Se inicia juicio por genocidio Ixil contra Benedicto Lucas García
En el Tribunal de Mayor Riesgo “A” comenzó este miércoles el juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, acusado por el Ministerio Público por los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada.
Por Regina Pérez
Luego de varios retrasos, el inicio del juicio contra el exjefe del Estado Mayor del ejército, Benedicto Lucas, comenzó este viernes en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, presidido por el juez Gervi Sical. Los hechos que se juzgan son la muerte de 844 personas de la etnia maya Ixil entre 1981 y 1982, cuando Lucas fue jefe del Estado Mayor del ejército.
Lucas García, de 91 años, estuvo presente por medio de videoconferencia. Según la fiscalía, cuando el general ocupó el cargo de jefe de Estado Mayor del ejército, entre el 16 de agosto de 1981 al 23 de marzo de 1982, se intensificó el ataque contra la población maya Ixil, al norte de Quiché, en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul.
Esta área fue declarada como roja por el jefe del Estado Mayor con la intención de destruir a esta población porque se consideraba que apoyaban al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), uno de los cuatro grupos guerrilleros durante el conflicto armado interno.
A Lucas se le acusa de ser el autor intelectual de la muerte de las 844 personas que han sido identificadas por testigos y peritajes. Además, hay 71 víctimas por muertes individuales, 12 comunidades desplazadas por el ejército, saqueo y destrucción de 18 comunidades,16 víctimas por violencia sexual y 42 por desaparición forzada.
Se buscará probar genocidio
En este juicio, la Fiscalía buscará probar el genocidio. Además, cuenta con el testimonio de 152 testigos que acudirán a la audiencia y narrarán como vivieron las masacres en sus comunidades y que sufrieron el desplazamiento hacia las montañas. El ejército quemó sus casas y sus siembras, buscando la muerte de los sobrevivientes. También se escuchará a 81 peritos.
El propósito era destruir, lo cual es fundamental para el tipo de genocidio, indicó Mercedes Morales Santos, de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Según Morales, uno de los testigos que presentarán es un exintegrante de las fuerzas armadas identificado como “A”, para reservar su identidad, quien relatará lo que observó y las órdenes que recibían para atacar a los pueblos.
“El ejército es jerárquico y en este caso el señor Lucas García, a través del puesto que ostentaba como jefe del Estado Mayor del ejército era el tercero al mando, toda vez que primero se encontraba el presidente, su hermano Romeo Fernando Lucas y el segundo era el ministro de la Defensa y el tercero era el jefe del Estado Mayor del ejército quien desarrollaba los planes operativos en contra de la población, señaló.
Jovita Tzul, abogada de los querellantes de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), señaló que el pueblo maya Ixil fue atacado de manera indiscriminada con el fin de exterminarlos.
Tzul dijo que se acreditará con documentos el cargo, rango y acciones del acusado, quien tuvo bajo su responsabilidad conformar las zonas, brigadas, bases y comandos de operaciones, dentro de las que se incluyen la Fuerza de Tarea Gumarcaj y la zona militar Mariscal Gregorio Solares, en Huehuetenango, que operaron en el área que el ejército llamó “Triángulo Ixil”, donde se realizaron masacres, bombardeos y otros, como parte de una estrategia contrasubversiva que convirtió al pueblo maya ixil en un objetivo militar.
A decir de la abogada, el acusado permitió que el pueblo maya ixil se categorizara como enemigo interno por parte de la inteligencia militar señalándolos de ser base y simpatizantes de la guerrilla.
Declara perito
En el primer día del juicio declaró el antropólogo forense Byron García Méndez, propuesto por el MP, quien ratificó un peritaje, de 2010, sobre el fallecimiento de 11 personas localizadas en fosas clandestinas se sexo masculino.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 1981. Las víctimas eran hombres jóvenes y se presume que haya sido un ataque selectivo, ya que de las osamentas encontradas seis correspondían al nombre de Miguel y cuatro a Jacinto, confirmando un patrón de ataque preciso.
También declaró sobre el fallecimiento de 41 personas, de las cuales, 31 fueron encontradas en una fosa colectiva y 3 en fosas individuales. De este grupo, 34 fueron incinerados dentro o cerca de las viviendas donde habitaban, dos más fueron asesinados de manera individual en viviendas distintas, dijo García.
Tribunal no acepta a Karen Fischer como mandataria judicial
Al inicio del primer día del juicio se presentó la abogada Karen Fischer, quien pidió estar presente en el proceso como mandataria judicial en representación de Lucas García, sin embargo, tanto las abogadas defensoras del militar como el MP y la defensa de los querellantes se opusieron a la petición.
Fischer, quien es cercana al militar, tuvo que retirarse de la sala luego de que los jueces deliberaron y rechazaron su petición. El tribunal argumentó que ya se había pronunciado sobre la participación de Fischer como mandataria de Lucas en dos ocasiones en 2023, en las cuales habían rechazado su petición de representar en el juicio al militar.
Según los jueces, en este proceso consta que la abogada es mandataria especial judicial de Lucas García y no podía ostentar ambas calidades por ser delitos de acción pública los que se conocen.
La abogada Karen Fischer no podrá ser mandataria judicial del general Benedicto Lucas. Foto Prensa Comunitaria
Por ello manifestaron que no podía estar presente como parte procesal sino que tenía que estar del lado del público.
El juicio contra Lucas García estaba programado para comenzar el 25 de marzo, sin embargo, debido a que sus abogados defensores renunciaron, uno de ellos su propio hijo, se tuvo que reprogramar para este 5 de abril.
La acción fue vista por representantes de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), que también es querellante, como una táctica utilizada por los abogados de los militares para retrasar el proceso y que escapen a condenas como ocurrió con el general retirado Efraín Ríos Montt, quien falleció, en 2018, en la impunidad debido a su avanzada edad.
Ahora su defensa está a cargo de las abogadas Carmen Peralta Marroquín y María Teresa Martínez Velásquez, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDDP).