Las madres de dos niñas sobrevivientes de violencia sexual y la Asociación Comunidad Esperanza viajaron desde Alta Verapaz para pedir justicia y que el Ministerio de Educación -MINEDUC- tome acciones por las agresiones de parte de docentes que sus hijas sufrieron. Esta mañana se realizó una citación dirigida a la ministra de educación Claudia Ruíz Casasola para abordar los casos de violencia sexual por parte de maestros contra niñas estudiantes, específicamente en el departamento de Alta Verapaz.

En la citación realizada por la diputada Ligia Hernández, subjefa de la bancada del Movimiento Semilla, y con el acompañamiento del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista, la Asociación Comunidad Esperanza y dos madres de niñas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, la ministra Ruíz no asistió y envió al equipo técnico del MINEDUC. La citación dejó más preguntas que respuestas.

En ella se realizaron una serie de preguntas a las autoridades del Mineduc en torno a ¿por qué hay maestros que continúan trabajando en el ministerio si han sido sentenciados por violencia sexual?, ¿qué acciones ha realizado el ministerio para crear espacios seguros para las niñas? ¿Cuáles son los criterios de contratación de los nuevos maestros? y ¿por qué ha habido negligencia del ministerio en los procesos penales?

Estas preguntas fueron respondidas de manera escueta, ya que no hubo claridad en por qué el ministerio no ha actuado en favor de las sobrevivientes de violencia sexual.

Escuchar a las madres

Las madres de dos niñas sobrevivientes de violencia sexual en Alta Verapaz, acompañaron la citación y expresaron su testimonio ante las autoridades del Mineduc. Ambas habían salido desde la media noche para poder estar presentes en este acto.

Una de las madres, proveniente de San Cristóbal Alta Verapaz, habló sobre las consecuencias que la violación sexual por parte de un maestro tuvo en la vida de su hija:

“Ella no tiene reparación de vida, el profesor tiene que pagar por haber abusado sexualmente de mi hija, él pensó que la niña se iba a quedar callada pero no se quedó callada. Él sigue libre. Exijo a la ley que le haga justicia, porque yo no puedo hacer nada por él, solo la justicia”.

Otra de las madres habló de cómo esta situación ha sido sumamente difícil y todo lo que ha tenido que hacer para alcanzar la justicia. Contó que su hija antes era extrovertida y cómo notó cambios en ella desde los 12 años

“No entendía cuál era la razón por la que ella había cambiado. La persona que la violó decía que yo decía calumnias, sabiendo que él tiene muchos antecedentes en su propia familia. Lamentablemente hay cosas que una desconoce de la justicia y lo único que he buscado es justicia por mi hija. Pasó a ser una niña que no se valora como persona, y eso como madre me duele demasiado. Lo único que pido es justicia. Quisiera una reparación digna para ella y que pueda disfrutar de su vida”.

La respuesta del Ministerio de Educación

Las autoridades ministeriales confirmaron que, en todo el país, actualmente hay 40 docentes del Mineduc aparecen en el Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS-. 37 de ellos ya eran docentes cuando fueron denunciados por violencia sexual y 3 de ellos ya habían sido condenados entre 5 y 8 años antes. 21 de ellos siguen siendo docentes activos, ya que otros habrían dejado las comunidades.

El coordinador del departamento disciplinario de Recursos Humanos, Rafael Tol Macario, explicó que por los procedimientos establecidos en la ley de Servicio Civil, así como en el Código de Trabajo y la situación de emplazamiento del Ministerio de Educación, se dificulta sancionar con el despido a los docentes, y que hasta el momento solo 1 ha sido despedido y 9 están en proceso de despido.

Rafael Tol recalcó la dificultad de obtener la certificación de las sentencias condenatorias contra los docentes condenados por violencia sexual y que, además, necesitan una aporbación de juzgado para proceder con un despido por estar en emplazamiento.

Se evidenció que los docentes y trabajadores del Ministerio de Educación cuentan con múltiples mecanismos para proteger sus plazas y apelar las sanciones, aunque sean denunciados y condenados por violencia sexual. Primero deben culminar un proceso administrativo disciplinario, y si no se realiza adecuadamente los trabajadores pueden apelar para pedir su reinstalación o indemnización. Ante ello, la mayoría piden la reinstalación, mencionó Tol.

Considerando todos estos factores, otro punto evidenciado fue que las víctimas de violencia sexual no cuentan con los respaldos para hacer efectivas sus denuncias. Si bien las autoridades del ministerio mencionaron que sus medidas de prevención de la violencia sexual son capacitaciones, seminarios web, manuales y campañas para el personal docente, no tienen formas de saber si estas acciones han sido eficaces.

Es de recordar que unas de las entidades mencionadas como receptoras de denuncias por violencia sexual son los departamentos de quejas de las direcciones departamentales de educación. Sin embargo, como fue el caso de Armando Filiberto Vaidez Juárez, él era director de este departamento en Cobán, Alta Verapaz.

La violencia sexual no es un asunto privado

Al ser cuestionados por no proponer reformas a los reglamentos ministeriales que puedan permitir actuar eficazmente contra la violencia sexual, Luis Felipe Leiva, asesor jurídico del ministerio, mencionó que “eran delitos del ámbito privado”.

Ante ello, para finalizar la citación la abogada Lilian Vásquez del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista recalcó que la visión de la violencia sexual como un asunto privado estaba superada, y que se sabe que este tipo de delitos son públicos sobre todo tratándose de funcionarios del Estado.

Asimismo, se recalcó que había una ausencia en un aspecto fundamental: priorizar el interés superior de la niña y el niño. Considerando todos los convenios internacionales en derechos humanos, derechos de la niñez y de las mujeres, las autoridades ministeriales deben considerar la supremacía de estos tratados por encima de las leyes internas como la de Servició Civil, explicó la abogada.

“Me llama la atención que se han invocado un sinnúmero de formalismos que no protegen a la niñez. Se han escuchado en formas estereotipadas de la atención. Creo que es importante saber, si estamos ante los organismos que deben de cuidar a las niñas en los centros educativos, a mí me costaría decir que tengo 250 mil maestros y que se han hecho capacitaciones para que los niños puedan denunciar ¿a dónde van a denunciar los niños? ¿en el mismo lugar donde los está violando un maestro? Yo les insto a que leamos el derecho, que entendamos la docrtina de la violencia sexual pero también a que si no fuimos llamados atender de una forma digna, respetando a las niñas, dediquémonos a otra cosa.”

Finalmente, la viceministra técnica Lorena Aragón afirmó que las acciones del Ministerio continuarán siendo las mismas que han realizado hasta ahora, que consisten en capacitaciones, protocolos y campañas que no han demostrado resultados.

Las familias de las niñas continúan exigiendo justicia por más de 20 docentes denunciados por violencia sexual contra niñas en establecimientos educativos. La incertidumbre e indignación sobre el actuar del MINEDUC continúa.