Los magistrados de la Sala Segunda, que conocerá la apelación especial en el caso de Virginia Laparra, que podría modificar o confirmar la sentencia de cuatro años inconmutables, han dictado algunos fallos cuestionables. El 14 de abril, le denegaron arresto domiciliar a la exfiscal de la FECI de Quetzaltenango.

El próximo 25 de abril, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones realizará una audiencia para conocer los argumentos de la apelación especial presentada por la defensa de Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango en contra de la sentencia de cuatro años de prisión conmutables dictada por la jueza Oly González, del Tribunal Octavo, en diciembre de 2022.

Esto en seguimiento a la apelación especial que presentaron las abogadas defensoras en contra de la resolución de la jueza González, para que sea una Sala la que revise el fallo. En este caso, tanto el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN), la defensa de la exfiscal y Laparra presentaron una apelación en contra de la resolución por varios motivos.

Claudia González, abogada defensora de Laparra, señaló todos apelaron el fondo de la sentencia. En el caso de la defensa, ellas argumentan que no hubo abuso de autoridad en forma continuada, como lo estableció la jueza. Virginia apeló también en que no había delito, señalando que la ley le facultaba para hacer este tipo de denuncias en contra de jueces.

Si bien la Sala pidió que los argumentos fueran presentados por escrito, González dijo que para ellas es importante que se conozcan los motivos de la apelación por lo que pidieron que se realizara de forma oral. Con este recurso, se busca que la Sala absuelva a la exfiscal.

Estos son los magistrados que conocen la apelación 

Los magistrados que integran dicha Sala son Gustavo Adolfo Dubón, presidente, Roaldo Isaías Chávez, vocal I y Eduardo Galván, vocal II, quienes el pasado 14 de abril se negaron a resolver la solicitud de revisión de medidas sustitutivas de la exfiscal, señalando que había recursos de apelación pendientes de ser conocidos.

Dos de ellos, Chávez y Galván son señalados por su cercanía con militares, incluso con la Fundación contra el Terrorismo.

En conjunto o por separado, dicha Sala ha tenido resoluciones cuestionables. Hace dos semanas, dicha Sala favoreció al exvocero del ejército, Walfre Orlando Estrada Girón con arresto domiciliario, pese a estar ligado a proceso por delitos relacionados al narcotráfico.

En 2017, Dubón recomendó no retirarle el antejuicio a Luis Rabbé, quien era presidente del Congreso, en 2017 por contrataciones irregulares. También resolvió a favor de mantener la inmunidad a Jimmy Morales, cuando era mandatario, por haber recibido un bono de Q50 mil del Ministerio de la Defensa.

Y en 2018, votó en contra de que se investigara al diputado Felipe Alejos, del partido TODOS, razón por la cual se le presentó una tacha en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones en 2019, en la cual figuraba como candidato.

Conocieron antejuicios contra jueces de Mayor Riesgo

Al despacho del magistrado Roaldo Isaías Chávez llegaron los expedientes de antejuicio contra los ahora exjueces de Mayor Riesgo, Érika Aifán y Miguel Ángel Gálvez. Chávez conoció el antejuicio de Aifán pese a ser parte de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, ente que la denunció, sin embargo, no se excusó de conocer su caso, como lo pidió la exjueza, sino que se separó temporalmente del cargo que ocupaba en el Instituto.

Chávez también fue el juez pesquisidor del antejuicio en contra de Miguel Ángel Gálvez, quien conoció varios casos de corrupción, crimen organizado y justicia transicional, entre ellos el de Diario Militar. Gálvez sí recusó al magistrado, señalándolo de tener vínculos con la Fundación contra el Terrorismo, organización que presentó el antejuicio en su contra.

Mantiene una amistad Raúl Falla, abogado de dicha Fundación, de quien fue compañero de promoción del magistrado Chávez en la Universidad Rafael Landívar, según la recusación presentada en su contra.

Sin embargo, él no se inhibió de conocer el antejuicio y tampoco permitió que la audiencia en la que iba a presentar sus pruebas de descargo fuera pública, razón por la que el Gálvez no asistió y las presentó por escrito.

En el caso del magistrado Galván, en 2021 conoció el antejuicio en contra Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, y recomendó a la CSJ retirarle la inmunidad al juzgador. Xitumul denunció que Galván no aceptó sus pruebas de descargo y presentó un recurso en su contra. A Galván también se le señala de tener cercanía con militares.

Los recursos de apelación

En la audiencia de este 25 de abril la defensa de la exfiscal va a presentar sus argumentos en contra de las apelaciones presentadas por el MP y la PGN. Laparra y su defensa también presentaron una apelación especial. Según las abogadas, tras esta audiencia, los magistrados podrían confirmar o modificar la sentencia de cuatro años de prisión.