Entre el 2021 y los últimos meses de 2022, según datos de las Clínicas de Violencia Sexual de los Hospitales del Sistema Nacional de Salud, 5 mil 724 niñas, niños y adolescentes han sido atendidos por agresión sexual. De ellos, solo 153 casos se han registrado en el Ministerio Público (MP). Esta información dada a conocer por la diputada Andrea Villagrán revela la falta de seguimiento y justicia para la niñez y juventud.

Los hospitales que más casos han atendido de acuerdo a la misma información son el Hospital Nacional de Chimaltenango con 102, el Hospital Regional de Escuintla con 72 y el Hospital Nacional de Retalhuleu con 70.

En el 2021 hubo 269 niños, 2,278 niñas abusadas y 2,149 embarazos en menores mientras en el 2022 se han registrado 64 niños, 456 niñas y 508 embarazos, de acuerdo a la fiscalización que hizo la parlamentaria.

“Los casos de violencia sexual contra menores de 14 años son considerados delitos graves y el Ministerio Público debe investigar de oficio, no obstante y pese a que las clínicas han reportado todos los casos, el Ministerio Público ha decidido deliveradamente no investigarlos y sólo tiene registrados 153 casos, ni siquiera el 3% de estos casos”, expresa Villagrán.

Entre los casos de abuso sexual a niñas que han destacado en los medios de comunicación se encuentra que, frecuentemente, los agresores son hombres con cierto grado de poder o confianza de un grupo de personas. como profesores, padres de familia, pastores y funcionarios públicos. Uno de esos casos es el de “Andrea” donde el señalado es Emerson Omar Díaz López, directivo de la Empresa Municipal de Agua (Empagua).

En Guatemala desde el 2019 se estableció el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (MAINA) por el MP con el propósito de brindar una justicia pronta y cumplida, adaptada a las necesidades específicas de la niñez. Sin embargo, a opinión de Saúl Interiano, director de Asociación Coincidir, este modelo tiene serias debilidades para atender los casos.

“Ha habido teóricamente una idea de generar un modelo de atención pero en la práctica no ha sido realmente funcional. Hay poco seguimiento y atención en los casos de las niñas en este país”, manifiesta Interiano.

Además, menciona que en muchas ocasiones las familias son acechadas y revictimizadas. Cuando el agresor ha sido un profesor de una escuela pública, comenta que el Ministerio de Educación no tiene en las direcciones departamentales equipo de atención psicológica para darle seguimiento a las niñas, por lo que se recurre a organizaciones de la sociedad civil.

Otro de los problemas que existen en el país, explica el director de Coincidir, es que no hay un ente el específico para apoyar a la sanación a las sobrevivientes de violencia sexual cuando se trata de menores de edad.

Desde que Consuelo Porras fue designada como fiscal general del MP, esta institución ha sido calificada de ineficiente, incluso ha demostrado actuar más a favor de la corrupción e impunidad. Así lo expresa la diputada Villagrán :“¿Qué está haciendo señora fiscal, aparte de defender corruptos y violadores?”