Gómez resiste desde la cárcel Mariscal Zavala con una firme convicción que no hay argumentos para que se le pueda condenar por ningún delito. Es una de las fiscales anticorrupción que sobresalieron durante la última Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) independiente. Hoy es la fiscal anticorrupción más incomoda para la administración de la actual fiscal general del Ministerio Público. 

El ánimo es bueno, está tranquila, creyendo en la justicia. Es una descripción que hace el abogado defensor de la ex auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, encarcelada por supuestamente filtrar información al periodista José Rubén Zamora y a la espera de la sentencia que el Tribunal Octavo presenta el 14 de junio.

Gómez Díaz, enfrenta hoy a un tribunal que la puede condenar a ocho años de prisión acusada de supuestamente filtrar información. Su exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, expresa que es imposible que alguna comunicación se tome como filtración, si las etapas de juicio en las que van las investigaciones en el Caso Bantrab ya son públicas.

En el Caso Bantrab, nombrado así por la corrupción en el Banco de los Trabajadores, una entidad bancaria nacional y en la que una estructura de funcionarios corrompió fondos públicos, esta señalado el empresario Ronald García Navarijo, principal testigo en contra del director de elPeriódico y la exfiscal Samari Gómez.

“Ya no hay nada oculto. Si existe alguna información adicional es el mismo Ronald García Navarijo el que la pasó”, indica.

En 2016, Samari recibió la primera investigación de alto nivel. Ella junto a otros auxiliares fiscales comenzaron a indagar sobre las denuncias de lavado de activos en el Banco de Los Trabajadores, uno de los bancos de origen mixto (privado y público) en los que su junta directiva se conforma con designados por el gobierno de turno.

Las pesquisas llevaron a 10 capturas, entre ellos la de Ronald García Navarijo, uno de los principales directivos de este banco. En octubre de 2016 por primera vez el ex jefe de la FECI tenía conocimiento de una auxiliar fiscal designada, para apoyar en las gestiones de los allanamientos que se realizaron el 28 de octubre de ese año. “La conocí echando punta, ella gestionó todo para poder llevar a cabo los allanamientos”, recuerda Sandoval.

En las audiencias de primera declaración de agosto de 2022, la abogada solicitó al juez Fredy Orellana, poder recoger los expedientes que dejó abiertos en su oficina porque mantenían información importante para la fiscalía. “Es una profesional diligente, precisa, cuidadosa, muy seria, inteligente”, recuerdan los profesionales del derecho que la conocen.

Samari, se graduó de abogada en 2021, la única comunicación de cortesía que tuvo con su ex jefe fue una felicitación por su graduación. “Ella y yo nunca fuimos amigos. La relación era únicamente laboral, una profesional muy precisa y dedicada a su trabajo”, indica el exfiscal también en el exilio a consecuencia de la persecución penal del actual sistema de justicia.

Desde una instalación militar, resiste y cree en su inocencia

Desde la Brigada Militar “Mariscal Zavala”, habilitada como prisión de alto impacto en la zona 17 de la ciudad de Guatemala,  la exfiscal resiste con una firme convicción que no hay argumentos para que se le pueda condenar por ningún delito. Su abogado defensor, Guillermo Telón Cano, en una breve comunicación también convencido de lo que debe resolver el tribunal indica: “No se aceptan los cargos porque Samari es inocente”.

La abogada y exfiscal, como profesional del derecho explica que las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) no son válidas. Los audios presentados en las audiencias fueron obtenidos de forma ilegal.

El denunciante y a su vez imputado en el Caso Bantrab realizó grabaciones que guardó durante año y medio.

“Como colaborador eficaz debió presentar eso inmediatamente a la fiscalía y no guardarlo y usarlo a conveniencia. Eso deja un precedente en el que cualquiera puede grabar y luego usar el audio. Desde la audiencia de primera declaración hicieron ver que se sentaba un precedente muy negativo permitiendo la incorporación de medios ilegalmente obtenidos, hace grabaciones desde febrero de 2021 y la última en enero de 2022; mantuvo ocultas las grabaciones y las utiliza en el momento que le son útiles, aparte de generar incertidumbre, genera confusión”, señala Gómez Díaz.

“El audio aportado en contra mía se llevó a cabo dentro de un proceso de colaboración eficaz que la ley establece que es confidencial. Todas las partes deben guardar confidencialidad. Se tergiversaron los audios, por ejemplo, él (García Navarijo) ha tratado de indicar que se le obligó a entregar unas acciones y hablar de ciertos temas de los que no tenía conocimiento. El audio es claro en el que se le indica que no podíamos obligarlo a decir de lo que no tenía conocimiento”, enfatiza.

Amenazas

La confianza en la justicia la mantiene firme y asegura que hay más personas correctas en el sistema judicial que las que obedecen a otros fines y continúa: “En su momento nos indicaron que si no aceptamos los cargos correremos la misma suerte la licenciada Virginia Laparra”, pero insiste que no cederá y peleará para demostrar su inocencia.

Es la abogada que también se atreve a decir que, desde antes de su captura, con la salida de Sandoval el ambiente en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad era hostil, de incertidumbre.

“Voy a decir lo que otros no quieren decir. El temor a las represalias está latente desde hace año y medio, la destitución, traslado y cambio de expedientes hizo dudar a todos”, asegura.

“Y hoy aquí como sindicados no hemos entorpecido el proceso, de alguna manera es importante solventar la situación jurídica. Sí el resultado fuera negativo seguiré luchando para demostrar mi inocencia. Voy a seguir con la frente en alto, nunca permití durante la tramitación de los casos que ocurrieran actos ilícitos, eso me da tranquilidad. Desde donde esté seguiré luchando para demostrar mi inocencia”.

García Navarijo el denunciante, es sindicado de integrar una estructura criminal formada por la Junta Directiva de Bantrab de esa época. Acusado de saquear el patrimonio del banco y enriquecerse a costa de los accionistas, saqueo que implicó fondos públicos. El monto de activos alcanzó los Q5.5 millones.

A pesar de la fuerte investigación realizada por la anterior FECI y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG previo a su expulsión, en febrero de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en firme la libertad incondicional de uno de los principales implicados en el saqueo del banco.

Seis años atrás Samari llegó a coordinar el allanamiento para los inmuebles en los que supuestamente estaba su hoy acusador y que se mantuvo prófugo durante 486 días y que hoy se convierte en el testigo principal para la persecución penal que realiza el fiscal Rafael Curruchiche.