La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) no podrá, por ahora, reabrir y derribar el sitio donde murieron quemadas 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde ha planeado construir un área de rehabilitación, luego que el Juzgado Cuarto del Ramo Penal rechazara la petición.

En las afueras de la Torre de Tribunales, el 14 de junio un grupo de mujeres coloca carteles con las fotos de las 41 niñas y jóvenes que murieron quemadas el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro. Las mujeres están allí desde las 11:30 de la mañana porque en pocos minutos la SBS, encargada de ese centro de protección para menores, solicitará a un juez que reabra y derribe el lugar donde fallecieron.

Media hora antes que les avisaron la fecha y lugar de la audiencia. Y no es la primera vez que les notifican a última hora, pero el colectivo #NosDuelen56 y las familiares de las víctimas están preparadas.

“Hoy estamos aquí para exigir juicio y castigo a los responsables. También para decirle a quien corresponda, que el aula no se debe de destruir porque todavía no habido un juicio y el Estado no ha admitido este crimen”, dice una de las mujeres mientras enciende el fuego de una ofrenda previo a la decisión de la jueza. “Le vamos a decir al Corazón del Cielo que nos dé la resistencia y sabiduría. Que nos alumbre para seguir en este camino de lucha”, añade.

En punto de las 12:22 horas, caen las primeras gotas de lluvia. Las mujeres se disponen a entrar a la Torre de Tribunales para participar una vez más, como querellantes del caso que busca conseguir justicia para sus hijas y familiares, pero antes deben sortear un impedimento más.

Los agentes de la policía que están apostados en la entrada las obligan a identificarse y a quitarse las playeras que llevan puestas que son del colectivo #NosDuelen56. Alegan que deben hacerlo para “no herir las susceptibilidades de quienes están en la sala”. Es la única manera en la que las dejarán entrar. Entonces, acceden a quitarse la prenda.

“Es una manera de discriminarnos como madres y como querellantes del caso Hogar Seguro. Fue lamentable ver el hecho que les quitaran las playeras a las mamás. Estamos en todo nuestro derecho de venir y traer playeras. Es indignante que dijeran que lastimábamos a las personas aquí. Lo que estamos haciendo es buscar justicia para nuestras hijas. Las lastimadas somos nosotras. No es el Estado. No es otra gente”, expresa Vianney Hernández, madre de Ashley y representante de las madres de las niñas.

Diez o quince minutos después, llegan al octavo nivel de la torre. Piensan que han llegado tarde a la audiencia, pero esta no ha empezado. Y no empezaría sino hasta las 14:00 horas, no sin antes haber mudado la citación a una sala con poco espacio y ventilación, y sillas limitadas.

La petición de la SBS

La jueza procede a confirmar la presencia de las partes y da la palabra al abogado de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Han pasado cuatro años y tres meses desde la tragedia. Por eso, la SBS ha solicitado que se habiliten las instalaciones del área de pedagogía, donde fueron encerradas las niñas, para “remozar y construir el centro especializado de reinserción”, en donde se darían seguimiento al proceso de reinserción de jóvenes con conflicto con la ley penal. De no hacerse se violarían los derechos de otros niños y jóvenes que están bajo la tutela de la SBS, argumentan.

“No solicitamos que el dormitorio -en donde inicio el incendio- se habilite, pero en las demás áreas de pedagogía existe documentación de otros niños y adolescentes. Hay equipo que se está desperdiciando. Consideramos que no afecta la seguridad procesal de la investigación”, indica el abogado defensor de la SBS.

Tanto el Ministerio Público (MP) como la Procuraduría General de la Nación (PGN) y los 13 querellantes del proceso, entre ellos Fundación Sobrevivientes y Mujeres Transformando el Mundo, se pidieron que se negara la petición de la secretaría y se resguarden las instalaciones.

Los motivos son, en parte, porque todavía se está a la espera del debate oral y público de los dos primeros grupos señalados en el caso. Y, en parte, porque la SBS no ha consultado con los familiares de las víctimas si están de acuerdo con la construcción de un monumento a favor de las niñas.
Además, la Fiscalía de Derechos Humanos ha iniciado una nueva investigación de la posible comisión de los delitos de tortura y trata de personas dentro del Hogar Seguro.

Durante la exposición de las partes, la jueza permitió que Vianney Hernández interviniera en la audiencia. Estas fueron sus palabras:
“Estamos en desacuerdo que el aula sea -derribada- para construir un monumento cuando no ha habido justicia para nuestras hijas. Nuestras hijas, sus almas están ahí todavía exigiendo la justicia que necesitan. Ellos -la SBS- hicieron un monumento donde los nombres de nuestras hijas no están bien escritos. No nos invitaron a participar. Están haciendo cosas indebidas sin contar sin nosotras”.

Tras una hora y media transcurrida de la audiencia, el Juzgado Cuarto del Ramo Penal decide no conceder la petición de la SBS “por el momento”, ya que existen argumentaciones del MP, los querellantes y por la etapa en que se cuenta la investigación.

Al terminar la citación, Vianney y otras madres se abrazan. No es la justicia que han estado pidiendo durante estos cuatro años, pero es una pequeña victoria para la memoria de sus hijas.

No dos, sino cinco delitos
Hace una semana, la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal agregó tres delitos a la jueza Rocío Murillo: maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y prevaricato.

Murillo ya había sido ligada por falsedad ideológica y retardo de justicia en enero de 2020 tras ser señalada de no haber realizado una exhibición personal a favor de las niñas del Hogar Seguro, la noche previa al incendio. Además habría emitido un informe falso sobre la verificación que hizo en el lugar de la tragedia.