El pasado viernes se desarrolló la tercera jornada del debate oral y público que sigue en contra de Virginia Laparra, en la que se reprodujeron dos grabaciones de audio. La primera fue de la audiencia realizada el 29 de julio de 2017, la cual estuvo a cargo del exjuez de mayor riesgo Lesther Castellanos. 

Por Mirna Alvarado 

La segunda, corresponde al 4 de julio del mismo año, esa audiencia estuvo a cargo de la jueza Betzy Alvarado, además del testimonio del exauxiliar fiscal Julio Estuardo Santos Velásquez. 

Según la grabación, el 29 de julio se negó el acuerdo de colaboración eficaz a favor de René Arturo Villavicencio y el audio duró diez minutos. En tanto que la grabación del 4 de julio de 2017 tuvo una duración de 20 minutos; según la acusación, en esa fecha Laparra habría revelado información confidencial. 

Una vez terminada la reproducción de los audios, se dio paso a la declaración de Julio Estuardo Santos Velásquez. En 2017 Santos  era subalterno de Virginia Laparra y le asistió en la audiencia del 4 de julio. 

Tanto la fiscal de asuntos internos del Ministerio Público, Brenda Maribel Guzmán, como los querellantes Lesther Castellanos y Omar Barrios, increparon al testigo sobre si la audiencia de esa fecha estaba bajo reserva o no. 

Video: Mirna Alvarado 

“En ambas causas estaba sindicado el señor René Arturo Villavicencio Funes, si usted fuera tan gentil de informarle al tribunal que usted estuvo a cargo de esa investigación”, solicitó la fiscal Guzmán. 

“Yo identifiqué estos expedientes como el caso 10 y el caso 17. El caso 10 era el primer asunto que ventilaba el señor Villavicencio, este se llevaba en el juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente; el segundo, que era el 16 y 17, era en Mayor Riesgo donde era titular el doctor Castellanos”, refirió Santos. 

“Recuerdo que el caso 17 tenía reserva de actuaciones, porque sí recuerdo que se hicieron en dos o tres ocasiones las ampliaciones respectivas de la reserva”, mencionó el testigo. 

Lesther Castellanos, como querellante, pretendía que el testigo corroborara que el convenio de colaboración eficaz estaba vigente cuando se desarrolló la audiencia del 4 de julio de 2017, aunque este había sido aprobado en el juzgado de Mayor Riesgo cuando él era titular de esa judicatura. 

¿Quiénes eran los sujetos obligados a mantener esa reserva judicial dentro del proceso penal?, preguntó Castellanos.  “Estos casos los trabajamos en coordinación con la CICIG, entonces la mandataria de CICIG, la fiscal a cargo en este caso, era la licenciada Lilian Virginia”, mencionó Santos Velásquez. 

Durante el desarrollo del interrogatorio, el querellante Omar Barrios mencionó que, entre los hechos de la acusación a René Arturo Villavicencio, se establecía la venta de información de una investigación en desarrollo. 

¿Se recuerda usted de qué fiscalía del MP eran los funcionarios señalados que vendieron información?, preguntó Barrios y aunque la defensa objetó la pregunta, Barrios planteó argumentos para que esa interrogante fuera dilucidada. 

A partir de ese momento, el juez Moisés de León permitió que el querellante justificara varias preguntas a pesar de la oposición de la defensa. 

“Fueron señalamientos a personas que trabajaban en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en la sede de Guatemala”, dijo el testigo. Pero el querellante insistió en preguntar quién era el encargado de la Fiscalía central, a lo que Herber Pérez objetó considerando que se trata de hechos que no tienen relación con la acusación que se le hace a Virginia Laparra. 

Barrios retiró la interrogante, pero procedió a preguntar si a los exempleados del MP, que supuestamente vendieron información, fueron o no condenados, de nuevo la defensa planteó que la pregunta era impertinente. El juez declaró con lugar la objeción.  

Durante el descanso intermedio del debate, los querellantes Castellanos y Barrios celebraron por supuestamente haber probado la “venta de información”. 

Video: Mirna Alvarado 

Un detalle 

Al inicio de la grabación se escucha la voz de la jueza Alvarado, refiriéndose a la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). “La carpeta judicial con el número 9011-2016-1793 en donde figuran como personas sindicadas el señor Guillermo Alejandro Arenas Guzmán, en prisión preventiva por el delito de extorsión y como coimputado a René Arturo Villavicencio Funes, señalado del delito de extorsión quien está ligado a proceso penal”, se escuchó decir a la juez. 

Los hechos que pretendía probar el abogado Barrios

En 2018, René Arturo Villavicencio Funes fue hallado culpable de los delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias por el Tribunal de Mayor Riesgo de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, supuestamente facilitó información que obtuvo del Ministerio Público (MP) al exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Rolando Barrientos Pellecer, y otros dos concejales a cambio de Q190 mil.

Villavicencio se habría declarado culpable de haber recibido dinero de Barrientos Pellecer y de los concejales Carlos Prado Bravo y Maximiliano Yngemar León Argueta, a cambio de información sobre las pesquisas que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) efectuaba en contra de ellos.

La acusación de la Fiscalía determinó que Villavicencio obtuvo la información sobre las pesquisas por medio de Byron Chavarría y Jessica Castillo, exempleados del Ministerio Público (MP). En ese entonces la FECI no pudo establecer que como producto de la venta de información el acusado obtuvo Q1 millón 700 mil, porque ese dinero estaba en una cuenta bancaria a nombre de su hijo y no de él.

El juez Moisés de León, a cargo del Tribunal Primero de Sentencia Penal, programó la continuación del debate oral y público en contra de la exfiscal Virginia Laparra para el 4 de julio.