Parque Nacional Laguna del Tigre. ¿Por qué no se hizo?, ¿qué hizo falta para hacerlo?

Además, el reconocimiento del ministerio de Educación de contratar maestros para las escuelas primaria y básica de Laguna Larga, también reveló, qué si la tierra en la que fueron construidos los planteles reñía con la ley, de ninguna forma el ministerio la habría reconocido como estatales ni asignados docentes.

En el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para autorizar recibos o facturas requiere de un domicilio, así como el COCODE. Estas direcciones no podrían estar ubicadas en zonas prohibidas, por ejemplo.

Lo que sucedió a las familias de Laguna Larga y que ha trascendido en el más grave desplazamiento forzado de la época de Paz en Guatemala, no tendría por qué haber ocurrido. Hoy el Estado da la espalda a los más de 300 personas guatemaltecas que sobreviven en el campamento. Es México el que se hace cargo, el que asume una crisis humanitaria comparada a las de refugiados de las cruentas guerras en África o Medio Oriente.

Con una resignación que raya en resistencia, en el campamento dicen: “esto no es guatemalteco ni mexicano, ya más no nos pueden perjudicar”.

Conoce los detalles: https://prensacomunitaria.org/2024/06/resistir-siete-anos-en-la-linea-fronteriza-desplazados-forzados-de-laguna-larga/