Por: Laura Valenciano Arrieta

El camino que ha llevado a los 29 países que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo en su legislación tiene en común la demanda ciudadana por igualdad. Sin embargo, el modo en que jurídicamente se ha concretado varía de país en país. En el caso de Costa Rica, el hito se debe a una estrategia jurídica pensada por Diego González, quien fuera asesor presidencial en el gobierno de Luis Guillermo Solís, en conjunto con una cómplice política dispuesta a defender la causa de los Derechos Humanos: la entonces vicepresidenta Ana Helena Chacón.

No era la primera vez que costarricenses intentaban legitimar las uniones entre parejas del mismo sexo. Lejos de esto, la Opinión Consultiva que envió el Ejecutivo en noviembre del 2017 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaba en un contexto nacional en el que múltiples intentos previos habían sido rechazados. Inicialmente, el camino perfilado para el reconocimiento de los derechos de las parejas de personas del mismo sexo era el de la creación de una nueva figura jurídica antes conocida como unión y luego nombrada sociedades de convivencia.  Vale recalcar que en su momento se generó un cambio social impulsado por el Frente por los Derechos Igualitarios, que lejos de aceptar nuevas figuras jurídicas demandaba la figura del matrimonio igualitario.

La Opinión Consultiva OC-24/17 se enfocó en la protección convencional del vínculo y de las familias producto de las uniones entre personas del mismo sexo, y fue la CIDH en su opinión emitida donde menciona la figura del matrimonio sin limitar su posición únicamente a los aspectos económicos. En enero del 2019, la población costarricense recibió la noticia de la notificación de la Corte en una celebración en las calles al este de la capital. Cabe mencionar que la OC-24/17 no se enfocaba solamente en parejas del mismo sexo, sino que aclaró los pendientes del Estado costarricense para con las personas trans en el reconocimiento efectivo de su identidad.

Finalmente, el último obstáculo para el reconocimiento del matrimonio igualitario en Costa Rica lo generó la Sala Constitucional por medio de su fallo el 8 de agosto del 2018, en el que declaró inconstitucionales las normas que impedían el matrimonio igualitario. Sin embargo, estableció un plazo de 18 meses para que la Asamblea Legislativa legislara sobre el tema. Para nadie es sorpresa que, después de las más recientes elecciones presidenciales y legislativas, la conformación de la Asamblea Legislativa dificultara que dicha regulación sucediera. Así que Costa Rica vio vencer el plazo, y por medio de una campaña titulada “Sí Acepto” nos acompañamos en medio del aislamiento por la pandemia de la covid-19 para ver llegar el momento histórico de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en el territorio nacional.

Más de 17,000 personas participaron en el streaming de la primera ceremonia de matrimonio entre dos mujeres en la madrugada del 26 de mayo de 2020. Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en permitir a dos personas del mismo sexo casarse.

Así, este país avanza en la erradicación de la discriminación por orientación sexual.